En vísperas del proceso electoral del 2026, hay que empezar por identificar el principal problema del país en la coyuntura actual, su dinámica histórica y cómo podemos enfrentarlo, con propuestas y compromisos concretos.
Los últimos acontecimientos han puesto en evidencia la amenaza creciente a nuestra democracia, la grave situación de orden público y el fortalecimiento inusitado del crimen organizado. El magnicidio de Miguel Uribe, el atentado a la base aérea de Cali, el secuestro de 33 militares en el Guaviare, las amenazas a la gobernadora del Valle y al alcalde de Cali y el desbordamiento del homicidio y de la extorsión, entre otros, tienen un denominador común: el narcoterrorismo.
En el posconflicto perdimos la oportunidad de superar este azote. Con razón dijo esta semana Simón Gaviria que la paz “no fue duradera ni sostenida”. Lo cierto y triste es que el Estado no copó los territorios que abandonaron los desmovilizados ni llegó con la inversión social que se esperaba, tarea que le correspondía coordinar al comisionado Sergio Jaramillo. Al mes de la firma del Acuerdo de La Habana con las Farc, desde Caucasia la Fiscalía advirtió públicamente que las autoridades se habían retirado de los territorios en transición y que los criminales armados empezaban a pagar millonarias sumas para reclutar jóvenes y exguerrilleros, para consolidar sus ejércitos del crimen. Todo esto facilitó que otros actores criminales se asentaran en esas zonas, para controlar los corredores del narcotráfico y los cultivos ilegales. Hasta los carteles mexicanos hicieron de esa circunstancia una oportunidad para llegar a Colombia.
Muy grave resultó el hecho de que, paralelamente con la desmovilización, algunos sectores de la antigua guerrilla se hubieran mantenido en el narcotráfico, lo que pareció no importar a muchos sectores y autoridades del país, a pesar de que el desmonte radical de dicho negocio era de la esencia de lo acordado. Según se lee en el publicitado ‘indictment’ sobre el cartel de los Soles, que ha dado lugar al despliegue del ejército americano en las costas venezolanas, hay evidencias judiciales en Estados Unidos de que, entre los años 1999 y 2020 –es decir, hasta cuatro años después del acuerdo de paz–, existieron relaciones para traficar, entre la alta oficialidad venezolana y excomandantes farianos. Otra modalidad para permanecer en el negocio fue la de las disidencias, que han demostrado a plenitud su barbarie y su poderío económico. Es curioso, por ejemplo, que alias Rodrigo Cadete hubiera formado parte de las negociaciones de La Habana y enseguida se hubiera hecho cargo de importantes disidencias en Colombia.
La prohibición de fumigar los cultivos ilegales y el bajo impacto de los programas de sustitución voluntaria contribuyeron a fortalecer esta industria ilícita y el patrimonio ilegal de todos los grupos armados organizados, aparte de que no se le impuso a la guerrilla desmovilizada que entregara las rutas y su riqueza ilícita, como era su compromiso.
El narcoterrorismo está descontrolado. La prioridad es consensuar acciones efectivas para confrontar el narcoasedio
Con la política de paz de Petro y su permisiva política antidrogas, la situación empeoró en grado extremo y pareciera llegar a un punto de no retorno. Vivimos un ‘boom’ cocalero sin precedentes. ‘De facto’, se les decretó inmunidad a los cultivadores ilegales. Las organizaciones criminales se fortalecieron en medio de los ceses del fuego y los demás beneficios que han recibido gracias a la ‘paz total’, incluidos los golpes certeros que le han dado a la extradición. El microtráfico hace de las suyas a lo largo del país, engendrando nuevas bandas poderosas y estimulando el consumo interno.
Con la violencia terrorista de estos poderosos carteles, cualquiera sea su denominación, el control territorial que mantienen en amplias zonas del territorio y con la celebración de nuevos pactos de La Picota, que con seguridad vendrán para beneficiar la reelección petrista, se edifica una amenaza efectiva al curso de nuestra democracia. Hay que impedirlo. Los candidatos están llamados a ejercer una veeduría al respecto y a hablar en voz alta. Y también tendrán que plantearle al país, con coraje, propuestas efectivas para enfrentar el narcoasedio. Hasta ahora… pocón… pocón.
Taponazo. Los negociadores de la ‘paz total’ andan extraviados en los territorios, dizque dialogando con los responsables del terrorismo.
NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA
