El pasado mes de abril, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible publicaba en el Boletín Oficial del Estado el anuncio del trámite de información pública del anteproyecto de prestación del servicio público de transporte regular de viajeros de uso general por carretera entre Madrid y Valencia: es decir, la concesión del servicio de autobús del Corredor 12 del nuevo mapa concesional, que plantea una reducción de precios del 11,7%, lo que se traduce en que el precio se sitúe alrededor de los 0,71 euros por viajero y kilómetro.
La iniciativa #ViajaMásEnAutobús, un movimiento social que engloba a diferentes entidades ciudadanas y empresariales relacionadas con el sector y que aboga por un sistema de transporte “más accesible, eficiente y sostenible”, ha analizado el contexto en el que se presenta este documento por medio de expertos a través de la información disponible.
Tal y como explican, el actual modelo de viajes en autobús es criticado tanto por las pymes como por los usuarios, que han impulsado una iniciativa que ha recogido 40.000 firmas a través de la plataforma Change.org para instar al Ministerio a que implemente cambios. La presidenta de Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Cani Fernández, defendió en el Congreso de los Diputados cómo los ciudadanos, y especialmente los más vulnerables, saldrían ganando con una transformación del sistema de viajes en autobús, como se ha hecho con el tren, donde se ha liberalizado la oferta; y la Unión Europea ha advertido a España ante posibles sanciones ante la falta de competencia.
Concesiones a grandes empresas
España es uno de los pocos países europeos en los que todavía funcionan las concesiones a grandes empresas para el servicio de viajes por carretera en autobús, al contrario de lo que ha sucedido con la alta velocidad ferroviaria, donde empresas como Iryo o Ouigo compiten con el AVE de Renfe. Este sistema, advierte la iniciativa ‘Viaja más en autobús, “ahoga a las pymes e impide que los precios sean razonables; por eso somos de los países que paga los billetes más caros”. De este modo, prosiguen, no se puede competir con el tren y el trayecto entre València y la capital de España “está teniendo problemas para seguir adelante”.
Sin ir más lejos, el contrato de la línea de autobús entre Badajoz, Madrid y Valencia quedó desierto el pasado mes de enero tras no presentarse ninguna empresa. La licitación se produjo después de que Avanza Bus rechazara seguir explotándola (esta compañía ya había renunciado anteriormente a mantener las líneas Ayamonte (Huelva) – Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) y Madrid-Salamanca-Vigo.
La plataforma propone que se abra el mercado en determinadas zonas para tener unas conexiones “realmente competitivas” y poder lograr “reducciones de precio sustantivas, especialmente para los colectivos más vulnerables”. En cuanto a las zonas menos rentables para las empresas del sector, abogan por la utilización de dinero público para garantizar la cobertura del servicio y “cohesionar el territorio”.
Tarifas poco competitivas
Según los estudios de Javier Asensio, profesor titular de Economía Aplicada en la Universitat Autònoma de Barcelona, la “supuesta reducción” de precios del 11,7% deja una tarifa “superior al precio mínimo que venía pagándose con el sistema actual”. Es decir, “el Ministerio propone que en vez de pagar 46-62 euros por hacer el trayecto Madrid-Valencia en autobús, la ciudadanía pague 40-50 euros, por un viaje que además supone cuatro horas”. La plataforma considera que esta medida “no es coherente, teniendo en cuenta las demandas de la sociedad en su conjunto y habiendo un sistema de viajes en tren que, gracias a la competencia, ahora tiene billetes desde 17 euros por hacer el trayecto en menos de dos horas”.
El anteproyecto además indica que esa tarifa subirá vía inflación en los próximos años, por lo que se estima que devolverán las tarifas de aquí a 2035 estén de nuevo cerca de 50 euros por trayecto.
En el anteproyecto, alertan, tampoco se tienen en cuenta modelos de subvención o descuentos: “Se garantiza la rentabilidad de las grandes empresas que ahora operan de forma exclusiva y, sobre eso, se le alimenta con ingresos extra por descuentos que, en su gran mayoría, suponen abaratar justo los trayectos que, de abrirse a la competencia, serían más baratos”. En lugar de eso, prosiguen, el Ministerio “ha disparado casi un 35% las tarifas en comparación con el contrato de la Madrid-Valencia-Badajoz, que quedó desierta en 2024, decisión que consideramos es para contentar a los operadores e intentar que no se le quede desierto”.
El problema radica en que el sistema actual de transporte en autobús mantiene un “diseño obsoleto”, “ineficiente”, “no planificado y heterogéneo”, que “no responde al reparto competencial” y que sufre de “inestabilidad jurídica”.
104.600 viajeros
El anteproyecto presentado por el Ministerio de Transportes justifica la necesidad del contrato de concesión por la alta demanda de movilidad entre la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana, hasta nueve millones de viajeros anuales. En este sentido, la movilidad de viajeros en autobús entre las provincias de Madrid y Valencia se sitúa en 104.600, según las cifras que se recogen en el documento, aunque cada año son menos los usuarios que utilizan este servicio, según ‘Viajar más en bus’.
El contrato de la línea de autobús entre Badajoz, Madrid y Valencia queda desierto tras no presentarse ninguna empresa
Desde la alianza insisten en la importancia de contar con un sistema de viajes en autobús que tenga más capacidad: “Tenemos una oportunidad de cambiar esta realidad con la Ley de Movilidad Sostenible en tramitación; no podemos seguir siendo uno los países con los precios más altos de Europa para viajar en autobús; un sistema con menos usuarios cada año y un modelo concesional que apenas ha cambiado en décadas”.
