La semana pasada se conoció el borrador de la ley de competencias, que busca implementar la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones (SGP). A finales del año pasado, el Congreso de la República aprobó este acto legislativo que aumentará el porcentaje de los ingresos corrientes que la Nación transfiere a las regiones del actual 28 por ciento hasta el 39,5 por ciento en un período de 12 años a partir de 2027.
Esta reforma constitucional constituye la transformación más radical del Estado colombiano en décadas, ya que no solo cambia el mecanismo por el cual los recursos fluyen del centro a los territorios, sino que también pretende materializar la promesa incumplida de la descentralización efectiva de la Constitución de 1991. La ley de competencias, propuesta por el Gobierno, es crucial para la entrada en vigencia del acto legislativo porque reorganiza tanto la destinación de los ingresos como las responsabilidades del Gobierno central, los departamentos y los municipios.
Además, en momentos de severa crisis en las finanzas públicas, una reorganización de esta naturaleza y magnitud no puede generar mayores presiones fiscales en los próximos años de las que ya enfrenta el Gobierno Nacional. En otras palabras, en los detalles de estas definiciones está la capacidad de esta reforma de profundizar una verdadera descentralización sin generar un riesgo irreparable para la estabilidad fiscal. La lectura inicial de este borrador, que la administración Petro ya está socializando, despierta optimismo en unos aspectos y alertas en otros frentes.
Entre los primeros está la ratificación del “cierre de brechas” como uno de los principios que guían esta transformación, y que se refleja, en otros temas, en la recategorización de los entes territoriales y en el énfasis de la ejecución del servicio por el “nivel más próximo a la ciudadanía”. No obstante, el articulado podría definir con mucha mayor claridad operativa esas responsabilidades, capacidades y autonomía de municipios y departamentos en el desarrollo de proyectos regionales y en la prestación de los servicios.
La lectura inicial del proyecto, que el Gobierno ya está socializando, despierta optimismo en unos aspectos y alertas en otros frentes
Otro elemento del proyecto que ya desató críticas son las competencias para la salud. El gobierno Petro está diseñando esta ley con miras a la consolidación del modelo que persigue su reforma de la salud, que sigue aún en trámite en el Congreso y está lejos de un consenso.
Un ejemplo específico de lo anterior está en la distribución del 90 por ciento de los ingresos en salud hacia los centros de atención primaria (Caps), eje fundamental de la propuesta petrista. Es decir, usar la ley de competencias para adelantar una reforma de la salud “por la puerta de atrás”.
Por último, queda en los hombros del Gobierno Nacional demostrar sin atisbo de duda la sostenibilidad fiscal de este proyecto de ley de competencias. Una descentralización con aspectos macroeconómicos desestabilizadores no tendrá buen futuro. Este borrador aún cuenta con muchos elementos por ajustar; eliminar y detallar y las jornadas de socialización con distintos sectores es el espacio ideal para esa discusión democrática.
EDITORIAL
editorial@eltiempo.com
