El órgano de asesoramiento técnico llamado a evaluar y orientar las iniciativas en materia de vivienda que se lancen desde el Gobierno de España para impulsar la configuración de un parque inmobiliario accesible y garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una vivienda … estará claramente dominado por asociaciones y plataformas de la sociedad civil dedicadas a la defensa del derecho a una vivienda y a la promoción de la gestión pública, y tendrá una presencia casi marginal de representantes del sector financiero y de la industria inmobiliaria, aquellos que se ocupan de financiar, promover y construir la inmensa mayoría de las viviendas que se edifican en España.
El Ministerio de Vivienda ha optado por que el futuro Consejo Asesor de la Vivienda, cuya creación era un compromiso adquirido en la ley de Vivienda aprobada en mayo de 2023, tenga una configuración mucho más sesgada hacia su vertiente social que hacia el ámbito industrial o incluso académico, según se refleja en la composición que se incluye en la orden ministerial que regula las atribuciones y funcionamiento de este órgano publicada ayer en el BOE.
Aunque la orden no regula un número máximo de componentes del consejo, la configuración prevista apunta a 26 asientos, de los que nada menos que ocho se reservarán para «representantes de las entidades del tercer sector y organizaciones sin ánimo de lucro de ámbito estatal más representativas cuyo objeto esté relacionado con el derecho a la vivienda o con la promoción y gestión pública de vivienda» y otros dos a las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal, UGT y CC.OO., lo que asegura una decena de voces a la bancada social del consejo.
La orden ministerial reserva un único asiento en el consejo al sector financiero, a ocupar por un representante de sus asociaciones más representativas; y apenas dos para la bancada empresarial, en la que se engloban los promotores, los constructores o las agencias inmobiliarias, es decir, los actores clave del sector.
El conjunto de la industria inmobiliaria tendrá la misma representación en este órgano, de carácter consultivo y cuyas informes y recomendaciones no serán vinculantes, que las asociaciones representativas de la propiedad urbana, cámaras de propietarios o comunidades de vecinos.
La estructura ideada por el Ministerio para el Consejo Asesor de Vivienda también da más representación a los colegios profesionales implicados en el mercado inmobiliario (cinco representantes) que al tejido empresarial y se completará con la presencia de seis personalidades del ámbito académico «expertos de reconocido prestigio en el ámbito de la vivienda, así como del ámbito universitario y de la investigación».
Fuentes del Ministerio de Vivienda rechazan que la composición del consejo esté desequilibrada a favor del componente más social del asunto, respecto al ámbito más económico o industrial. «Este Ministerio tiene una excelente relación con todos los agentes del sector. Aún no se conocen los nombres de los representantes que formarán parte de ese consejo, cuando se conozcan se verá que tiene una composición equilibrada».
Un consejo «poco serio»
Sin embargo, varias fuentes del sector consultadas por ABC coinciden en señalar que la composición escogida para el Consejo Asesor de Vivienda ya cuestiona su credibilidad y utilidad futura antes incluso de que eche a andar.
«Va a ser muy complicado que salga alguna propuesta útil o algún debate de interés de un órgano que va a tener una representación tan importante de plataformas y asociaciones que en algunos casos se dedican más a la agitación que a la búsqueda de soluciones a los problemas», asegura una fuente del ámbito empresarial.
Y sin embargo Vivienda tiene grandes planes para este consejo asesor, al menos sobre el papel. Aspira a que se convierta en «un espacio de reflexión y diálogo de carácter técnico», a que ayude a detectar medidas de simplificación y racionalización que consigan armonizar las regulaciones de vivienda de toda España y a que proponga medidas «para asegurar la existencia de un parque adecuado y suficiente de vivienda en alquiler, compra o régimen de cesión en uso, tanto público como privado».
Un profesional de la consultoría inmobiliaria comparte con ABC sus dudas de que todos estos objetivos puedan ser factibles «si tienes que debatirlos o confrontarlos con el Consejo de la Juventud, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o el Sindicato de Inquilinos», organizaciones a las que se atribuye una agenda muy marcada.
La orden ministerial no menciona de manera expresa a ninguna de estas organizaciones, si bien sí podrían tener el marchamo de organizaciones más representativas en la defensa del derecho a la vivienda, aunque se trata de una realidad jurídica difusa. Su nombramiento dependerá en todo caso de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
