El rechazo a su proyecto estrella, la reducción de la jornada laboral, ha llevado a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a recuperar a toda velocidad las reformas que tenía pendientes de activar. Si primero fue el nuevo registro horario, que salió a consulta pública al día siguiente del fiasco en las Cortes, hoy ha anunciado que el mes que viene, en octubre, convocará la mesa de diálogo social para reformar el despido.
Es un tema que figuraba en la agenda del ministerio, pero aparcada sin fecha precisa, en parte porque el foco estaba centrado en las 37,5 horas, y también porque va a suponer un choque seguro con la patronal, que rechaza cambiar las indemnizaciones por el despido improcedente.
Es una batalla que tenía una prometedora salida para el ministerio y los sindicatos, con dos resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales, organismo del Consejo de Europea, que reclamaban un cambio de la legislación española. A partir de ese punto, la partida se jugaba en dos terrenos. Uno el judicial, con sindicatos y ministerio confiando en que los tribunales incorporarían la flexibilidad que pedía el comité europeo en sus sentencias. Pero, el intento quedó momentáneamente aparcado con la sentencia del Tribunal Supremo en julio, que lo descartaba de plano.
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La otra vía es la de la modificación legislativa, que Díaz quiere arrancar ahora. Lo ha justificado en la Proposición No de Ley de Sumar que ayer aprobó el Congreso de los Diputados en la que se insta al Gobierno a reformar el despido improcedente y convertirlo en realmente disuasorio y restaurativo para los trabajadores afectados. La proposición, que no tiene carácter legislativo, se aprobó por el error de un diputado del PP. “Ayer, el pueblo habló”, ha dicho la ministra en unas jornadas de UGT, tomando como impulso esta votación del parlamento para convocar la mesa de diálogo.
Hasta el momento, y a pesar de las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales, el Gobierno no había dado ningún paso para modificar la legislación en materia de despido improcedente. Un paso que no parece que los ministros socialistas tengan mucho interés en dar, y que encontrará la resistencia rotunda de la patronal. Recordemos que si el tema se sacó de la agenda de la negociación de la reforma laboral, ya fue para facilitar el camino al consenso y evitar los temas más complicados.
