El veterano magistrado Antonio Viejo, que fue elegido por sus compañeros como decano de los jueces de Madrid en 2014 y ocupó después un alto cargo en el Ministerio de Justicia bajo dirección de Dolores Delgado –durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez–, asumirá en las próximas semanas la investigación que el empresario Alberto González Amador aún tiene pendiente por delitos de corrupción en los negocios y administración desleal por sus negocios con Quirón.
Viejo, asociado a Francisco de Vitoria y con más de 35 años de carrera a su espalda, es un magistrado con fama de moderado y muy respetado en la carrera por su defensa de las condiciones de trabajo de los jueces de instrucción. Ha ganado por concurso –dada su antigüedad– el traslado al juzgado que hasta este verano ocupaba la jueza Inmaculada Iglesias. Para su llegada al nuevo destino únicamente está pendiente la resolución del citado concurso por parte de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que tiene previsto hacerlo en las próximas semanas según han señalado a EL PERIÓDICO fuentes de este órgano.
Como colofón a su carrera y antes de acceder a su retiro voluntario este veran, tras cumplir 65 años, la jueza Iglesias concluyó su investigación por fraude fiscal y falsedad contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, pendiente ahora de la resolución de varios recursos que tratan de evitar que se abra juicio oral por este asunto. También dio los primeros pasos en una segunda pieza técnicamente más compleja, que es la que trata de esclarecer si utilizó una sociedad interpuesta para ocultar ingresos procedentes de Quirón.
Curiosamente, la misma edad de la jueza Iglesias tiene Viejo, nacido en Madrid 1959, quien sí tiene interés en continuar su carrera judicial. Los jueces en España se jubilan de forma forzosa a los 70 años, aunque si lo solicitan pueden solicitar una prórroga y extender sus funciones hasta los 72. En dicha situación se encuentra Juan Carlos Peinado, instructor de la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, que pidió dicha prórroga y no abandonará su juzgado hasta dentro de un año.
Así, y una vez se solvente el trámite en el Consejo General del Poder Judicial, Viejo aterrizará en un órgano que además del asunto contra González Amador tiene pendientes otras causas de interés mediático como es el asesinato del hermano de la que fuera vicealcaldesa madrileña Begoña Villacís o también el del incendio en el que fallecieron tres ancianas en una residencia del barrio de Aravaca de la capital.
María Inmaculada Iglesias, en una foto de archivo. / EP
Sustituta temporal
Desde la jubilación de Iglesias el pasado julio y hasta que el nuevo titular tome posesión, las dos causas contra González Amador se encuentran temporalmente bajo la jurisdicción de la jueza de instrucción número 51, Carmen Rodríguez-Medel, que no ha adoptado ninguna decisión relevante sobre estos asuntos. Se trata de la misma jueza que sentó en el banquillo a la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, que resultó absuelta; y también la que imputó al delegado del Gobierno en Madrid -por entonces el socialista José Manuel Franco- por la organización de la marcha del 8-M el año de la pandemia por covid.
Informe de la UCO pendiente
Además de procesar al empresario González Amador por fraude a Hacienda, Iglesias tomó una importante decisión a principios del verano que condicionará los próximos pasos de su compañero Viejo en este asunto: encomendó a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) la elaboración de un informe sobre los posibles delitos de corrupción que puedan atribuirse al empresario en su actividad particular, en concreto por sus relaciones con la sociedad de servicios sanitarios Quirón.
Adoptó esta decisión tras escuchar como investigados en delitos de corrupción en los negocios y administración desleal al propio Alberto González Amador y también a Gloria Carrasco, esposa del presidente de Quirón Prevención SL, Fernando Camino, que negaron cualquier irregularidad en la compra por el primero a la segunda de la empresa Círculo Belleza SL, dedicada a productos de droguería, perfumería y cosmética por 499.836 euros.
Según la Fiscalía el precio era muy elevado para el valor real de la sociedad, mientras que González Amador explicó que pagó por la cartera de clientes de la misma y su potencial. Por eso centra sus sospechas en la transformación de Círculo de Belleza en Masterman & Whitaker Medical Supplie And Health Process Engineering S.L., al ver indicios de que podría tener como objetivo convertirla en una empresa pantalla para tratar de eludir sus obligaciones con Hacienda.
Hasta donde ha llegado Iglesias en este asunto, en función de los autos que ha venido dictando en los últimos meses, la investigación de esta pieza parte de la inspección realizada por la Agencia Tributaria que apuntó que la sociedad de la que es administrador único González Amador –Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medio Ambiente S.L.– registró un incremento de sus ingresos en coincidiendo con los años de la pandemia, “por la intermediación en una operación de venta de material sanitario (…)y por la percepción de cuantiosos ingresos facturados a su principal cliente Quirón Prevención SL. en 2021”.
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