Un año después de firmar con el PSC -y con el aval de La Moncloa- el controvertido documento político que facilitó la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat y que entre otras muchas cuestiones contemplaba la cesión a Cataluña de los … grandes impuestos del sistema fiscal, ERC ha iniciado este viernes el trámite para cobrarse en Madrid la factura de ese apoyo en Cataluña. A las doce horas justas de este viernes, la formación ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para cambiar de forma radical el actual marco regulatorio de la financiación autonómica y permitir que el Estado delegue en la Generalitat la gestión integral del Impuesto sobre la Renta (IRPF), desde la recaudación del impuesto a la comprobación de las deducciones, pasando por la asistencia informativa en la campaña de Renta y en última instancia el cobro de los impagos en vía ejecutiva.
La iniciativa plantea una reestructuración mayor de la actual arquitectura de la financiación autonómica, que requiere la modificación de hasta tres leyes no precisamente menores: la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, de 1980, para permitir la cesión por delegación de la aplicación del IRPF a la Generalitat; la ley por la que se regula el sistema de financiación autonómica de las comunidades autónomas de régimen común, de 2009, para añadir el IRPF a la lista de impuestos cedidos a las CC.AA. bajo el mismo régimen que los de Patrimonio o Sucesiones y Donaciones; y la ley de cesión de tributos a Cataluña, de 2010, para transponer esta nueva distribución del sistema tributario al caso catalán.
La propuesta de ERC busca, básicamente, que el Gobierno de España respalde la habilitación legal para que la Generalitat pueda gestionar de forma integral el IRPF, algo que bajo la legislación actual no es posible; pero también que se comprometa con un calendario para esa cesión. Hasta ahora esos tiempos solo figuraban en un documento político. Esquerra quiere que estén negro sobre blanco en una ley.
Entre las exigencias de los republicanos figura que el Gobierno se comprometa a resolver todos estos cambios legales en el transcurso de 2026 y que una vez sustanciado ese se comprometa a ceder a la Generalitat, también a lo largo del año que viene, «los medios personales, materiales, presupuestarios y tecnológicos precisos para la efectividad de la delegación en las diferentes fases previstas». En otras palabras, que Hacienda tiene que comprometerse a transferir a la Generalitat la plantilla y los recursos económicos que sean necesarios para hacer efectiva la asunción del IRPF por parte de la Generalitat, y además darle acceso a las bases de datos a la Agencia Tributaria en tanto el gobierno catalán desarrolle el sistema informático propio para desarrollar todo esto.
Los republicanos aspiran a esquivar de este modo uno de los principales problemas operativos que el gobierno de Illa ya había detectado a la hora de cumplir con lo firmado con ERC: la falta de recursos de la Hacienda catalana para asumir en el calendario fijado en el acuerdo político toda la gestión del IRPF, que es el mayor impuesto del sistema fiscal español y cuya gestión es de una complejidad extraordinaria.
