Actualizado Miércoles,
17
septiembre
2025
–
17:48
La alarmante cifra de civiles muertos en ataques israelíes, el desplazamiento forzado de miles de palestinos y la destrucción sistemática de hogares, escuelas y hospitales en Gaza, ha desatado un intenso debate académico sobre si Israel está cometiendo actos de genocidio en el enclave palestino. Recientemente la mayor asociación académica mundial de expertos en genocidio aprobó una resolución que declara que se cumplen los criterios legales para establecer que Israel está cometiendo genocidio en Gaza.
Una conclusión similar fue publicada esta semana por una comisión de investigaciones de Naciones Unidas. Sin embargo, otros expertos legales siguen cuestionando que se pueda aplicar el término a lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. En la raíz del debate se haya el cuestionamiento de si se puede considerar genocidio los casos de violencia masiva contra un grupo que, en comparación numérica, son mucho menores que el asesinato sistemático de judíos durante el Holocausto. Estas cuestiones también generaron controversia en décadas pasadas, cuando expertos legales discutían sobre si se produjo genocidio en Ruanda, Bosnia o Sudán.
El término genocidio fue acuñado por el jurista polaco Raphael Lemkin, en 1944, para describir los crímenes cometidos por la Alemania nazi durante el Holocausto. La palabra deriva del término griego genos, que alude a un grupo, tribu o raza, y del latín cidio, que significa matar o cortar. Está reconocido en el Derecho Internacional desde 1948 con la promulgación de la Convención de Naciones Unidas sobre el Genocidio, que lo define como “actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”.
Para determinar si se están produciendo un genocidio en un territorio, la convención establece que se debe cumplir uno o más de estos cinco parámetros: Matar a miembros del grupo mediante ataques a bienes protegidos, causar graves daños físicos o mentales a miembros del grupo mediante ataques directos o desplazamiento forzado de la población, imponer deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción total o parcial del grupo, imponer medidas destinadas a impedir nacimientos y trasladar por la fuerza a niños del grupo. La ONU también establece que los países miembros deben “adoptar las medidas necesarias” para “la prevención y represión de actos de genocidio”, aunque no especifica qué tipo de respuesta se debe llevar a cabo.
Pese a la claridad de la definición, la calificación de genocidio ha sido muy delicada a lo largo de las décadas, principalmente porque es muy difícil probar que hay una intencionalidad detrás de los actos del agresor. Este proceso puede tardar varios años, entorpecido además por los debates legales y la negación de las partes interesadas.
En el caso de Ruanda, el Tribunal Penal Internacional tardó una década en concluir que se había cometido genocidio por el asesinato de más de 800.000 personas de etnia tutsi. En 2007, la Corte Internacional de Justicia reconoció como genocidio la muerte de 8.000 hombres y niños bosnios en Sebrenica en 1995, asesinados por las fuerzas serbobosnias.
“Hay que demostrar que hubo intención y que esa era la única explicación posible para lo sucedido”, señaló en un debate académico en Londres, Thijs Bouwkneght, experto en genocidio.
