La batalla judicial planteada por BBVA contra el Gobierno a cuenta de su intervención en la opa sobre Banco Sabadell avanza en el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por el banco vasco para intentar tumbar … el veto del Ejecutivo a la fusión posterior durante al menos tres años.
Esto se trata de un paso esperado pero necesario para que la causa del banco vasco avance en los tribunales. Y especialmente le interesa a BBVA que esto se sustancie con la mayor rapidez posible ya que es una de las vías que maneja la entidad financiera para poder consumar sus planes sobre el Sabadell. Lo que hizo el Ejecutivo de Pedro Sánchez fue vetarle a BBVA la posibilidad de fusionarse con la entidad catalana; la manera que escogió para hacerlo fue imponiendo la necesidad de que ambos bancos mantengan personalidad jurídica y patrimonio separados, además de autonomía en la gestión.
Tras admitir el recurso a trámite, el Supremo emplazó al Gobierno de Pedro Sánchez para que adjuntara toda la documentación relativa a su intervención en la opa. Fuentes del Ministerio de Economía confirman que a principios de septiembre hicieron entrega del expediente de la opa al Supremo.
La intervención del Ejecutivo se produjo mediante acuerdo del Consejo de Ministros a finales de junio y lo hicieron valiéndose del mecanismo legal que viene reflejado en la Ley de Defensa de la Competencia para la llamada fase tres. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio su visto bueno a la operación en fase dos con compromisos pactados con BBVA; tras ello, la ley permite al Gobierno revisar esas condiciones.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, elevó el caso al Consejo de Ministros y el órgano decidió imponer una condición extra a BBVA como fue la de vetar la fusión posterior a la opa. La batalla legal se ha desatado a causa de que el banco vasco considera que el Gobierno no tenía capacidad para hacer lo que hizo.
La entidad dirigida por Carlos Torres entiende que la ley permite al Gobierno revisar las condiciones fijadas por la CNMC para mantenerlas o suavizarlas, pero nunca para endurecerlas como ha sido el caso. El Ejecutivo, en cambio, piensa todo lo contrario y se basa para ello en una sentencia del Tribunal Constitucional y sus informes de la Abogacía del Estado.
Ante esta discrepancia de criterio, y asesorado por sus abogados de Garrigues, el BBVA decidió llevar la intervención ante el Tribunal Supremo para tratar de tumbarla. El plazo de resolución que esperan en el banco vasco para esta causa es de entre 18 y 24 meses, pero si llegara a fructificar podrían fusionarse con el Sabadell antes de lo esperado.
