La noticia fue publicada hace pocos días, pero pasó inadvertida para el público en general. Se trata de la convocatoria de una subasta de cargo por confiabilidad, que se definirá el próximo marzo, con el objetivo de asegurar la energía que necesitará Colombia a finales de la presente década.
El asunto puede parecer lejano, debido a que no tiene que ver con una urgencia inmediata. La verdad es que no es así, y menos en un sector donde las realizaciones toman tiempo, el cual, además, está sometido a presiones de diversa índole.
Si bien el país atraviesa una época de relativa tranquilidad en la materia, debido a que la temporada de lluvias ha sido intensa y la generación a partir del agua suple gran parte de la demanda, no hay que caer en la complacencia. Como bien lo advierten los especialistas, los embalses llenos nos dan una seguridad que se mide en meses, no en años.
Más preocupante todavía es que la capacidad del parque actual se ha venido copando ante el aumento del consumo. En el momento en que llegue una sequía fuerte, el margen de maniobra será mínimo y cualquier imprevisto puede obligar a un racionamiento.
Desde hace tiempo los expertos han hecho sonar las alarmas, en particular porque la energía en firme que debería haber entrado al sistema no se ha concretado. Aunque el Gobierno celebra que los parques solares ya construidos o en desarrollo apuntan a aportarle al sistema interconectado varios gigavatios, hay que recordar que esa capacidad extra solo está disponible durante el día y en las horas de mayor luminosidad.
Debido a ello, las fuentes tradicionales –incluyendo las termoeléctricas movidas por gas, carbón o combustibles líquidos– seguirán siendo fundamentales para evitar un apagón. A este respecto, resultan inquietantes las señales negativas provenientes del Ejecutivo, que se traducen en incertidumbre y riesgos financieros al alza. Nada de eso sirve a la hora de atraer millonarias inversiones que son indispensables.
Entre los factores negativos que aparecen en el panorama está un marco institucional en entredicho, atribuible en parte al debilitamiento de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). A la lista se pueden agregar el intento de afectar el modelo tarifario, la hostilidad hacia los operadores privados, la caída de la producción de gas natural o la crisis de Air-e, cuyos crecientes atrasos en pagos amenazan con ocasionar una reacción en cadena.
El peligro de un racionamiento persiste y evitarlo debe ser una prioridad, tanto de este gobierno como del que le seguirá
Tales tropiezos se combinan con dificultades de vieja data como la demora en los permisos, el calvario de las consultas previas y los obstáculos que protagonizan diversas comunidades. Un ejemplo fehaciente de lo difícil que es completar los emprendimientos es el de Bogotá, en donde un par de redes de interconexión críticas llevan años de atraso, debido a lo cual se han afectado numerosos proyectos industriales, comerciales y residenciales.
Así las cosas, es bueno que se reanude el proceso de expandir la oferta de energía, pero todavía es demasiado temprano para cantar victoria. Aun si el desenlace es favorable, el peligro de un racionamiento persiste y evitarlo necesita convertirse en una prioridad, tanto de este gobierno como del que le seguirá.
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