Si nada cambia en enero de 2027 entrará en vigor en España el nuevo régimen comercial de derechos de emisión, que extenderá la obligación de comprar en el mercado los derechos para poder emitir gases de efecto invernadero, que ya se aplica a … energéticas, industria electrointensiva, transporte marítimo y aviación comercial, al sector inmobiliario y al del transporte por carretera. La iniciativa de Bruselas pretende duplicar la velocidad a la que Europa reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar el objetivo de reducir las emisiones registradas en 2005 en un 62% a la altura de 2030.
Un objetivo loable que augura una factura considerable para los sectores afectados, por el encarecimiento de los combustibles que utilizan. El presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), Carmelo González, avanza que el impacto que tendrá sobre los costes de los transportistas será «brutal» y hace unos días su advertencia fue subrayada por el Banco de España, que en la última actualización de sus proyecciones económicas anticipó un fuerte repunte del IPC en 2027, desde el 1,7% que pronostica de media para el año que viene hasta el 2,4%, como consecuencia «principalmente de la introducción de un nuevo régimen de comercio de derechos de emisión de la UE».
Un impacto estimado de siete décimas en el nivel general de precios de la economía con origen en un sector, el del transporte, cuyo peso en el IPC es reducido en términos relativos pronostica un fuerte efecto contagio sobre conjunto de la economía.
Lo explica Pedro González-Gaggero, socio responsable de Fiscalidad Ambiental de EY Abogados. «El nuevo régimen se aplicará sobre el transporte terrestre y sobre las emisiones de los edificios y operará como una especie de coste invisible para los transportistas, que con toda probabilidad se trasladará a sus tarifas y de ahí al nivel general de precios de la economía«.
El potencial como cadena de transmisión a los precios del resto de la economía del transporte por carretera es muy elevado en un país en el que cerca del 95% de los portes interiores se hacen por este modo.
Combustible más caro
En el fondo lo que hará la instauración de la obligación de la compra de derechos por las emisiones de gases contaminantes de los edificios y del transporte, a cuyo coste directo por cierto tendrán que hacer frente los distribuidores del combustibles contaminantes (energéticas y estaciones de servicio), será encarecer de forma sustancial el precio del combustible para el hogar y para la automoción, también para usos particulares, con un efecto similar al que tendría una subida de impuestos al combustible.
«Pero con una diferencia sustancial», advierte el presidente de CETM. «Cuando sube el impuesto de hidrocarburos los profesionales del transporte tenemos derecho a un descuento por gasóleo profesional vía devolución del impuesto, que actúa a modo de compensación. Con los derecho de emisión esa compensación no existirá o si existe será restringida a un número limitado de operadores. Ya se lo hemos advertido a Transportes y a Hacienda«, señala.
Los transportistas han estimado que la entrada en vigor de ese nuevo régimen se traducirá en un sobrecoste de entre 25 y 45 céntimos por litro de combustible. Con precios de hoy sería una subida de entre el 15% y el 30%. Fuentes de las empresas distribuidoras reducen ese potencial impacto a una horquilla de entre 15 y 25 céntimos por litro. El gasto extra impactará de manera general a los conductores particulares, los agricultores, el transporte de viajeros y, sobre todo, el transporte de mercancías, al que se imputa el mayor peso en las emisiones contaminantes.
«El impacto va a ser brutal sobre el sector. En un sector tan competitivo, que opera con unos márgenes tan estrechos, no va a quedar otro remedio que trasladarlo a las tarifas», advierte Carmelo González, de CETM.
Todo apunta a que la subida de precios de 2027 que pronostica el Banco de España llegará por carretera y por esa vía se extenderá a toda la economía, ya que es por carretera por donde se distribuyen la práctica totalidad de las mercancías que se distribuyen por el territorio español cada día. «Con la entrada del transporte por carretera al Régimen de Comercio de Derechos de Emisión las operaciones vinculadas al uso de combustibles fósiles verán incrementados sus costes, lo que podría generar un incremento de precios para la industria y los consumidores«, concede también el director global de transporte del Grupo Sesé, Carlos Giner, uno de los grandes grupos de transporte y logística de España.
Racionalizar el consumo
El objetivo declarado es racionalizar el consumo y empujar a las empresas a acelerar sus procesos de descarbonización por la vía de hacerles el ‘business as usual’ más caro. «En estas iniciativas siempre hay una doble vertiente», explica Pedro González-Gaggero de EY. «Se pretende generar un efecto en los precios para favorecer inversiones más orientadas a procesos de menos emisiones, pero por otro lado también reducir el consumo».
«Nuestro objetivo es transformar nuestros procesos ofreciendo las soluciones sostenibles más eficientes», dice en declaraciones a ABC Carlos Giner, del Grupo Sesé, «pero para poder hacerlo, además de nuestro compromiso, es fundamental contar con el apoyo de las instituciones, que nos permitan flexibilidad a la hora de escoger la solución tecnológica de descarbonización que más se adapte a nuestras necesidades«.
Los sectores afectados reconocen una cierta frustración por la frágil defensa de los intereses de España en la negociación de este nuevo régimen, especialmente perjudicial para el país. Los transportistas esperan que el Gobierno acceda a negociar ayudas o compensaciones que contribuyan a amortiguar el golpe.
