La estabilidad de un sistema democrático depende en buena parte de la credibilidad que a los ciudadanos les inspire los organismos encargados de registrar la voluntad popular y de garantizar que las elecciones se realicen respetando los procedimientos legales en materia de financiación, igualdad de condiciones y normas de organización partidista.
La comunidad internacional, mayoritariamente, no respetó el resultado en Venezuela que desconoció el triunfo de la oposición a la dictadura de Maduro por cuanto desde hace tiempos ese gobierno ha cooptado el poder judicial y el Tribunal Electoral, encargado precisamente de garantizar la pureza del sufragio.
Aun cuando en pocas ocasiones –particularmente en el siglo XIX y comienzos del XX– se dieron situaciones que justificaron la frase que entonces hizo carrera: “El que escruta elige”, en general, el país ha tenido un sistema electoral confiable. Solo a comienzos del siglo XX se habló de “chocorazo” en la discutida elección indirecta de Rafael Reyes en 1904. En 1970 surgió la hipótesis –no probada plenamente– de que hubo un desconocimiento de la voluntad popular en la elección de Misael Pastrana, el último presidente del Frente Nacional, hipótesis que dio lugar al surgimiento del movimiento armado M-19.
En la garantía del resultado electoral intervienen: las Fuerzas Militares y de Policía, que con el uso legítimo disuasivo de las armas logran que los ciudadanos puedan votar libremente; los jueces, como escrutadores; el Consejo de Estado, que atiende las demandas; la Registraduría Nacional, que es el imparcial notario y organizador de los comicios; la Procuraduría General, que vigila las acciones de los funcionarios; la Fiscalía, que investiga los delitos contra la pureza del sufragio, y, desde luego, el Consejo Nacional Electoral. Eso por no hablar de los casi 800.000 colombianos que ejercen ese día como jurados de votación.
El Consejo de Estado, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, está resolviendo las demandas de manera oportuna.
Durante muchos años existió, con gran credibilidad ciudadana, la Corte Electoral, integrada por exmagistrados, sin sueldo y sin aparato burocrático, que solo sesionaban en elecciones y que conferían las credenciales después de analizar rigurosamente los resultados. En la Constitución del 91 se creó un completo “poder electoral” integrado por el Consejo Electoral, el Registrador Nacional y el Consejo de Estado. En honor a la verdad, hay que decir que, desde entonces a hoy, más allá de las denuncias que siempre se presentan no ha habido dudas fundadas sobre el resultado electoral.
Atrás quedaron los “chocorazos”. El actual registrador nacional, Hernán Penagos, como la inmensa mayoría de sus antecesores, es plena garantía de rectitud, eficacia y pulcritud en la organización de las elecciones. El Consejo de Estado, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, está resolviendo las demandas de manera oportuna. Ojalá el Gobierno garantice los recursos para la organización de las elecciones.
El Consejo Nacional Electoral formalmente dispone de amplias facultades para garantizar no tanto lo que ocurra el día de las elecciones y el escrutinio, sino lo más importante, que es lo que sucede antes: controlar la financiación de las campañas, fuente principal de distorsión democrática y de corrupción. Parecería que no tiene los dientes suficientes para hacerlo, como lo hemos visto en las investigaciones sobre lo que pasó en la última campaña presidencial. Sigue pesando sobre su credibilidad el origen político, ya que a los consejeros los clasifican, por ejemplo, entre partidarios y enemigos del gobierno, cosa que no debe suceder.
Pasado este debate, vale la pena revisar la integración y funciones del Consejo Electoral, no necesariamente para pensar en volver a la Corte Electoral.
Respeto a la Corte Constitucional
El Poder Judicial en pleno debe rechazar los ataques a la Corte Constitucional y los insultos proferidos hacia los magistrados que la integran. Ellos simplemente han cumplido con su deber legal. Me encuentro entre quienes consideran que, en términos generales, la reforma pensional es buena. La Corte, sin embargo, no analiza conveniencias o inconveniencias, sino si las normas fueron expedidas cumpliendo los procedimientos constitucionales. Es ofensivo el argumento populista de que, por pronunciarse sobre los vicios de trámite, la Corte está oponiéndose a que los “viejitos y viejitas”, puedan recibir un subsidio.
