Un comunicado de la Corte Constitucional (CC), publicado el viernes 19, informa que admitió a trámite cinco acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra del Decreto Ejecutivo Número 148 del presidente Daniel Noboa, con el que convocaba a una consulta popular previo a instalar una … Asamblea Constituyente, sin el control previo de constitucionalidad, dejó en suspenso el llamado del Ejecutivo a las urnas.
Esa medida de la Corte evitó que el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), que tenía previsto reunirse la mañana del sábado para declarar que se iniciaba un proceso electoral para un referéndum anunciado tiempo atrás, para temas específicos, conociese el Decreto Ejecutivo 148, por lo que el llamado de Noboa a Asamblea Constituyente está en suspenso.
La decisión de la Corte Constitucional puso algo se serenidad en el país que el viernes vivió una jornada de sobresaltos que llegó al clímax cuando se supo que la Policía, por la noche, había desalojado a los jueces y funcionarios del alto tribunal, por una supuesta amenaza de bomba, que resultó ser falsa. «Rechazamos toda forma de intimidación», dijo la Corte en su comunicado.
Las cinco demandas de inconstitucionalidad fueron presentadas, con apremio, por una veintena de abogados, incluidos exjueces de la Corte como Ramiro Ávila y Agustín Grijalva, y el excandidato presidencial y exministro de Gobierno, Henry Cucalón, luego de la convocatoria de Noboa alrededor del mediodía; de no haber planteado el CNE habría tramitado el pedido del Ejecutivo, pero fue alertado de la admisión de cinco demandas.
Oferta de Noboa
La Constituyente fue una oferta de campaña de Daniel Noboa al considerar la única forma de cambiar la Constitución en vigencia que impide la gobernabilidad; pero tras conseguir en las urnas amplia mayoría en la Asamblea Nacional (Congreso) prefirió hacer los cambios mediante leyes que las envió con el carácter de económico urgentes y todas fueron aprobadas, pero no pasaron el control de constitucionalidad, porque buena parte de los cambios necesitaban otros mecanismos legales para ser reformadas.
Por su negativa, Corte Constitucional ha sido convertida en blanco de las críticas del Ejecutivo que la acusa de «activismo político». La discrepancia con la Corte Constitucional llevó a Noboa a protagonizar dos marchas en su contra; la primera en Quito, durante la cual se exhibió pancartas con el rostro de los jueces constitucionales, que le merecieron llamados de atención y alertas de organizaciones internacionales de derechos humanos; después hizo una nueva marcha en Guayaquil, que la llamaron «marcha por la paz», pero en su intervención Noboa se lanzó contra la Corte.
Días después, el presidente Noboa convocó a una consulta popular con preguntas sobre diferentes temas, pero la Corte devolvió algunas preguntas para que las reformulara y se ajustaran a lo que dice la Constitución. Fue otro momento de tensión entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, pero Noboa reformuló las preguntas y envió a la Corte. Ese trámite se cumplía cuando, de manera imprevista, llegó el anuncio de ir a una Constituyente, que implica un largo camino ya que primero el pueblo debe responder afirmativamente en las urnas, aceptando la propuesta presidencial; de ser ese el caso, el CNE convocará luego a las urnas para que se elija a los asambleístas constituyentes que redactarán la nueva Carta Magna que, cuando esté concluida deberá también ser aprobada en las urnas.
Todo se alteró cuando la intención de Noboa se convirtió en realidad y convocó a una Constituyente con un Decreto que envió, de manera directa al CNE, saltándose el control constitucional, lo que le mereció demandas de inconstitucionalidad que, al ser admitidas, dejó su iniciativa en suspenso.
Referéndum, el 16 de noviembre
Ayer, los ecuatorianos fueron convocados a las urnas el 16 de noviembre próximo para un referéndum en el que deberá confirmar la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional, que ya fue aprobado en consulta popular, el año pasado, y después aprobado por la Asamblea Nacional (Congreso), pero requiere ser ratificado por el pueblo, siguiendo el trámite que ordena la Constitución.
Este sábado, el CNE también dio paso a la pregunta que busca eliminar la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, propuesta por Daniel Noboa y aprobado por la Asamblea Nacional; pero al tratarse de una reforma parcial a la Constitución, debe ser ratificado en las urnas y eso se hará el 16 de noviembre.
Todo esto ocurre mientras Ecuador vive un paro nacional de los movimientos indígenas, que rechazan la eliminación del subsidio al diésel, y varias provincias del país han sido declaradas bajo estado de excepción, por 60 días, para evitar el bloqueo de vías y disturbios callejeros.
