En España, de forma general, las familias no pueden deducirse los gastos en sanidad privada: seguros, médicos, tratamientos, hospitalizaciones… nada. Sólo los autónomos pueden deducirse el seguro médico privado con un tope máximo anual y sólo en algunas comunidades se admiten otras deducciones, siempre con … límites muy específicos. Tampoco, por supuesto, pueden deducirse los costes de la educación privada: no son desgravables las matrículas, ni los costes de materiales y libros de texto. Igualmente, las actividades extraescolares, salvo excepciones en algunas comunidades muy concretas y limitadas, tampoco son desgravables. Mucho menos es deducible la inversión de enviar a un hijo a estudiar fuera, aunque sea a una universidad pública. El Estado no perdona un euro de los gastos académicos, de alojamiento, manutención, ni de ningún tipo, asociados a esa estancia en el extranjero.
Hablemos de cosas más perentorias. Las personas mayores. O sea, los padres de los que ya somos padres. En España, no es deducible en el IRPF ni el pago de cuidadores ni el de residencias, aunque ese apoyo pueda resultar imprescindible para las familias, bien porque los padres ancianos no puedan ya valerse completamente por sí mismos, bien porque los hijos adultos no puedan compatibilizar sus obligaciones laborales con la ayuda que aquéllos necesitan. Todas las personas con las que hablo que han pasado por esa situación coinciden: a partir de cierta edad, más vale ir ahorrando no ya para nuestra jubilación sino para los últimos años de la vida de nuestros padres. Incluso con las subvenciones o ayudas directas específicas para personas mayores con un grado de dependencia reconocido que otorgan algunas comunidades autónomas, se hace difícil llegar a fin de mes.
Más perentorio aún: los hijos. ¿Habrá algo más decisivo hoy para nuestro futuro que fomentar la natalidad? ¿Es sostenible el Estado del Bienestar en una sociedad como la española, que presenta una pirámide poblacional en la que los menores de 14 años son el 12% y los mayores de 65 son el 21%? Pues nada, las deducciones por familia numerosa existen, pero distan mucho de ser completas y ni siquiera lo más básico, que es la alimentación, es desgravable. Ni para las familias numerosas ni para nadie, tampoco para los jóvenes, son desgravables en el IRPF los gastos de la vivienda familiar (hipoteca, alquiler, suministros…), pues, con carácter general, la deducción por vivienda habitual desapareció en 2013 y la deducción por alquiler también se eliminó en 2015. De la conciliación de la vida laboral y personal se habla todo el tiempo, pero los gastos en hacerla posible tampoco son deducibles. Esos padres y madres a los que no les da la vida para hacer de comer, planchar la ropa, poder mantener la casa medio limpia y atender a los hijos, no tendrán más remedio que buscar ayuda afuera, sin esperanza alguna de poder descontarse un solo euro de sus impuestos.
La cultura se subvenciona en España (la que el gobernante de turno quiera), pero el gasto en cultura (el que el ciudadano quiera) no puede deducirse. A los jóvenes les dan un bono cultural cuando cumplen los dieciocho años, pero luego que se olviden: el Estado no les devolverá un euro de lo que gasten en libros, cine, conciertos y museos el resto de su vida. Tampoco les reintegrarán el dinero que gasten en suscripciones a periódicos y otros medios de comunicación, pues eso de mantenerse correctamente informado se ve que es esencial en democracia pero no tanto: en realidad los gobernantes prefieren ciudadanos poco leídos.
En definitiva, ni los gastos relacionados con el cuidado de los menores y de las personas mayores son, por lo general y salvo excepciones muy limitadas, desgravables en España para las familias, ni tampoco los relacionados con la sanidad y la educación privada, aunque supongan un ahorro importante para el erario público. Tampoco los gastos relacionados con la educación internacional, la cultura o la información, por mucho que puedan reportar beneficios sociales. Sin embargo, leo en este mismo periódico –atienda bien el lector- que la comunidad con renta neta más baja de España –Murcia- y la que le sigue después –Extremadura-, ambas por cierto gobernadas por el PP, ya aplican o están en trámites de aplicar deducciones fiscales por los gastos de veterinario.
Y por ahí sí que no paso. El Estado del Bienestar tambaleándose y unos iluminados inventando derechos y deducciones fiscales por tener mascotas, en lugar de por mantener y formar a los hijos o cuidar a los padres. Espero que al presidente de la tercera comunidad con menor renta neta de España, que es Andalucía, no se le ocurra imitar semejante ocurrencia. Porque a mí, con noticias así, lo que me entran son ganas de mandarlo todo al carajo y que contribuyan los perros a Hacienda. Vamos camino de la extinción. Tenemos lo que nos merecemos.
