¿Quién responde por los siete muertos y cinco heridos privados de la libertad que se registraron tras el motín de la estación de Funza? ¿Los policías que ese momento estaban prestando guardia? ¿La Policía como institución que está cumpliendo funciones que no le corresponden? ¿La alcaldesa de Funza, que posiblemente no hizo las gestiones pertinentes para solucionar este problema? ¿El Inpec, que no ha trasladado a las personas privadas de la libertad que deberían estar en cárceles nacionales? ¿El Ministerio de Justicia, que en las dos últimas dos décadas no ha hecho casi nada para solucionar el alto hacinamiento en cárceles, URI y estaciones del país? ¿Los alcaldes y gobernadores, que deben contribuir a solucionar este grave problema?
Se puede asegurar que todos son responsables, pero cada uno saldrá con cartas, comunicados, documentos y proyectos para demostrar que algo hicieron y ninguno reconocerá su responsabilidad en esta tragedia, que no va a ser la última, si se tiene en cuenta que hoy en estaciones de policía y unidades de reacción inmediata (URI) de la Fiscalía están recluidos más de 23.000 hombres y mujeres que llevan meses y años sobreviviendo en menos de un metro cuadrado, con un hacinamiento del 190 %, sin que las autoridades anteriormente mencionadas hayan hecho algo para solucionar esta flagrante violación de los derechos humanos.
A fin de cuentas, desafortunadamente, los investigados, juzgados y condenados por la Fiscalía, que ya abrió investigación, serán los servidores públicos, como sucedió con el caso de las nueve personas muertas en el incendio del CAI de Soacha el 4 de septiembre de 2020, donde la Policía fue condenada a indemnizar a algunos familiares y fueron destituidos dos policías.
Hoy existe un alto riesgo de que las tragedias de Funza y Soacha se repitan, y con mayores consecuencias, si se tiene en cuenta que existen sitios con hacinamientos del 500 %, “carceletas”, como las llaman en estaciones y URI, con capacidad para 80 personas y donde están amontonadas 400, sin que el Ministerio de Justicia y el Inpec reconozcan que este problema hace parte del hacinamiento global, que supera el 50 % a nivel nacional.
Para solucionar este grave problema la Corte Constitucional hace tres años, a través de la Sentencia SU-122 de 2022, extendió la declaración del estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario a las URI y estaciones hacinadas y ordenó un plan de acción en dos fases: una transitoria y otra definitiva.
Hasta el día de hoy estas órdenes de la Corte Constitucional son letra muerta.
En la primera, las alcaldías que tienen bajo su jurisdicción las URI y estaciones hacinadas tenían un (1) año para construir o adecuar inmuebles con condiciones adecuadas para recluir temporalmente a las personas que no han sido trasladas a una cárcel. Con relación a las medidas definitivas ordenó que, en 6 años –ya pasaron tres– todas las entidades territoriales, especialmente los departamentos, el Distrito Capital y capitales de departamento, debían construir cárceles para garantizar que la detención preventiva se cumpla en condiciones dignas.
Hasta el día de hoy estas órdenes de la Corte Constitucional son letra muerta, las alcaldías y gobernaciones no las han cumplido y no se sabe de dónde van a sacar los recursos los municipios, para construir o adecuar espacios de reclusión temporal y definitivos.
Un municipio o un departamento para construir un espacio de reclusión temporal requiere entre 20.000 y 30.000 millones, y para una nueva cárcel, algo más de 200.000 millones de pesos, cosa un poco difícil pero no imposible de realizar para algunas ciudades capitales y departamentos.
En el caso del Gobierno nacional, definitivamente no va a hacer nada y parece que no le interesa buscar soluciones a esta problemática, como ha sucedido en materia de seguridad ciudadana y de los territorios hoy gobernados por los distintos grupos armados ilegales tras el fracaso de la ‘paz total’.
