El Partido Popular (PP) logró el 23 de julio de 2023 una amarga victoria en las elecciones generales celebradas aquel día de hace dos veranos, pues aunque fue la formación más votada por los españoles, como repite sin cesar Alberto Núñez Feijóo, no logró impedir que Pedro Sánchez aglutinase de nuevo una mayoría parlamentaria para mantenerse en La Moncloa. Esa victoria en las urnas incluyó una mayoría absoluta en el Senado que el primer partido de la oposición no ha dejado de tratar de maximizar desde entonces, y que ahora, cruzado el ecuador de la legislatura, vuelve a activar. En primer lugar reclamando a Sánchez que cumpla con su comparecencia mensual en la sesión de control, establecida este mismo año en una reforma del reglamento, y que ya en septiembre ha incumplido, tras celebrarse este martes la última sesión del primer mes del curso político. Y en segundo lugar denunciando el bloqueo del Congreso a las iniciativas que los populares impulsan a través del Senado.
Feijóo se presentó este martes en unas jornadas en la Cámara alta organizadas por el Grupo Popular bajo el título ‘Iniciativa Legislativa del Senado’ y lanzó una apuesta de calado contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Si continúa el “bloqueo sistemático” de las leyes impulsadas por el PP desde el Senado, actuarán con “contundencia” contra ellos, a título individual, al considerar que “incurren sistemáticamente en un fraude de ley“.
Y todo porque según el líder de la oposición el Congreso estaría “hurtándole al Senado la facultad de legislar por orden del Gobierno. Y ante esta situación es evidente que no vamos a cruzarnos de brazos”. Traducido: hay hasta 31 iniciativas legislativas impulsadas por los populares en el Senado que la mayoría de izquierdas en la Mesa del Congreso bloquea en la fase de enmiendas, donde quedan empantanadas. Y aproximadamente la mitad de las mismas, 17 en concreto según cifró Feijóo, tendrían visos de prosperar, pues en el Congreso surgido de las urnas en 2023 no hay, en términos estrictamente ideológicos, una mayoría de izquierdas. Así ha quedado de manifiesto recientemente en votaciones de calado como la del debate de totalidad sobre la reducción de la jornada laboral, una norma que tumbaron los votos de PP, Vox y Junts per Catalunya. Una mayoría contra natura cuando se trata de ponerse de acuerdo para una investidura, o en otro tipo de cuestiones, pero relativamente homogénea en materias relativas a la economía o a la fiscalidad. Y eso sin incluir en ella, lo que no sería extemporáneo, al PNV.
Leyes “metidas en un cajón”
Feijóo se quedó en el terreno de la advertencia a Armengol, sin dar un paso más allá, pero los populares sí que van a acudir al Tribunal Constitucional (TC), donde impulsarán un nuevo conflicto de atribuciones. “Sánchez no es nadie para hacer que las leyes que tienen el respaldo de la mayoría se metan en un cajón”, sintetizó el líder de los populares ante su grupo parlamentario.
Sin embargo, y más allá del ruido, los precedentes no son excesivamente halagüeños para el PP. Ya van cinco conflictos de atribuciones entre ambas cámaras. Los dos más sonados el de la tramitación de la ley de amnistía, que terminó decayendo, y el de la ley que benefició a los presos de ETA, levantando una gran polvareda, y que los populares aseguraron haber vetado en el Senado, pese a que no registraron en plazo el veto a la norma.
De fondo, existe un conflicto cuasi filosófico entre Gobierno y oposición acerca de dónde reside realmente, o con mayor legitimidad, la soberanía nacional. Unas palabras al respecto del ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en las que afirmó que el Senado representa a “los territorios”, pero que “la soberanía nacional reside en el Congreso” le valió, precisamente, la reprobación de la Cámara alta en abril de 2024, en una votación donde obviamente el PP hizo valer su mayoría.
Además de la advertencia a Armengol, los populares no pierden de vista al propio Sánchez por su ausencia reiterada, desde hace un año y medio ya, a la sesión de control en el Senado, que la reforma del reglamento realizada hace unos meses obliga a que sea mensual. La semana pasada la senadora y portavoz de los populares, Alicia García, remitió una carta al jefe del Ejecutivo en la que le reclamaba que cumpliera con esa obligación y asistiera a la sesión de control celebrada este martes, último día de septiembre. La incomparecencia de Sánchez podría llevar a nuevas iniciativas del PP, según fuentes del partido, para hacer valer el papel de la Cámara alta, que consideran ninguneada por el presidente y todo su Gobierno.
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