Parece frase de cajón porque en Colombia cada semana suceden hechos cruciales, dado que de alguna manera determinan el curso de nuestra historia. Pero la próxima semana sí que va a marcar un hito en lo que se considera crucial, porque el país por fin conocerá las primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz contra quienes fueron miembros del último secretariado de las Farc y contra miembros de la Fuerza Pública.
En el caso de los primeros, el martes, por secuestro; en el caso de los segundos, el jueves, por ‘falsos positivos’. Estas primeras sentencias serán solo para quienes han reconocido sus delitos, que son quienes recibirán el beneficio de no ser enviados a la cárcel, sino de ser condenados a trabajos de restauración durante 5 a 8 años, en proyectos en una de estas cuatro líneas temáticas: búsqueda de desaparecidos, desminado humanitario, actos simbólicos de memoria, o protección ambiental.
Anticipo que la opinión pública será implacable porque será muy difícil explicar que, aunque la pena no sea ‘sembrar lechugas’, los trabajos en alguna de esas líneas tienen un efecto reparador para las 4.200 víctimas que fueron acreditadas en este macrocaso. ‘¿Qué pasa con las que no fueron reconocidas?, ¿qué pasa con las que habiéndolo sido no tienen salarios de congresista y escoltas?’, sé que se preguntarán muchos.
El magistrado Alejandro Ramelli, actual presidente de la JEP, ha explicado que una de las dificultades para emitir las sentencias está en que no han encontrado suficientes proyectos con duración de 8 años y con financiación garantizada por alguna entidad del Estado. Espera que el país valore que ese tribunal no se ha limitado a imponer penas sin prever la viabilidad de que sean cumplidas, y que esto le gane a la narrativa de quienes dirán ‘¿siete años para esto?’.
Estas primeras sentencias serán solo para quienes han reconocido sus delitos.
Sé que las voces del no al plebiscito resurgirán con fuerza y coparán todos los espacios para reaccionar a las sentencias. Por eso me anticipo a destacar un aspecto que quizá pasará de largo, pero que es muy valioso y que está ligado al desarrollo del secuestro como macrocaso: los crímenes asociados, como desplazamiento forzado, esclavitud y violencia sexual.
“Al señor policía Olmes, de verdad vergonzante lo que pasó con usted. Mucho más vergonzante que todo lo demás. Trato de entender lo duro que es pa’ usted hacer el esfuerzo que ha hecho para relatar su historia”, le respondió Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, a Olmes Johan Duque, miembro activo de la Policía, luego de que este narrara en una audiencia, hace 3 años, lo que le hicieron las Farc: “Los días que estuve secuestrado sufrí violación simplemente porque en un momento de combate di de baja… cayó una pareja sentimental de un guerrillero”.
Ese fue el primer atisbo de reconocimiento de delitos sexuales por parte de los excombatientes y seguramente ha sido importante para que mandos medios también reconozcan un delito que los avergüenza más que cualquier otro. El exguerrillero Jesús Mario Arenas le dijo hace dos meses a Ángela Damaris Díaz, violada por al menos 3 de sus hombres mientras la tenían amarrada a un palo: “Nosotros en las Farc consideramos la violación un delito… al violador se fusilaba… Para mí es duro aceptar la violación sexual… Yo entré a la guerrilla buscando un ideal, y la guerra nos ha transformado… A doña Damaris le dije que sentía vergüenza porque hombres nuestros cometieron eso”.
Con el dolor de patria que me deja ver apartes de varias audiencias, a mis compatriotas les digo que por mínimas que nos parezcan las penas, solo las víctimas pueden explicar la dimensión de estas. Solo Damaris sabe el valor que tiene haberles podido decir a los jefes de sus victimarios: “Vengo a dejarles en sus manos el miedo, el rencor, la vergüenza, la tristeza y la humillación que hemos cargado a causa de sus guerras”.
