La negociación de la próxima Política Agraria Común (PAC), que estará vigente entre 2028 y 2034, empieza mal para la Comisión Europea, con una enmienda a la totalidad por parte del Parlamento de Estrasburgo a la propuesta que presentó el pasado 17 de julio … el organismo que preside Ursula von der Leyen. Con 393 votos a favor, 145 en contra y 123 abstenciones, ayer los eurodiputados aprobaron un informe redactado por la Comisión de Agricultura de esa cámara que rechaza los principales cambios que el Ejecutivo comunitario quería introducir en el próximo presupuesto: un recorte del 20% en las ayudas que reciben los agricultores y la desaparición de la PAC como un capítulo de gasto independiente y, por tanto, blindado.
Con esto, a Von der Leyen se le complica el plan de una forma sensacional, pues necesita el voto a favor del Parlamento para aprobar las cuentas. También el del Consejo Europeo -los estados miembro-, y varios gobiernos ya han expresado su malestar con la propuesta de Bruselas, entre estos Irlanda, la República Checa, Francia -el líder moral de Europa en temas de agricultura- o España, cuyo ministro de Agricultura, Luis Planas, insiste en que el presupuesto destinado al campo debe mantener su singularidad e, incluso, llegó a decir que iría «a tope» para dar la batalla.
Von der Leyen también tendrá enfrente a los agricultores europeos, que no esperaron demasiado y ya el mismo día en que se presentaban las cuentas salieron a la calle en Bruselas, inaugurando un calendario de protestas que previsiblemente se intensificarán a partir de otoño, una vez finalizado el grueso de las cosechas.
El principal motivo de enfado del sector agrícola es el supuesto recorte del 20% en las ayudas, un extremo que la Comisión lleva semanas intentando desmentir. Con poco éxito, pues el informe que votaron ayer los eurodiputados da por sentado que el Ejecutivo pretende adelgazar los fondos y se sitúa claramente en contra. Como ocurre tantas veces, también en este caso se podría decir que ninguna de las dos partes dice toda la verdad, o que ninguna miente del todo.
Von der Leyen propone una ‘revolución’ presupuestaria
La propuesta de Marco Financiero Plurianual (MFP) -el presupuesto de la Unión Europea para siete años (2028-2034, en este caso), en el cual se incluyen los fondos para agricultura- que propuso la Comisión en julio supone una verdadera revolución, pues otorga mucha más discrecionalidad a los Estados de la que tenían hasta ahora para el reparto del dinero. De las siete ‘rúbricas’ (los capítulos de gasto, en la jerga comunitaria) actuales, una de las cuales era exclusiva para la PAC, se pasaría a cuatro y los recursos agrícolas quedarían englobados dentro de una partida -llamada ‘planes de asociación’- en la que también estaría el montante para fondos de cohesión, emigración o política social.
De este modo, desaparece la estructura tradicional en dos pilares (ayudas directas + desarrollo rural) y se pasa a un nuevo esquema en el que los fondos agrícolas están los planes de asociación, una suerte de ‘sobre’ que recibirá cada país para gastar en una amplia variedad de políticas que van más allá del campo. Hay un matiz, y es que el Ejecutivo comunitario ha propuesto que cerca de 300.000 millones de euros del total estén reservados para los agricultores (aún no se sabe cuánto le corresponderá a cada país).
Y a esto hay que añadir el dinero que estará en otras rúbricas y que también podrá destinarse al sector primario si los gobiernos lo consideran oportuno, aunque no ya como ayudas directas. Se trata de los 237.000 millones en fondos no reservados, 218.000 millones de los fondos para las regiones menos favorecidas (en España, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Ceuta y Melilla, según la PAC actual) o, incluso, los 40.000 millones en recursos para investigación.
Es decir, que si actualmente la UE destina unos 300.000 millones en ayudas directas (pilar 1) y otros 86.000 en el pilar 2, para el período 2028-2034 la Comisión propone blindar 300.000 millones para ayudas y dejar que los gobiernos nacionales decidan sobre lo demás.
¿Cómo gastar más en defensa sin reducir otras partidas?
Como ya explicó a este diario Ignacio Atance, que fue subdirector general de Planificación de Políticas Agrarias en el Ministerio de Agricultura, Von der Leyen «ha sido inteligente», pues al compartir el poder de decisión sobre el presupuesto con los Estados, también compartirá las responsabilidades políticas si algún sector se siente maltratado.
Lo cierto es que la presidenta de la Comisión no lo tenía fácil, pues para el próximo presupuesto se le exigía mayor gasto en defensa y competitividad (en línea con el informe Dragui) a la vez que mantener los fondos agrícolas. Y aumentar el gasto no era una opción, pues los países llamados ‘frugales‘ –Alemania y Países Bajos, sobre todo– presionan para mantener las cuentas comunitarias bajo mínimos. Con éxito, pues no hay que olvidar que el plan de gasto propuesto para el período 2028-2034 supone apenas el 1,15% de la renta nacional bruta europea, dos centésimas más respecto al montante actual (1,13%) si se descuenta el pago de la deuda de los fondos ‘Next Generation’. Sea como fuere, esto ha levantado ampollas entre los agricultores, que consideran que si los fondos de la PAC no están blindados, irremediablemente se reducirán si un estado decide gastar menos.
Como ya se ha avanzado, el plan de Von der Leyen arranca el período de negociación con un batacazo. «Hemos conseguido que la postura del Parlamento sea mantener la estructura actual de la PAC», celebró ayer la eurodiputada popular Carmen Crespo, que fue la redactora del informe de la Comisión que ayer ratificó el Parlamento.
Básicamente, ese documento propone una política agraria mucho más parecida a la actual que la que quiere Von der Leyen: con dos pilares, al menos el mismo presupuesto que en la actualidad y autonomía de los fondos agrícolas. A su vez, en el texto también se recogen algunas de las reivindicaciones históricas del sector agrícola: fomentar el relevo generacional, simplificar la burocracia y convertir en voluntarios los eco regímenes, las ayudas que se dan por iniciativas medioambientales. No obstante, hay que matizar que esta última propuesta, que consiste en cambiar obligatoriedad por incentivos, ya está en buena medida recogida en la propuesta de Von der Leyen.