A menos de 11 meses de la partida de Gustavo Petro, es hora de iniciar un inventario de los desastres que el peor gobierno en décadas nos deja como legado. Uno de los mayores daños que este personaje destructivo –y, como lo demuestra su día a día, también autodestructivo– nos heredará son las cerca de 300.000 hectáreas de cultivos de coca que, según las proyecciones, hay en el país, un 50 % más que cuando Petro llegó en 2022.
Para entender cómo se ha extendido ese océano de coca, con su secuela de crimen, narcodólares, descomunal daño ambiental y, claro, empoderadas bandas criminales a las que el Gobierno ha querido darles tratamiento de hermanitas de la caridad con su política de ‘paz total’, es necesario remontarse a 2015. Corría el segundo mandato de Juan Manuel Santos, cuando, en su afanosa búsqueda del Nobel de Paz, el mandatario quiso acelerar las negociaciones con las Farc en la mesa de La Habana, y les hizo el gesto –a ellos que andaban en el negocio– de suspender la aspersión aérea de narcocultivos con el herbicida glifosato.
Para justificar su renuncia a la única herramienta que había servido para erradicar esos sembrados (en la primera década del siglo, la aspersión aérea con glifosato los redujo de 180.000 hectáreas a menos de 60.000), el entonces minsalud, Alejandro Gaviria, produjo un documento sobre los efectos dañinos de esa fumigación en los campesinos y en su entorno.
La discusión sobre el glifosato es intensa. Pero en 2023, la Unión Europea extendió su licencia de uso por diez años, con base en un estudio de la Efsa (máxima autoridad europea para la seguridad de alimentos y sustancias) que informó que no había identificado en el uso del glifosato ningún “campo de preocupación crítica” para humanos, animales y medio ambiente, aunque advirtió que hacían falta más estudios.
Sea como sea, Santos suspendió la aspersión aérea con glifosato sin activar un plan B. ¿Resultado? Los narcocultivos, que ocupaban 43.000 hectáreas en 2012, se multiplicaron por cuatro, hasta 180.000 hectáreas en 2017. El gobierno de Iván Duque logró frenar el ascenso y para 2020 los bajó a 140.000. Pero la Corte Constitucional le exigió hacer consultas previas a las comunidades de las zonas por fumigar (los campesinos cocaleros, sometidos a las bandas criminales), antes de proceder a la aspersión aérea, y eso acabó de enterrar tan debatible pero efectiva herramienta.
Cuando Duque dejó la Casa de Nariño, los narcocultivos rozaban las 200.000 hectáreas. Petro no solo descartó la fumigación aérea, sino que redujo a mínimos la erradicación en tierra y, además, ató las manos a la Fuerza Pública y se las dejó libres a las bandas criminales: así, el área con matas de coca subió hasta 230.000 hectáreas en pocos meses. A fines de 2023 ya eran 253.000 hectáreas y, según las proyecciones hechas gracias a la vigilancia satelital, hoy son 300.000.
En 2023 –último año con cifras consolidadas–, Colombia produjo 2.700 toneladas métricas de cocaína, 53 % más que un año antes. Este año, esa cantidad puede estar por encima de las 3.000 toneladas, que salen por Ecuador, la costa Pacífica y, sobre todo, por Venezuela, rumbo principalmente a Estados Unidos y Europa. En consecuencia, Colombia está inundada de narcodólares, lo que en buena medida explica que la divisa verde haya caído de $ 4.800 a fines de 2022, a $ 3.900 hoy.
Petro no solo descartó la fumigación aérea, sino que redujo a mínimos la erradicación en tierra y, además, ató las manos a la Fuerza Pública y se las dejó libres a las bandas criminales
Esta abundancia de cocaína se refleja en los precios de venta a los consumidores. En Francia, por ejemplo, según el criminólogo galo Xavier Raufer, el gramo de cocaína cayó de 66 euros a 58 en apenas un año. Entre tanto, en Colombia, las bandas criminales están más poderosas que nunca: son ellas quienes controlan a cientos de campesinos que secuestran a los soldados; son ellas las que queman vivos a los uniformados o los matan en los helicópteros. Esta semana, Petro habló de regresar a la aspersión aérea. Puro cuento.
MAURICIO VARGAS
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