A la impunidad ya denunciada de los acuerdos de paz con las Farc, acuerdos que fueron rechazados totalmente por el pueblo colombiano en el plebiscito de 2016, se suman ahora la tardanza y la benevolencia de la primera “condena” de la JEP contra los principales jefes de esa banda criminal. Esta “condena” no implicó a los miles de planificadores y ejecutores de más de 21.000 secuestros, además de millares y millares de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos en el curso de esos secuestros, como homicidios, violencia sexual, tortura, trabajos forzosos, esclavitud, desplazamientos forzosos, y la desaparición forzosa de más de dos mil secuestrados que nunca regresaron y que posiblemente fueron asesinados. Los nueve miembros del secretariado jamás confesaron sus delitos, solo reconocieron su “responsabilidad” en general, y todos tan contentos.
Lo irrisorio, tardío y ridículo de las “sanciones” ha echado más sal a las heridas abiertas de las víctimas y ha vuelto a irritar a la mayoría de los colombianos que rechazaron en las urnas la impunidad que veían venir y que ahora se hace dolorosamente realidad. Parafraseando a Churchill, diríamos que nunca tantos se habían visto tan humillados y agraviados por la indolencia de tan pocos, es decir, de los gestores de esos acuerdos de paz y de sus ejecutores en la JEP.
Siempre sostuvimos que esos acuerdos eran un traje confeccionado a la medida de las Farc. Ahora también es evidente que las “sanciones” son un menú a la carta en el que los “sancionados” acuerdan con los jueces el cuándo, el cómo y el dónde de sus “sanciones”. El cuándo, porque es muy diciente que la JEP profiera su primera “sentencia” precisamente ad portas de que los miembros de las Farc terminen su paso gratis de ocho años por el Congreso, y no antes. Solo hay que recordar que hace diez años la Fiscalía aportó a la justicia toda la información sobre los secuestros de las Farc, y que no obstante contar con toda esta información la JEP se demoró siete años en proferir su “sentencia”, seguramente para no incomodar la estéril labor legislativa de los congresistas de las Farc.
Pero después de la impunidad, de la humillación a las víctimas, y de la ofensa a los colombianos, lo peor es el mal ejemplo.
El cómo, porque, para empezar, no se les exigió a los miembros del secretariado de las Farc el requisito previo para no ir a la cárcel, que era contar toda la verdad de sus crímenes y reparar a las víctimas con los ingentes recursos obtenidos con su actividad criminal. Las víctimas se quedaron sin saber, por ejemplo, quiénes fueron los cómplices del secuestro y asesinato masivo de los diputados del Valle; o el papel de Piedad Córdoba en la no liberación de ciertos secuestrados; o la incidencia de políticos afectos a las Farc en esta actividad criminal; o la realidad de la ‘Farcpolítica’. Los centenares de miles de millones de pesos del botín de las Farc nunca se entregaron; ni siquiera devolvieron las tierras usurpadas a los secuestrados. Y las sanciones por semejante cúmulo de crímenes horrendos se limitarán a la siembra de algunas lechugas y a algún mapeo torpe de cualquier campo minado. Eso es suficiente, faltaría más.
Y el dónde, aunque parece que aún no se han puesto de acuerdo los criminales con sus jueces sobre los lugares y su extensión donde tendrán que localizarse. Eso sí, para el control de su permanencia en esos sitios, nada de brazaletes electrónicos ni de elementos invasivos de su intimidad; tal vez relojes con GPS que puedan dejar en el sitio mientras se dan alguna vueltita por ahí, y nada más.
Pero después de la impunidad, de la humillación a las víctimas, y de la ofensa a los colombianos, lo peor es el mal ejemplo. La injusticia de los acuerdos de paz de La Habana y la benevolencia de la JEP con las Farc han colocado muy alta la vara de la impunidad. En adelante, la decena de grupos criminales que hoy existen –y los que vengan después– la tendrán como punto de referencia en sus negociaciones con el Estado. No hubo justicia, no hubo verdad, no hubo reparación y, con la reciente multiplicación de los frentes de las Farc, solo hubo repetición. La necesidad de un Estado fuerte y temible para los criminales es hoy, más que nunca, imperiosa.
