El informe ha sido presentado en el marco de las jornadas ‘Panorama de la Educación de la OCDE 2025’, y elaborado por Jorge Sainz, catedrático Economía de la URJC, y por Ismael Sanz, profesor titular de Economía aplicada de la misma universidad. «En una economía globalizada que demanda habilidades cada vez más avanzadas, la extensión de la escolarización obligatoria de los 16 a los 18 años se presenta como una estrategia clave para aumentar el capital humano del país», han evidenciado ambos expertos, en cuya opinión, «invertir en dos años más de educación obligatoria no es un gasto, sino una inversión de alto rendimiento».
En esta línea, han señalado que la ampliación de la escolarización obligatoria revela correlaciones significativas con la mejora del potencial de ingresos, la reducción de la desigualdad, el aumento de la participación cívica y el fortalecimiento de las instituciones democráticas». Entre los resultados individuales, Sainz y Sanz destacan la mejora la salud con la reducción de hospitalizaciones por enfermedades prevenibles; el incremento de la satisfacción vital, la felicidad y la estabilidad familiar; y un fortalecimiento de la confianza institucional, la participación cívica y los comportamientos pro-sociales en la comunidad.
En cuanto al aspecto económico, se experimentaría un crecimiento medible del PIB y un aumento de la productividad. Asimismo, se lograrán mayores ingresos a lo largo de la vida para los trabajadores, se reduciría de la transmisión intergeneracional de la pobreza y de las diferencias de rendimiento entre grupos socioeconómicos.
Entre los casos de éxito internacional citados por los autores están Canadá (donde un año adicional de educación obligatoria incrementó los ingresos entre un 9 y un 15% y redujo la probabilidad de pobreza en un 6%), y Reino Unido (el paso de la edad de escolarización obligatoria de 14 a 15 años redujo el uso de prestaciones sociales en 10%). Basándose en esta evidencia internacional, entre los beneficios esperados al implementar esta medida en el contexto español están un incremento salarial anual de 2.700 euros, una reducción de la pobreza infantil del 6,25% y un incremento del 2% en el número de alumnos que finalizarían la secundaria superior.
Los beneficios incluyen también efectos intergeneracionales, con una reducción estimada del 5% en la probabilidad de abandono escolar en los hijos de los beneficiarios. La propuesta concreta pasa por diversificar los itinerarios. «La extensión hasta los 18 años no implica uniformidad, sino garantizar opciones diversas y estructuradas para todos los jóvenes según sus intereses y capacidades», apuntan los expertos. Así, al Bachillerato y la FP Media se sumaría la promoción de los estudios artísticos, deportivos o en enseñanzas de «segunda oportunidad», es decir, programas flexibles y adaptados para diferentes situaciones.
En esta línea, Sainz y Sanz exponen que serán necesarios recursos adicionales y formación docente; la adaptación de las infraestructuras educativas; la diversificación de la oferta; un sistema de alerta temprana y prevención del abandono; o la coordinación con el mercado laboral. Los autores reconocen que la implementación progresiva de la medida requiere una inversión «significativa pero manejable», equivalente al 1,64 % del gasto público educativo actual. «La extensión de la educación obligatoria no restringe la libertad, sino que la potencia al garantizar que todos los jóvenes tengan las competencias básicas para ejercerla efectivamente», aseveran Sainz y Sanz, para quienes abandonar el sistema a los 16 años no siempre es fruto de una decisión libre e informada, sino, en muchas ocasiones, «de un contexto de desventaja». En sus palabras, «la extensión de la obligatoriedad es una política de equidad que nivela el punto de partida».
