La reciente adquisición del grupo Educare por parte de la aseguradora suiza Swiss Life, por un valor de 200 millones de euros, ha supuesto un terremoto en el sector educativo madrileño. La compañía helvética ha tomado el control del 75% del capital de Educare, un grupo que gestiona ocho centros concertados repartidos por la Comunidad de Madrid.
Desde fuentes próximas a Educare a las que ha tenido acceso MAGISTERIO se ha trasladado que “la operación ha sido puesta en conocimiento y cuenta con el beneplácito del Gobierno de la Comunidad de Madrid”, subrayando además que “los madrileños deberían alegrarse de que un grupo extranjero quiera invertir 200 millones de euros y se interese por la educación madrileña”.
Más allá de las cifras, la operación incorpora un elemento de continuidad que ha sido valorado positivamente por el entorno educativo de los centros: “En el contrato de compraventa hemos introducido una cláusula por la que el actual equipo gestor, en concreto, su presidente Carlos Madruga, estará al menos 10 años como presidente de Educare”.
Ante los interrogantes que han surgido sobre si el nuevo socio mayoritario modificará el enfoque educativo del grupo, las mismas fuentes han querido despejar dudas: “Tenemos la garantía de que el nuevo accionista respetará el proyecto educativo”. Además, recuerdan que el marco legal impone límites muy claros en este terreno: “La concesión del concierto obliga legalmente a los titulares del concierto a respetar las condiciones por las que se concedió”.
La entrada de Swiss Life no solo se interpreta como una apuesta financiera, sino también como un respaldo a largo plazo del modelo Educare. “No se trata de una operación especulativa: hay un compromiso explícito con el proyecto y con la gestión actual”, aseguran.
Al contrario, la entrada de este nuevo socio permitirá la expansión de Educare en los próximos años mediante un plan de creación o de adquisición de nuevos colegios en dificultades.
La reacción más crítica ha venido desde la asociación de colegios privados CICAE, que ha manifestado su “preocupación e indignación” ante lo que consideran un nuevo ejemplo de “mercantilización de un servicio público”.
En un comunicado difundido el 8 de septiembre, CICAE cuestiona que “los centros concertados son, por ley, sin ánimo de lucro. La entrada de capital financiero desvirtúa su esencia”. La asociación recuerda que siete de los ocho colegios del grupo Educare se levantan sobre suelo público cedido por los ayuntamientos y que recibieron el concierto de forma automática. En su valoración, consideran que “la nueva concertada se está convirtiendo en un gran negocio con fondos públicos”.
Desde esas mismas fuentes cercanas a Educare, sin embargo, se rechazan estas acusaciones de manera tajante: “Pero, ¿qué tendrá que ver la entrada de una aseguradora en el capital de Educare con el hecho de que los colegios sean concertados o no? ¿acaso no puede cualquier persona o empresa ser titular de un colegio concertado? Es un derecho recogido en la Constitución en su artículo 27”. Añaden que “el hecho de que una gran aseguradora sea parte del capital de una empresa que gestiona concertados no implica que dichos colegios no vayan a respetar la legislación, en cuanto a la voluntariedad de las cuotas por actividades extraescolares y servicios y a la no lucratividad de las mismas. Lo que sí supondrá es una gran ayuda para su mantenimiento y mejora”.
Además, lamentan que se esté intentando instrumentalizar políticamente una operación empresarial legítima: “Es preocupante que Cicae y algunos partidos de izquierdas quiera politizar la operación, cuando además, ya se han vendido otros colegios concertados, como la reciente venta del San Juan Evangelista al grupo Colegios SEI”. Y recuerdan: “En otros sectores es muy habitual que empresas concesionarias tengan participación de grupos extranjeros y nadie se escandaliza”.
CICAE plantea que la normativa actual que regula los conciertos educativos “tiene una antigüedad de 50 años” y exige una revisión urgente que “garantice la transparencia, evite el ánimo de lucro encubierto y proteja a los centros que sí cumplen con la función social que se les exige”.
Además, denuncia que “la nueva concertada cobra cuotas muy elevadas y obligatorias a las familias, por conceptos educativos, vulnerando así el derecho a la gratuidad”. La entrada de un fondo de inversión como Swiss Life, advierten, “no hará sino agravar esta tendencia si no se refuerzan de inmediato los mecanismos de control y las sanciones por incumplimiento del concierto”.
Mientras tanto, desde el entorno de Educare defienden la legalidad de la operación, insisten en que no habrá cambios en la gestión ni en el ideario de los centros, y reiteran que el proyecto educativo “seguirá comprometido con la calidad, la estabilidad y la vocación de servicio a las familias madrileñas”.
