En nuestro ordenamiento jurídico están garantizados, en cabeza de toda persona, los derechos fundamentales a la libertad de expresión del pensamiento y opiniones, a la información y a la libre opción política. De manera expresa, está prohibida la censura, en cualquiera de sus formas. Es lo propio de un sistema democrático, participativo y pluralista como el establecido en 1991.
En torno a la libertad de expresión, ha manifestado la jurisprudencia constitucional que es un pilar esencial de la democracia y un principio básico de la actividad pública y privada, en que se respeta la dignidad humana y se valora la participación de la ciudadanía, con miras a consolidar sociedades pluralistas y deliberativas.
Desde luego, no son derechos absolutos cuyo ejercicio pueda ser invocado para vulnerar los derechos de los demás, para transgredir el orden jurídico, ni para hacer llamados a la comisión de conductas delictivas.
Los derechos deben ser ejercidos de manera razonable y adecuada a sus fines, dentro de los límites del bien común y de las restricciones derivadas de otros derechos, como la honra, el buen nombre, la intimidad personal y familiar, la presunción de inocencia, el principio de legalidad. Un derecho no es una patente de corso para atacar y destruir. Por eso, la Constitución advierte que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en ella implica deberes y responsabilidades.
La jurisprudencia ha reiterado que toda persona tiene derecho a suministrar información y a recibirla, de manera veraz e imparcial. Ha sostenido que tal derecho es de doble vía, pues no solamente consiste en buscar, investigar y difundir informaciones, sino que se extiende necesariamente al receptor de las informaciones, cuyo derecho debe ser respetado, sin manipulaciones ni falsedades. Para la Corte Constitucional (Sentencia T-512/92), “no siendo un derecho en un solo y exclusivo sentido, la confluencia de las dos vertientes, la procedente de quien emite informaciones y la alusiva a quien las recibe, cuyo derecho es tan valioso como el de aquel, se constituyen en el verdadero concepto del derecho a la información”.
Invocando las aludidas libertades, no pocos hacen uso de redes y medios únicamente para presentar informaciones falsas o tergiversadas, sindicaciones y amenazas.
Tocamos el tema a propósito del uso abusivo de estas libertades en materia política. Aunque no se han iniciado formalmente a nivel institucional las campañas de 2026 –con el objeto de elegir presidente de la República y congresistas–, son muchas las inquietudes y preocupaciones que suscita la manera como se está adelantando el debate público, especialmente en medios, plataformas, cuentas virtuales y redes sociales.
Siendo tan útiles para el intercambio de ideas y opiniones en el seno de la sociedad, las modernas tecnologías de información y telecomunicaciones, deberían ser canales propicios que facilitaran el mayor conocimiento e ilustración del electorado sobre las distintas opciones, así como la formulación de propuestas y alternativas. Lejos de ello, se las está usando de manera tan desatinada que, en la mayoría de los casos, han perdido toda seriedad y se ha desvirtuado su credibilidad. Más que modalidades de comunicación, muchas de ellas han pasado a convertirse en medios de agresión y desinformación.
Invocando las aludidas libertades, no pocos usuarios –entre ellos, precandidatos y sus partidarios– hacen uso de redes y medios únicamente para presentar informaciones falsas o tergiversadas, sindicaciones y amenazas. Acuden a videos, audios, frases, consignas y calificativos orientados al desprestigio y la deshonra.
Todo ello da lugar a la formulación de tutelas y a denuncias penales por calumnia e injuria, congestionando aún más los despachos judiciales.
Brillan por su ausencia los argumentos, los fundamentos, el análisis, los criterios y las razonadas tesis, para solución de tantos problemas y urgencias que afectan a la población, en materia política, social, económica, ecológica, educativa, laboral, de salud, que deberían ser objeto del debate electoral que se avecina.
¿Por qué no adelantar una controversia inteligente, civilizada y respetuosa?
