Si ahora hubiera elecciones en Catalunya, el PSC volvería a ganarlas, pero bajando de 42 a 36 escaños; Junts se precipitaría de 35 a 21, y las formaciones de extrema derecha lograrían avances llamativos, en particular Aliança Catalana (AC), que saltaría de 2 a 19, y también, aunque en otra medida, Vox, que subiría de 11 a 16. El resto de las fuerzas sufrirían menores oscilaciones, con ERC ganando un diputado (de 20 a 21), PP perdiendo dos (de 15 a 13), Comuns uno (de 6 a 5), y la CUP conservando sus 4.
Estos cambios que apunta la encuesta realizada para La Vanguardia por Ipsos serían, en caso de confirmarse, de gran calado. En primer lugar, porque dificultarían mucho la gobernabilidad de Catalunya, aún no normalizada del todo tras la agitación del procés , al convertir en insuficiente la actual mayoría de izquierdas, y en improbable una de derechas, en la que deberían entenderse partidos a priori incompatibles, como Junts, PP, Aliança Catalana y Vox. Tampoco sería viable una mayoría independentista, en el caso de que Junts, ERC, AC y la CUP decidieran superar sus diferencias.
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En segundo lugar, porque acreditan un avance vigoroso de la ultraderecha, donde Aliança Catalana y Vox sumarían un total de 35 escaños, entre una cuarta y una quinta parte de los del Parlament; es decir, un avance en consonancia con lo que ocurre en las grandes democracias occidentales, y no solo en ellas, y que aquí obedecería en buena medida al predicamento del discurso ultra entre los menores de 34 años, que mayoritariamente lo prefieren a otros.
Y, en tercer lugar, abundando en lo ya dicho, los resultados ilustran un cambio de guion en la escena política catalana, donde el PSC, tras un año de Govern guiado por el muy plausible deseo de unir y servir, según anunció el presidente Illa en su discurso inaugural, razonablemente corroborado en el día a día, encajaría un importante correctivo. Un cambio de guion en el que Junts, fuerza determinante en la política catalana reciente, sigue en segunda posición, pero con un apoyo casi demediado, y una labor de su líder desaprobada por el 70%. Un cambio debido probablemente también a la consideración, extendida entre los ciudadanos, de la propia política como un problema principal, seguido por el de la vivienda, en un listado en el que la cuestión de la inmigración y las posiciones contrarias a ella emergen en el electorado como factor de peso creciente al optar por votar a una formación u otra.
El PSC ganaría de nuevo, a la baja, Junts pasaría de 35 a 21 escaños y la extrema derecha sumaría 35
De no convocarse elecciones anticipadas, al PSC le quedan otros tres años al frente de la Generalitat. No son pocos, y deberían darle margen para obtener, cuando llegue la hora de acudir a las urnas, resultados mejores que los de la encuesta. Entre otras razones, porque los participantes en el sondeo estiman que dicho partido es el mejor facultado para gestionar el problema de la vivienda, impulsar el crecimiento económico, reducir las desigualdades sociales, combatir la corrupción o garantizar la seguridad pública, cuestiones todas ellas del mayor interés para los ciudadanos.
Pero también es cierto que los mismos ciudadanos consultados que expresan tales percepciones son los que opinan que la gestión del Govern en el último año ha sido mala o muy mala (41%), mientras que solo un 35% afirma que ha sido buena o muy buena, al tiempo que un 22% la califica de regular. O que el 58% sostiene que Catalunya va por el mal camino, mientras que el 32% indica que va en la buena dirección.
Se podría convenir que hay una cierta incoherencia entre ese reconocimiento de las facultades del Govern y su calificación negativa. Pero la cuestión central no es esa, sino la constatación, a la luz de los datos de la encuesta, de que Catalunya podría sufrir un terremoto político, cuyos potenciales efectos no prefiguran horizontes de progreso atractivos.
La encuesta de Ipsos para ‘La Vanguardia’ anuncia un seísmo político que amenaza la gobernabilidad
Lo que todo país necesita, y el nuestro no es una excepción, son objetivos compartidos y estabilidad política para poder alcanzarlos, o al menos para aproximarse a ellos. Una tarea poco sencilla, por cierto. Porque la fragmentación del voto, por una parte, y por otra la extendida creencia de que la complejidad del presente puede resolverse negando problemas acuciantes, cerrando fronteras en un mundo cada día más interconectado física y virtualmente o revirtiendo los avances sociales dificultan sobremanera los consensos y, por tanto, la estabilidad.
Dicho lo cual, esos horizontes de progreso siguen siendo los más apetecibles, y si bien los políticos son los gestores que deberán llevarnos hacia ellos, son los ciudadanos los responsables de elegir a los más capaces.
