La severa crisis fiscal que experimenta actualmente el Gobierno Nacional lo está llevando a explorar medidas inconvenientes contra el aparato productivo en momentos de recuperación de la economía. En una de las más recientes, el Ministerio de Hacienda publicó un borrador de decreto que eliminaría una exención a la sobretasa de energía a sectores como explotación de minas y canteras, agropecuario, servicios públicos, construcción e información y comunicaciones.
La decisión implica elevar un 20 por ciento el costo del servicio de energía eléctrica de las empresas de esas ramas productivas, para destinarlo al financiamiento de los subsidios de energía de los estratos uno, dos y tres. Asimismo, la administración Petro, en su búsqueda de recursos, pretende recaudar 1,2 billones de pesos con esta nueva carga y así disminuir el déficit actual de 3 billones de pesos que, junto con otros rubros, conforma el ‘apagón financiero’ que hoy azota al sector energético del país.
En principio, hallar una fórmula para buscar fuentes alternativas que permitan ayudar a cubrir el consumo eléctrico de los más humildes debe ser un propósito solidario. En eso acierta el Ejecutivo. No obstante, son varias razones las que sostienen la inconveniencia de imponer esta sobretasa –en la práctica, un nuevo impuesto– a estas actividades. En primer lugar, estos sectores son seleccionados por el Gobierno porque tienen “mejores márgenes de rentabilidad” y han desarrollado una eficiente gestión tributaria. En otras palabras, son ‘castigados’ con mayores cargas impositivas.
Segundo, aumentar estos costos energéticos constituirá un golpe a la competitividad de esos sectores económicos –unos en ‘bonanza’ y otros en innegable contracción–. Por ejemplo, en el caso de las empresas minero-energéticas, estas no aguantan un impuesto ni una carga adicional, y su capacidad de atracción de inversión extranjera y de desarrollo de nuevos proyectos continuará impactándose negativamente. Para los agroindustriales, dinámicas positivas no deberían transformarse en más cobros gubernamentales.
En vez de mejorar el diseño del esquema de ayudas, el Gobierno Petro toma el camino de ponerles más cargas a las empresas
Si bien las cifras del Ministerio de Hacienda promedian en 0,13 por ciento el efecto total de esta medida para todos los renglones involucrados, los consumidores finales, por una u otra vía, terminarán afectados. Un tercer aspecto toca a la ausencia de una propuesta gubernamental para focalizar mejor estos subsidios eléctricos y corregir errores que, según algunos gremios, alcanzarían el 60 por ciento. En vez de mejorar el diseño de este esquema de ayudas y racionalizar su creciente costo, la administración Petro toma el camino de ponerles más cargas a las empresas.
Esta discusión sobre la sobretasa energética se está presentando en una coyuntura en la que el gobierno Petro ha radicado un proyecto de ley de Presupuesto de la Nación para 2026 que no contempla un esfuerzo tangible de austeridad. En otras palabras, en vez de tomar medidas para elevar los costos de operación de estos sectores productivos, la Casa de Nariño podría reflejar un mayor compromiso con la reducción de los gastos de funcionamiento, el control del derroche burocrático y liberar recursos que desactiven la crisis financiera del sector energético.
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