Todos los veranos sucede lo mismo: las embarcaciones que tratan de llegar a los archipiélagos aumentan considerablemente en comparación con el resto del año. En ese sentido, Canarias se encuentra en el foco de la situación en la que, además, el reparto de menores juega un papel crucial en la disputa entre el Gobierno de Pedro Sánchez y las comunidades autónomas —generalmente gobernadas por el Partido Popular—. La Ruta Atlántica, conocida por ser uno de los caminos más mortales para aquellos que tratan de huir del hambre y la pobreza en busca de un futuro mejor llegando a las costas canarias, ha resonado a lo largo de todo el continente europeo. Sin embargo, otra ruta está siendo protagonista, en este caso en el Mediterráneo, cuyo flujo migratorio está aumentando considerablemente en las últimas semanas.
Según el informe quincenal del Ministerio del Interior, titulado Inmigración Irregular de 2025, la migración habría descendido este año un 24%. Pese a ello, en el archipiélago balear ha aumentado un 77%, una cifra que destaca por lo inédito en las islas del Mediterráneo que provoca que su situación y saturación se esté aproximando cada vez más a la de Canarias. La ruta balear ha empezado a cobrar ese protagonismo debido al crecimiento del flujo proveniente de Argelia, uno de los puntos clave del origen de la migración que afecta tanto al ámbito mediterráneo como al atlántico. La ruta canaria, pese a seguir siendo recurrente en dichos flujos, ha reducido su concurrencia por el alto riesgo que supone atravesar sus aguas.
Las embarcaciones que utilizan desde el país africano contienen potentes motores que garantizan la considerable velocidad para llegar a las costas. Dependiendo de las zonas, estos costes pueden variar desde los 1.500 euros en las zonas más próximas a Argel, hasta los 7.000 euros en otros puntos del país. El precio más barato, destinado a Baleares, parece imponerse, lo que explica parte del incremento de la migración irregular en las islas.
Dado el incremento sin precedentes de este año, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió con Marga Prohens, presidenta del Govern del archipiélago, para tratar el aumento del flujo migratorio. “Una de las cuestiones que he tratado con la presidenta de Baleares es que haremos un esfuerzo diplomático con aquellos países de origen y de tránsito y frenar en origen esa migración irregular. Ese es el compromiso que he asumido con la presidenta”, aseguraba a finales de julio el líder del Ejecutivo. El gobierno balear, en ese sentido y por incremento de migrantes que están llegando a sus costas, renunció a la acogida de más menores provenientes de Canarias a principios de verano.
“La señora Prohens debería comprender que ha de colaborar con la situación de Canarias, Ceuta y Melilla y ser muy consciente de que lo que niega ahora a Canarias es posible que quiera reclamarlo para Baleares dentro de unos meses”, advertía el pasado mes de julio el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, que apuntaba en ese sentido a que el archipiélago balear estaba “muy próximo a entrar en la contingencia” y podría pedir también el reparto de los menores acogidos. La situación entre los diferentes puntos críticos migratorios llega al inicio del curso político en una nueva encrucijada para las comunidades autónomas en uno de sus tantos frentes abiertos con el Ejecutivo.
Patera en una costa española.
El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó el real decreto para la protección y tutela de los menores migrantes. En otras palabras y en boca de la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría: “un paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante”. Marca la capacidad ordinaria de las comunidades autónomas, es decir, un total de 32 menores por cada 100.000 habitantes y que exime a Cataluña y País Vasco porque, según señala el Ejecutivo, “ya habrían cumplido con creces la proporción” que se está poniendo encima de la mesa.
Sin embargo, el gobierno insular del Mediterráneo ha puesto el grito en el cielo denunciando que “no pueden asumir la situación dadas sus circunstancias”. “Nuestra voluntad es seguir siendo una comunidad solidaria, pero esta no puede ejercerse a costa de poner en riesgo el interés superior de los menores que ya atendemos ni de desbordar un sistema que ha alcanzado su límite”, aseguraba la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, en una carta dirigida a la Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, poco después de que el Consejo de Ministros anunciara el real decreto. “Esta situación ha tensionado al límite nuestro sistema, obligándonos a multiplicar recursos humanos, económicos y residenciales”, afirma en el manuscrito.
Además, la consellera balear pone encima de la mesa datos que el propio ministerio de Rego expone. El departamento insular de Infancia atiende a 682 menores migrantes no acompañados, cuatro veces más que en el año 2022, lo que supone, a juicio de la institución, que el cuidado de los menores sea mucho más deficiente a causa del incremento migratorio. Baleares acogía en marzo a 226 menores más de los que correspondían, además de un goteo constante de migrantes que hace a esta ruta consolidada y que ha llevado en lo que va de año a más de 4.700 migrantes irregulares a las costas de las Islas Baleares a bordo de embarcaciones, el doble que en los mismos meses de 2024.
El primer Consejo de Ministros de este nuevo curso político también puso encima de la mesa una nueva confrontación entre el Gobierno central y el autonómico. Mientras Baleares planea seguir el camino iniciado por la Comunidad de Madrid liderada por Isabel Díaz Ayuso llevando al Supremo el reparto, el Ejecutivo ha señalado que el archipiélago que no está en condiciones de entrar en contingencia migratoria. “Hay unas conferencias sectoriales a las que el gobierno balear no ha acudido. Por tanto, lo primero, acudir a esos espacios de coordinación. En segundo lugar, si el gobierno de España pide datos reales de la acogida real que tenía Balears, ¿por qué Balears no ofrece los datos? Ha sido una de las cuatro comunidades que no ha ofrecido los datos. Que los ofrezca”, reprochó el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, el pasado miércoles.
La pretensión del Gobierno insular no es —por el momento— el de repartir con el resto de comunidades como señala Canarias, sino el que sea excluido del reparto para gestionar exclusivamente su parte. El verano de este curso está empezando a poner a los archipiélagos españoles como los puntos de referencia para entrar en Europa y son muchos los países que, por conflictos bélicos, hambruna o pobreza, buscan una salida. Aunque esta suponga jugarse la vida en el mar.
En definitiva, las diferentes piezas que engloban toda la migración que llega a España se están conjugando hasta tal punto de que este año sea el más significativo en ese sentido. Pese a que haya menguado a nivel general, las islas Canarias llevan años inmersas en una saturación imposible de gestionar y ahora Baleares se aproxima a gran velocidad a la misma situación. El problema, en definitiva, no es la migración que llega a los archipiélagos, sino la enorme dificultad de gestionar tantas vidas sin la ayuda ni la cooperación del resto de territorios. Canarias ya está al borde, pero Baleares empieza a encontrarse en el mismo escenario.
