Las redes eléctricas están de plena actualidad. El boom de las renovables, y la entrada de nuevas industrias que requieren más consumo de energía ha llevado a las empresas distribuidoras a poner de relieve una realidad: para que no haya un colapso en … la red se requiere de mayor aporte económico. Un dinero que llega, en gran medida, a través de la parte fija de la factura. Para compensar esa situación, desde el sector aseguran que una mayor inversión atraerá bajadas en el recibo de los consumidores y un impacto de 23.000 millones de euros para la economía española.
Así se pone de manifiesto en el informe ‘Conectando el futuro: Redes eléctricas para una España más competitiva‘ que han desarrollado Deloitte y Aelec, la patronal que vela por los intereses de Iberdrola, Endesa y EDP.
La principal conclusión es que la red eléctrica no puede limitarse a mantener o reponer activos, sino que debe expandirse y habilitar la electrificación del consumo energético. Para eso se requiere de mayor inversión.
La presentación de este documento surge en medio de la polémica tras conocerse que la tasa de retribución financiera calculada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no cumple las expectativas de las empresas eléctricas. Se trata del dinero que perciben por la inversión que realizan en infraestructura.
De esta forma, la patronal intenta armarse de argumentos para presionar a la CNMC para que eleve ese umbral por encima del 7% y, de esta forma, asemejarse a otros países europeos. En estos momentos se encuentra todavía en fase de tramitación, por lo que hay capacidad para introducir cambios. Unas modificaciones, además, que estiman desde Aelec que serán necesarias tras los nuevos planes de las redes que ha presentado el Ministerio para la Transición Ecológica.
Qué aporta la inversión
Según el informe, «el aumento de la generación renovable conectada a la red eléctrica disminuye el precio de la energía eléctrica en el mercado mayorista. Además, al expandirse la red y aumentar la demanda eléctrica, los costes fijos de la infraestructura se distribuyen entre un mayor número de usuarios». La conclusión que proponen es que la factura final de los consumidores sería menor.
Se trata de algo esencial porque tanto el Gobierno como la CNMC han tenido como único objetivo desde hace años que las inversiones en las redes no afectase al consumidor final.
El otro gran aval que presenta el documento para reforzar la idea de aumentar la inversión es que se generaría un impacto superior a los 23.000 millones para la economía española en el periodo 2026-30. De ellos, con una equivalencia al 1,5% del PIB actual, hasta 8.000 millones tendrían un impacto directo.
