Es muy probable que si le preguntan a cualquiera de los ya casi cien “candidatos” a la Presidencia o de los más de mil aspirantes al Congreso sobre su “programa” de gobierno respondan: en primer lugar, la lucha contra la corrupción. En general, no pasa de ser una frase para descrestar. No ha existido, hasta ahora, ningún aspirante en la historia de Colombia que se lance diciendo que va a defender y a promover la corrupción.
Si en verdad alguien –sobre todo desde el Gobierno– quisiera hacer la tarea en serio, bastaría con aplicar la legislación vigente. Tenemos tal vez las penas más altas en América Latina para sancionar los delitos de peculado, concusión, cohecho –incluido el político– y todas las modalidades delincuenciales asociadas a la contratación pública. Bastaría con hacer cumplir la norma del Código Penal sobre enriquecimiento ilícito, para cuya configuración basta una simple comparación entre ingresos y egresos de los funcionarios del Estado.
Con la tecnología actual, utilizando apenas la inteligencia natural sin necesidad de acudir a la artificial, entidades como la Uiaf, la Dian, el CTI de la Fiscalía y otros organismos de investigación podrían fácilmente hacer un “rastreo” de bienes a quienes se enriquecen de la noche a la mañana o, a veces, a meses o años en el ejercicio de funciones públicas. El problema no está en las normas, como se pretendió hacer creer con la llamada consulta anticorrupción, impulsada por personas respetables como Claudia López y Angélica Lozano y otros compañeros ‘verdes’, menos respetables, como Carlos Ramón González, Sandra Ortiz y Olmedo López.
La corrupción está incrustada en el “sistema político”. Cuando todo el mundo acepta que puedan gastarse miles de millones de pesos para hacerse elegir, desde edil hasta presidente, están de alguna manera “autorizando la corrupción”. Con razón Galán insistía en la necesidad de cambiar la forma de hacer política. El elegido recupera la “inversión” repartiendo puestos, contratos y coimas.
La ausencia de un control real del Congreso sobre los actos del Gobierno y de la administración es un gran catalizador de la corrupción. Aquí se caían más ministros con un buen debate parlamentario que ahora con el remedo de la moción de censura, que termina es atornillando al ministro cuestionado.
Si se quiere combatir la corrupción hay que cambiar el sistema político. Lo demás es carreta.
Desde luego, el gran acelerador es el “cohecho político” en virtud del cual los gobiernos –el de Petro no fue el iniciador de la práctica, aunque sí el continuador– intercambian puestos y contratos por apoyos para sus proyectos en el Congreso. El clientelismo ha sido uno de los disparadores de la corrupción que, además, ha acabado con la separación de poderes indispensable para que una democracia funcione de verdad.
Ya el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo ha develado en todo su esplendor el cohecho político cuando el hombre más cercano y poderoso del Gobierno está huyendo por una fundada acusación de organizar, en palabras de la Fiscalía, una empresa criminal para cambiar votos por contratos, en la que estarían involucrados ministros y congresistas, ya que el cohecho es un delito bilateral que lo comete el que peca por la paga y el que paga por pecar.
Este fin de semana las revistas Semana y Cambio, “con pruebas al canto”, como repetía López Michelsen, documentaron dos casos clarísimos de cohecho político. La primera revela la forma como se le entregó la Unidad de Víctimas a un político santandereano (Gustavo Moreno) apoyado por un clan regional que se hizo elegir por la Alianza Social Independiente (ASI), pero que entró a En Marcha, donde ha habido feria de puestos y contratos. El Senador en contraprestación ha votado todos los proyectos del Gobierno, dando muestras de gratitud. Este caso muestra, además, cómo la ausencia de partidos, reemplazados por siglas intercambiables, facilita la corrupción, pues los gobiernos no negocian con organizaciones políticas sino al detal con cada congresista.
La revista Cambio vuelve otra vez sobre el conservador Ape Cuello, hoy soporte de un gobierno supuestamente de izquierda como lo había sido de gobiernos de derecha, a quien se le entregó un ministerio para sus fines clientelistas. Y eso que no repitió su relación con la afortunada Juliana Guerrero.
Si se quiere combatir la corrupción hay que cambiar el sistema político. Lo demás es carreta, como diría mi paisano Juan Diego Alvira.
