Durante décadas, la Marina mexicana fue considera dentro y fuera del país como una fuerza de élite, con altos niveles de preparación y fama de ser incorruptible. El año pasado, una encuesta de la firma Research Land señaló que el 71% de los consultados consideraba … a la fuerza naval como la institución más confiable de México.
Un respeto superior al del Ejército y que no solo se circunscribe al ámbito de lo doméstico: desde finales del siglo pasado, la Marina fue la fuerza predilecta del Pentágono para sus operaciones en territorio mexicano, especialmente en lo referente a la captura de grandes capos del narcotráfico. Fue el caso de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán Loera, líder -junto a Ismael ‘el Mayo’ Zambada- del cártel de Sinaloa, detenido en 2016 en la ciudad de Los Mochis.
Una estela de prestigio que comenzó a quebrarse el pasado mes de marzo en Tampico, un puerto del golfo de México, donde fuerzas de seguridad interceptaron al buque Challenge Porcyon, que transportaba 10 millones de litros de combustible robado. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció el hallazgo, pero nada se dijo de detenidos o presuntos responsables. Era como si la embarcación que trasladaba 192 contenedores hubiera aparecido en las oscuras aguas del Golfo por algún tipo de inercia inexplicable.
Robo de hidrocarburos
El robo de hidrocarburos se convirtió en los últimos años en uno de los delitos predilectos del crimen organizado. Consiste en extraer combustibles, casi siempre propiedad de la petrolera estatal Pemex, para después venderlo en el mercado negro. El año pasado fueron robados, según cifras oficiales, hidrocarburos por casi 1.000 millones de euros. Los grupos criminales venden su producto tanto en México como en el sur de Estados Unidos. Allí, justamente, habría comenzado la historia del Challenge Porcyon. Concretamente, en el estado de Texas, donde la DEA (agencia antidrogas) detectó que se comercializaba el combustible robado, motivo por el cual fue arrestado el empresario estadounidense James Jensen, propietario de terminales marítimas en la costa del Golfo en Texas. Se le acusa de supuesta colusión con el cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y fue arrestado el pasado mes de mayo en Utah. La operación se bautizó con el nombre de ‘Muerte liquida’.
Mientras tanto, en México pasaban los meses y no había novedades sobre el hallazgo del buque. No había detenciones ni interrogatorios, o no se comunicaban por parte del Gobierno de Claudia Sheinbaum. La pregunta solo resonaba en espacios periodísticos: ¿Cómo era posible interceptar millones de litros de combustible robado y que no hubiera un solo sospechoso detenido?
La visita de Marco Rubio
Las respuestas se precipitaron hace dos semanas, cuando el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, visitó la Ciudad de México para conversar con Sheinbaum. Allí se alcanzaron diversos acuerdos en materia de seguridad y, a los cuatro días de la partida de uno de los hombres más poderosos del gabinete de Donald Trump, estalló el escándalo: el Gobierno mexicano informaba de la detención del vicealmirante Manuel Farias Laguna, uno de los oficiales más encumbrados de la Marina durante el Sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y sobrino político de quien fuera el jefe de la fuerza naval durante esa Administración, el almirante Rafael Ojeda Durán. Farias Lagura está acusado de tener un papel central en la trama del Challenge Porcyon.
El vicealmirante Farias Laguna tenía un supuesto cómplice: su hermano, el contralmirante Manuel, quien actualmente se encuentra desaparecido y con una ficha roja de Interpol a cuestas. Los dos hermanos fueron los hombres de confianza de su tío durante todo el Gobierno de López Obrador. La semana pasada, Sheinbaum, en un intento por blindar a su antecesor, dijo desconocer desde cuándo operaba la red de robo de hidrocarburos.
Como en una novela de espionaje, el caso que sacude a la política nacional tiene su arista policial: desde que fue arrestado el vicealmirante Farias Laguna, han tenido lugar dos muertes en el seno de la Marina. El pasado 8 de septiembre, supuestamente se suicidó el capitán Abraham Pérez Ramírez, oficial destacado en el puerto de Tampico y presuntamente vinculado a la trama. Al día siguiente, en un ejercicio de tiro de la Marina en Puerto Peñasco, murió el capitán Adrián Zúñiga.
Estos dos casos se suman a una serie de sucesos del mismo tinte que tuvieron lugar el año pasado, todos protagonizados por marinos. El 21 de abril, un oficial fue gravemente herido cuando se cortaba el pelo y en el ataque resultó muerta la peluquera. El 6 de junio, Giovany Muñoz Román, segundo maestre del 18 Batallón de Infantería de la Armada, fue asesinado en el exterior de su casa en una colonia de Manzanillo, principal puerto del Pacífico.
En octubre, varios sicarios dispararon desde una camioneta a dos hombres. Uno murió y el otro resultó herido. El fallecido fue identificado como Josué de la Mora Cobián, también integrante del 18 Batallón. La víctima de más alto perfil fue el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, asesinado el 8 de noviembre en la Colonia Morelos, quien antes de su muerte redactó una carta para Ojeda Durán, denunciando a sus sobrinos.
Asesinatos, desaparecidos, influencias y narcotráfico: un cóctel explosivo que ha puesto en jaque a la Marina mexicana y que ha forzado al actual jefe de la fuerza, el almirante Raymundo Morales, a hacer un ‘mea culpa’ en público, en las fiestas patrias de la semana pasada frente a cientos de elementos militares. Un reconocimiento que opaca, una vez más, el tema más crítico del Gobierno de Claudia Sheinbaum: hasta dónde podrá solapar la presidenta los escándalos de su antecesor que es, a su vez, el gran artífice de su llegada a Palacio Nacional.
