Un joven con empleo estable en Madrid debe dedicar más del 60% de su sueldo al alquiler. No hablamos de precariedad, sino de trabajadores que cotizan, consumen, forman parte del engranaje económico… pero no pueden vivir donde producen valor. Esta anomalía no es solo … un drama social. Es también un freno estructural al crecimiento, a la movilidad laboral, a la productividad y, en última instancia, a la estabilidad de nuestras democracias. Durante años, España ha abordado la política pública de vivienda con una visión equivocada: la promoción de pisos para la venta. Un modelo que desde el desarrollismo franquista ha generado un trasvase colosal de riqueza pública a manos privadas. Más del 80% de esas viviendas acabaron en el mercado libre, generando plusvalías privadas en lugar de consolidar un parque estructural de vivienda accesible. Frente a esa política de redistribución del pasado, la alternativa con eficacia comprobada es la creación sostenida de alquiler social.
Hoy, el parque público español representa apenas el 2,5% del total, frente al 9% de media en la UE. Esa carencia está detrás de la hipertrofia de los precios del alquiler, la expulsión de residentes de sus barrios y el retraso crónico en la emancipación juvenil. Las normas represivas del Estado lo único que consiguen es que más pisos se inscriban en Airbnb o prefieran salir del mercado, en vez de crear un ‘alquiler social incentivado’ que les resultara igual de seguro y atractivo. Los controles de precios, ya se sabía, terminan por retraer la oferta o degradar el parque existente.
Además, esta crisis afecta ya al corazón del funcionamiento económico. Las empresas tienen dificultades para contratar en las grandes ciudades porque sus salarios no alcanzan para vivir en ellas. La falta de movilidad interregional, favorecida por el desarrollo del estado autonómico, resta eficiencia al mercado laboral. La presión sobre los sueldos alimenta tensiones inflacionistas persistentes. La desigualdad se territorializa, creando barrios cerrados por renta.
El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 habla de ampliar el parque social. Es un mero enunciado, dependiente de las comunidades autónomas y sin blindaje jurídico suficiente. Si no se apuesta de forma decidida por la construcción y gestión de vivienda para alquiler social, España seguirá atrapada en un bucle de emergencia habitacional crónica. Pero nadie parece dispuesto a comprometerse con esta política, pese a que hay buenos ejemplos, como las promotoras sin fines de lucro de Viena. Se mantiene, en cambio, una ambigüedad especulativa por parte del mismo poder político que no hace más que recalentar la demanda con sus medidas de urgencia.
Invertir en alquiler social es lo mínimo que se puede hacer para ayudar a las nuevas generaciones a acceder a una vivienda. No se trata de intervenir el mercado, sino de corregir un fallo estructural. Porque sin acceso a la vivienda, no hay crecimiento, ni estabilidad social, ni país posible. jmuller@abc.es
