28/08/2025 a las 22:27h.
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Anda la parroquia tuitera con una indignación que ya quisiéramos observar en otros asuntos a cuenta de la tasa que el Ayuntamiento de Sevilla nos va a tener que cobrar por reciclar a partir del año que viene. La medida en sí tiene narices: resulta … que la Unión Europea aprobó una directriz en materia de gestión de residuos que obligaba a cobrar un impuesto para sufragar los costes de este servicio. O sea, que se pretende concienciar a la ciudadanía de que apueste por un modelo sostenible apretándole todavía más sus ya apuradas economías. Vamos, metiéndole la mano en el bolsillo. Todas las administraciones locales se han encontrado con este marrón tributario que durante dos años ha pagado el Consistorio hispalense de sus propios presupuestos. Pero la legislación obliga a que a partir de ahora lo costeen los vecinos y al alcalde Sanz no le ha quedado otra que asumir el precio de una medida que va en contra de su política de rebajar año a año las ordenanzas fiscales. Tiene que recaudar 40 millones de euros en 2026. Ahí es nada.
Pero en esta sociedad de la desinformación y las lecturas interesadas hay quien está intentando echarle el muerto a Sanz, aunque al menos en esta ocasión el gobierno municipal sólo se dedique a cumplir con lo que decidieron otros. La realidad es que cuando la directriz europea llegó al Ejecutivo de Pedro Sánchez, la ministra Montero se sacó de la manga una ley para obligar a los ayuntamientos a recaudar esta tasa y, por tanto, a asumir el coste político que la medida puede tener entre la ciudadanía. La vicepresidenta se lavó las manos, porque lo más normal hubiera sido que el impuesto lo cobrara directamente el Estado para evitar la absurda maniobra que hay que hacer ahora. Para que ustedes lo entiendan: la Ley 7/2022 obliga a los ayuntamientos a cobrar una tasa por reciclar para mandarle ese dinero al Gobierno y este remitirlo a Europa. Y digo yo, ¿no sería más fácil que lo recaudara directamente el Ministerio de Hacienda? Claro que sí, pues el dinero iría a las arcas del Estado sin intermediarios. Pero para qué hacer las cosas bien si con este lío de competencias son los gobiernos locales los que se llevan el rapapolvo ciudadano. Un capítulo más del manual de resistencia del impredecible Sánchez.
Los que mezclan churras con merinas andan pidiendo a Sanz que no cobre el ‘basurazo’ y que lo cambie mejor por la tasa turística. Como si de un catálogo se tratase y aquí cada uno pudiera elegir el impuesto que más le interesara según por donde sople el viento. Pero en esta ocasión están llamando a la puerta equivocada. Si prefieren no pagar por reciclar, la respuesta se la tendrá que dar el Gobierno de España que es quien creó esta legislación. Y si lo suyo es la tasa turística, la reclamación debe presentarse en San Telmo, pues es la Junta de Andalucía la que debe autorizarla. Pero la estrategia de estos indignados va más por desgastar al alcalde que por otra cosa y para eso ya tienen otros asuntos como el culebrón de los toldos de la Avenida. Que cada palo aguante su vela.
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