El 83% de los colegios concertados cobra cuotas base a las familias, que en el 69% de los casos no son voluntarias, y llegan a alcanzar los 1.100 euros al mes en un colegio de Cataluña, según el décimo estudio realizado por la Asociación de Colegios Privados Independientes (CICAE).
El estudio ha sido realizado con 338 visitas simuladas de familias que piden información para el ingreso de sus hijos de 3 años en el próximo curso escolar en colegios de 8 comunidades (País Vasco, Cataluña, Galicia, Aragón, Madrid, Valenciana, Murcia y Andalucía).
En el caso de Cataluña, País Vasco y la Comunidad Madrid, todos los colegios visitados por esta entidad cobran esas cuotas a las familias.
La directora del estudio, Amparo Núñez, ha denunciado el déficit de información que se da a las familias y la presión que se ejerce sobre ellas cuando manifiestan que su voluntad de no abonar las cuotas: «Un 11 % de los niños sufren exclusión si sus familias no pagan la cuota, porcentaje que se eleva al 29 % de los centros visitados en la Comunidad de Madrid».
Uno de cada cuatro colegios que cobra una cuota básica educativa no entrega ningún documento de precios ni hoja informativa durante el proceso de información, ha lamentado la directora general de CICAE, Elena Cid.
Cataluña lidera la cuota más alta
Cataluña recoge un año más la cuota máxima, con 1.100 euros al mes por alumno en el Colegio Sant Paul’s (Barcelona). Más de la mitad de sus colegios cobran cuotas superiores a 246 euros al mes.
En la Comunidad Valenciana, la cuota máxima registrada asciende a 450 euros; en Madrid, 277 euros/mes, la media alcanza los 135 euros/mes y en el 66 % de los colegios visitados se cobra más de 1.500 euros al año solo en concepto de cuota base, detalla el informe.
En el País Vasco, todos los colegios del estudio cobran una cuota base educativa, con aportaciones complementarias en algunas cooperativas que superan los 800 euros anuales.
Entre cuotas y otros servicios complementarios, ir a un colegio concertado en la comunidad madrileña o en Cataluña supone de media anual entre 1.300 y 2.200 euros por curso, respectivamente; llega a alcanzar el pico máximo de 5.700 euros al año Madrid y de 11.000 euros al año en Cataluña.
«Muchos colegios cobran cuotas obligatorias a las familias bajo conceptos educativos, vulnerando la gratuidad de la educación y fomentando la segregación escolar. Nos preocupa especialmente la inacción de las administraciones con la entrada de fondos de inversión en la educación sostenida con fondos públicos«, ha aseverado la responsable de la entidad de colegios privados.
Los colegios de titularidad mercantil son los que cobran importes más elevados a las familias, con una cuota promedio de 114 euros al mes; mientras que la cuota media de las instituciones y congregaciones religiosas es de 74 euros mensuales.
Para esta entidad de colegios privados se trata de competencia desleal y denuncian situaciones como la venta en la Comunidad de Madrid de 8 colegios concertados por 200 millones de euros a fondos de inversión.
La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), organización empresarial del sector educativo que reúne a miles de centros privados y concertados de toda España, ha querido reafirmar que «la educación concertada es gratuita, cumple la ley y respeta la libertad de elección de las familias, con un compromiso firme de transparencia en los procesos de admisión y en toda su actividad y rechazando cualquier práctica irregular».
Lo ha hecho en un comunicado al calor del estudio de CICAE, en el que recuerda que «las familias tienen derecho a realizar aportaciones voluntarias o a participar en actividades y servicios, conforme a la normativa vigente».
Para CECE, «El contenido del informe presentado por CICAE no supone ninguna novedad respecto a años anteriores. Los informes de parte como este deben contrastarse con evidencia independiente. Investigaciones con microdatos del INE muestran una realidad diversa de la concertada y desaconsejan generalizaciones o estigmas globales».
«Los servicios y actividades no obligatorios —como comedor, aula matinal, extraescolares, enfermería o viajes— se ofertan con autorización administrativa, precios publicados y contratación libre por parte de las familias, igual que sucede en la red pública y en otros ámbitos de la vida cotidiana. Las aportaciones son siempre voluntarias y no condicionan la escolarización ni la evaluación, añade CECE, que culmina remarcando que más de un millón de familias «confían cada año en la concertada por su pluralidad de proyectos, su calidad educativa y las soluciones de conciliación que ofrece» y que la Inspección educativa «realiza controles exhaustivos y existen canales de quejas con plazos de respuesta supervisados por la Administración», y asumiendo que «si se produce cualquier incidencia, se debe corregir con rapidez, en este ámbito como en cualquier otro, pero no se pueden hacer generalizaciones injustas».
CECE se muestra contraria a «etiquetas y relatos que dividen» y defiende el concierto educativo, la iniciativa privada y la colaboración público-privada. «En educación, lo relevante no es la forma jurídica del titular, sino el cumplimiento de la ley, la transparencia y los buenos resultados. Pedimos la misma vara de medir para todos», concluye.
