Los contactos bilaterales que han venido manteniendo en los últimos meses los técnicos del Ministerio de Hacienda y de la Generalitat de Cataluña para tratar de encarrilar un modelo de financiación autonómica que cumpla con los acuerdos políticos firmados en su día con ERC … sin dinamitar el estado de las autonomías les han permitido llegar a algunas conclusiones relevantes. Una de las más contundentes, según confirman fuentes institucionales conocedoras del contenido de esas negociaciones, es la imposibilidad técnica de que la Generalitat de Cataluña pueda asumir como se pretendía la gestión integral del 100% del IRPF -entendida como la asunción de las competencias de gestión, recaudación e inspección que se recogen en el acuerdo para la investidura de Salvador Illa- en el corto plazo.
El gobierno de Illa llegó a explorar la posibilidad de hacerlo, pero según las fuentes consultadas el asunto ni siquiera llegó a adquirir el rango de materia de negociación a la que los técnicos de Hacienda ilustraron a los de la Generalitat sobre la complejidad del traspaso. El hallazgo resituó la negociación, que viró de lo aspiracional a lo posible, y la orientó hacia qué atribuciones sería viable que la Agencia Tributaria Catalana pudiera asumir en un periodo razonable de tiempo. Hasta que ERC irrumpió en la escena.
O todo el IRPF o nada
La proposición no de ley presentada el pasado viernes por ERC en el Registro del Congreso de los Diputados ha venido a devolver el debate a la casilla de salida. La iniciativa plantea regular una habilitación normativa -ahora inexistente- para que el Estado pueda delegar en la Generalitat de Cataluña la gestión integral del IRPF en los mismos términos en que gestiona a día de hoy impuestos como el de Patrimonio o los de Sucesiones y Donaciones y establece un calendario concreto para sustanciar ese traspaso que arrancaría el año que viene y que desembocaría en el 1 de enero de 2028.
Fuentes del Ministerio de Hacienda reconocen que el punto de llegada de la sucesión de traspasos en cuatro fases marcada en la proposición no de ley de ERC no coincide con el de la hoja de ruta del Gobierno. A grandes rasgos, la principal controversia es que mientras Esquerra plantea un modelo en el que sería la Agencia Tributaria Catalana (ATC) la que gestionaría en exclusiva por delegación del Estado el que es el gran impuesto del sistema fiscal español y el que genera cerca del 50% de la recaudación, lo que Hacienda tiene en mente es un sistema de gestión en red, en el que se daría entrada a la ATC en la gestión pero en ningún caso la Agencia Estatal de Administración Tributaria desaparecería de escena, sino que lo gestionaría de forma coordinada. «El IRPF es el principal impuesto del sistema fiscal y no se puede tratar como el de Patrimonio o el de Sucesiones», dicen.
La maniobra de ERC se ha producido, además, justo cuando Hacienda por un lado y la Generalitat por otro ultimaban sus propuestas para la reforma del modelo de financiación con el objetivo de abrir una negociación sobre el asunto. Junqueras se ha encargado de dejar claro que ERC no negociará ni los Presupuestos del Estado ni los de Cataluña en tanto Sánchez e Illa no negocien sobre su propuesta.
Al Gobierno le va a tocar pronunciarse en breve sobre la propuesta de ERC. «Es una proposición que de aprobarse tendría un impacto muy significativo sobre los ingresos del Estado, así que a Hacienda le va a tocar decidir si la veta, si no hace nada o si la avala permitiendo su tramitación», explica Francisco de la Torre, inspector de Hacienda, coautor de ‘La factura del cupo catalán’ y ex presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados. En Hacienda dicen que la decisión no está tomada pero que en este ámbito la voluntad es siempre de negociar.
Destrozo para el sistema
«El destrozo para el sistema fiscal sería tremendo». ABC ha consultado con varios funcionarios con experiencia en la gestión del sistema tributario sobre las potenciales consecuencias de una cesión de la gestión del IRPF a la Generalitat de Cataluña y coinciden.
«Hablamos de un sistema de gestión que funciona bien porque está integrado y centralizado; la información que los contribuyentes declaran en Renta se contrasta con la que aportan las empresas, que pueden operar en un territorio distinto al del trabajador, y la que aportan los profesionales autónomos, con las facturas de sus clientes y proveedores. Romper eso obligaría a multiplicar los requerimientos de información y las cargas administrativas de las empresas», advierte Francisco de la Torre. «El resultado sería más ineficiencias, un coste económico más alto y más fraude», avisa.
«Hay un sinfín de procedimientos de inspección que están centralizados, especialmente en el ámbito de los grandes contribuyentes, y se estructuran así porque se necesita unificar la mayor cantidad de información posible para que los filtros de búsqueda den resultados», explica José María Peláez, un experimentado inspector de Hacienda y portavoz de la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. «¿Cómo va a perseguir Cataluña los fraudes con criptoactivos, por ejemplo, con una base de datos más limitada, sin las aplicaciones informáticas que la Agencia ha desarrollado y afinado durante años y teniendo que hacer constantes requerimientos de información? Pues no lo hará.», advierte sobre las posibles consecuencias de una cesión.
