La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) cuestionó este domingo el anteproyecto de Ley Orgánica de Competencias que reforma el Sistema General de Participaciones, el cual fue elaborado por el Gobierno. En un comunicado de prensa advirtió que tras revisar el texto concluyen que carece de una verdadera delimitación de competencias y no garantiza recursos suficientes.
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“Asocapitales considera que una apuesta real por la descentralización y autonomía territorial requiere de una verdadera reforma que garantice los recursos suficientes para ejercer competencias que realmente estén bien delimitadas. Lo contrario significaría profundizar las desigualdades, debilitar aún más la capacidad de gestión local, y condenar a las capitales –donde se alberga la gran mayoría de colombianos– a asumir nuevas obligaciones sin respaldo financiero suficiente”, dicen desde Asocapitales.
Esta Ley de Competencias es indispensable para que entre a regir la reforma constitucional del sistema general de participaciones (SGP) que se aprobó en diciembre y que determinó que desde 2027, y por un periodo de 12 años, se realizará un incremento paulatino para que el dinero que se usa para asuntos de educación, salud y saneamiento básico pase de ser el 28,5 por ciento de los dineros corrientes de la nación al 39,5.
Juan Fernando Cristo en el debate del Sistema General de Participaciones. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO
El proyecto de ley tiene en total 176 páginas, sin incluir la exposición de motivos, y 201 artículos. Más allá de lo extenso del texto, la propuesta promete ser una de las mayores reformas del aparato estatal colombiano desde la Constitución de 1991.
La propuesta entra a definir cómo será el proceso de entrega de competencias y cómo se repartirán los recursos que provengan del SGP, siempre bajo la consigna del cierre de brechas. En el borrador queda claro que las competencias se ejercerán “por el nivel de gobierno más próximo a la ciudadanía”.
Es decir, en el nivel municipal quedará propiamente la prestación del servicio; en el nivel departamental, la articulación regional y la cooperación técnica; y en el nivel nacional, la formulación de la política y la vigilancia, con los sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación. Como se entra a disponer de mayores recursos en los niveles locales, se recalca en el proyecto el seguimiento y vigilancia de la ejecución.
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Los reparos
Las capitales también llamaron la atención sobre el contexto en el que se pretende impulsar el proyecto. “Resaltamos lo inoportuno de su trámite en un momento tan coyuntural como el que vive el país”, advirtieron, y señalaron que solo conocieron el articulado el pasado 5 de septiembre sin exposición de motivos y con poco tiempo para un análisis detallado.
Según el pronunciamiento, el texto no representa una reforma integral del Estado, pues no delimita competencias claras entre la Nación y los entes territoriales, lo que a su juicio genera vacíos que desembocan en inseguridad jurídica y administrativa. Como ejemplo mencionan la indefinición sobre las competencias de los 11 distritos del país, siete de ellos ciudades capitales, así como la falta de claridad frente a asuntos sensibles como el sistema carcelario y la alimentación de la población privada de la libertad.
Asocapitales representa a las ciudades capitales del país. Foto: Alcaldía de Bogotá
“No se describe cómo se distribuirán los recursos para cubrir ni las actuales responsabilidades, ni las adicionales que tanto el Acto Legislativo 003 de 2024 como el mismo texto del Proyecto de Ley, imponen a las ciudades. Más aún al ampliarse la distribución a nuevos actores, como es el caso de los tres años adicionales para preescolar o los dos años de educación superior”, añaden.
De igual manera, rechazan la creación de instancias de coordinación como el Consejo Superior de Autonomía y Descentralización, que, afirman, estaría integrado únicamente por entidades nacionales y sin representación territorial. “Se burocratiza aún más la toma de decisiones que corresponden a los territorios”, advierten.
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El comunicado también señala que el texto delega decisiones esenciales a futuras reglamentaciones, lo que denominan un “cheque en blanco sin control ni garantías”. Además, consideran que desconoce el papel que han tenido las capitales en la reducción de brechas sociales y económicas.
Finalmente, alertan que la reforma incluye disposiciones que ya fueron debatidas y definidas en el Congreso, lo que a su juicio desconoce los consensos alcanzados.
“Asocapitales reitera su disposición para discutir abiertamente los cambios que requiere el texto. Sin embargo, advertimos que, si los espacios de discusión técnica con el Gobierno Nacional resultan insuficientes y los elementos aquí señalados son trasladados al Congreso sin ser resueltos, recurriremos a todos los mecanismos disponibles para incidir positivamente en una redacción que responda a las verdaderas necesidades de los territorios, las ciudades y su población”, concluye el pronunciamiento.
CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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