La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha dejado transcurrir apenas 12 horas desde que el Congreso de los Diputados tumbase su proyecto de ley de reducción de jornada laboral para poner en marcha el ‘plan b’ que pasa por la reactivación de un nuevo registro … horario más vigilado para que las empresas «cumplan» con las jornadas de sus trabajadores. La pretensión de la ministra de Trabajo de habilitarlo con un real decreto que no tenga que pasar por el Congreso genera dudas legales en torno a la posible necesidad de tener que modificar algunas leyes como la de protección de datos, cuyo cambio precisa el aval de las Cortes.
El principal cuestionamiento jurídico se centra, con el texto de la consulta pública lanzada ayer sobre la mesa, en la posibilidad de que haya un acceso directo e instantáneo al registro horario de todos los trabajadores españoles por parte de la Inspección. Esa iniciativa contempla que la norma deberá incluir las formas de mantener los registros individuales a disposición de los trabajadores, los sindicatos y la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social.
Ese vínculo tan directo e instantáneo es el que más recelos legales genera porque puede haber «un posible impedimento de esta iniciativa por la política de privacidad y la Ley de Protección de Datos», explica Alejandro Gil, socio laboral de Maio Legal. Este experto matiza que «una cosa es ceder datos sin consentimiento por que la ley obliga a ello», como ocurre hasta ahora en registros de los que se vale Inspección de Trabajo procedentes de la Seguridad Social. «Y otra muy distinta es que los inspectores accedan ‘motu propio’ a todas esas estadísticas que informan sobre la entrada y salida del trabajador», así como su repercusión en la nómina, con las horas extra y otros conceptos personales.
Para Alejandro Gil, «este es el gran obstáculo a regular porque hasta ahora no se había dado esta realidad». Lo que ocurría es que la Inspección de Trabajo tomaba a datos de Seguridad Social como figura «autorizada» a los programas, indican fuentes de esos organismos. Eva Hernández, socia responsable del Departamento de Derecho Laboral de Escalona & de Fuentes, explica que el Estatuto de los Trabajadores «no contiene habilitación expresa» para esa interoperabilidad automática con la Inspección. No obstante, esta experta admite que aunque hay críticas en este sentido si «finalmente se plantea» de forma correcta en el reglamento puede salvarse esta cuestión al tratarse de una «cesión de datos autorizada por ley». Si llegase a vulnerar la norma de Protección de Datos, tendría que pasar por el Congreso donde el Ejecutivo no tiene mayoría..
Las empresas consideran que no es tan factible que a través de un reglamento se pueda dar paso a los inspectores y a otros agentes sociales a todos los datos que revelan los horarios, pero también las retribuciones y otros datos personales de los empleados. Así lo manifiestan a ABC algunas fuentes corporativas, donde avisan de que podría plantearse otra batalla legal tal y como están advirtiendo los bufetes de abogados expertos en materia laboral.
En cualquier caso, los sindicatos UGT y CC.OO. insisten en que el nuevo registro tiene todo el respaldo de la jurisdicción para ponerlo en marcha tal y como lo han pactado con Díaz, y que no choca con ninguna normativa, ni siquiera la de protección de datos. Las organizaciones apuntan que no se podrá limitar lo acordado y recuerdan las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE que instaba a actuar en el sentido de lo que lo hará la ministra Díaz.
El móvil para identificarse
Desde el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, su presidenta, Ana Ercoreca de la Cruz, considera que habrá que atender cómo se materializan en ese real decreto algunos aspectos clave como el uso que se habilite de los propios dispositivos móviles de los trabajadores para el registro de jornada. «La utilización del móvil personal se debe realizar de acuerdo con la normativa de protección de datos y siempre con el consentimiento del trabajador», aclara.
De hecho, la consulta pública lanzada ayer mismo apunta que los fichajes del inicio y el término de la jornada se podrán hacer de forma «personal y directa» por parte del empleado «con mecanismos de verificación de identidad». También se deberá aclarar la precisión de cada tipo de tiempo de trabajo que se registre, de forma que se deberá registrar toda la jornada, «pero se prevé que se señale si el tiempo de trabajo es efectivo o de disponibilidad; o si las horas son ordinarias o extraordinarias». Para el ministerio, la propia obligación de que los trabajadores especifique el tipo de horas que realizan «permitirá identificar más incumplimientos de la normativa, con las consecuencias que legalmente procedan», añade el texto.
La organización de inspectores también avanza cómo se va a regular la digitalización de los fichajes, que dejarían de ser en formato analógico, en papel. «Nos preguntamos qué ocurriría con todos los trabajadores que se encuentran en zonas donde puede que no haya cobertura, como ocurre en muchas áreas agrícolas o ganaderas», explica Ana Ercoreca de la Cruz.
Otra de las cuestiones incluidas en la consulta pública, la de la desconexión digital, deberá regularse en un contexto de actividades cuyos trabajadores se ven obligados a estar pendientes de los dispositivos aunque se encuentren en casa o de libranza.
Son las grandes cuestiones que el reglamento deberá incluir cuando se articule el texto para modificar la forma en la que los españoles fichan en sus distintos puestos de trabajo ya sean grandes compañías o pequeños negocios. Aunque el proceso implicará varias semanas para que supere todos los filtros normativos, la intención de Díaz es tenerlo listo a corto plazo.
