La oposición y los sectores independientes del Congreso de la República se la van a jugar para que el Presupuesto General de la Nación de 2026 no sea decretado, tal y como sucedió el año anterior. Para ello, este martes arranca una maratón de nueve días con el fin de buscar consensos, pues el 24 de septiembre debe estar aprobado el proyecto en primer debate o habrá dictadura fiscal.
Con la jugada de los aliados de la Casa de Nariño que evitó la discusión del monto –el jueves pasado rompieron el quorum de las comisiones económicas y no volvieron a convocar–, comenzó a pavimentarse el camino para que el Gobierno emita el ‘decretazo’ del presupuesto. Lo anterior significaría que el presidente Gustavo Petro gobierne casi la mitad de su periodo en dictadura fiscal, un hecho sin precedentes en la historia reciente del país.
El presidente Gustavo Petro en alocución. Foto:Presidencia
Según la ley, antes del 15 de septiembre las comisiones económicas debían pronunciarse con respecto al monto de 556,9 billones de pesos, plata con la que no cuenta la Nación y su aprobación implicaría amarrar el proyecto a una reforma tributaria de 26 billones de pesos, la cual ya camina en el Legislativo. Si bien la oposición intentó reducir el monto a una cifra que no implicara tramitar una tributaria, el oficialismo se la jugó para que no se tomara una decisión.
Armando Benedetti insiste en monto de 556,9 billones de pesos
Desde la Casa de Nariño hubo un doble discurso. Mientras el ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijo que estaban dispuestos a reducir el monto en 10 billones de pesos, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el presupuesto no se debatiría por menos de 556,9 billones. Y por ahora va ganando el pulso el jefe de la cartera política.
Debate de las comisiones económicas con el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Foto:MAURICIO MORENO
“Esta nueva propuesta busca lograr un consenso y acuerdo con el poder legislativo para poder tener el próximo año un presupuesto y una ley de financiamiento acordada con el Congreso”, manifestó Ávila ante el Legislativo, previo a que sus aliados impidieran el debate. “Pésele a quien le pese, tenía razón. Dije que el Presupuesto Nacional se iba a discutir con base en los 556 billones de pesos. Y así será”, aseveró el ministro Benedetti en un video divulgado en sus redes sociales en la noche del pasado jueves.
En este punto comienza un debate jurídico, pues la ley no es clara sobre los caminos a seguir. Algunos expertos aseguran que al no haber un pronunciamiento de las comisiones económicas se entiende negado el proyecto. Pero ese no será el camino que tomará el Capitolio, que seguirá la misma ruta planteada el año anterior, cuando el país se enfrentó ese insólito debate.
Nueve días para aprobar el monto
La idea de la oposición y los sectores independientes es ahora presentar ponencias alternativas para el primer debate, en el que a través de discusión de artículo por artículo se reduciría el monto. El oficialismo insistirá en una ponencia de 556,9 billones de pesos. Y, según la ley, hay plazo hasta antes del 25 de septiembre para que las comisiones económicas aprueben el proyecto en el primer debate.
“Aprobaron un monto elevado, inflado, de 557 billones, y el Gobierno quiere una tributaria por 26 billones, la más alta de la historia. Nos oponemos a ella, porque afecta a los ciudadanos, a los que se les clava más impuestos. En estos 9 días tenemos que aprobar artículo por artículo, y hay unos donde se le da facultades al Presidente para hacer movimientos a su antojo en algunos rubros”, aseguró la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde.
La senadora Angélica Lozano. Foto:Néstor Gómez / El Tiempo
Desde el Capitolio han advertido de los riesgos de repetir la historia del año pasado, especialmente por artículos que dan facultades al Ejecutivo para apropiarse de vigencias futuras. Así lo señala el artículo 88, que de llegar a la discusión punto por punto sería uno de los que buscarían eliminar con el propósito de no dejar endeudados a futuros gobiernos.
“Creo que lo que quiere el Gobierno es que le hundamos el presupuesto para sacarlo por decreto y que queden incluidos algunos artículos malsanos y peligrosos, como el 88, que dice que el Gobierno puede disponer de las vigencias futuras”, enfatizó el senador conservador Efraín Cepeda en diálogo con este diario. A renglón seguido agregó que, “cuando se hace una obra de alianza público-privada, esta se ejecuta durante varios años. El Ejecutivo tiene que comprometer presupuesto para que esas obras, acompañadas de la inversión privada, se puedan ejecutar. Si se dispone de esos recursos, todas esas obras –que están en ejecución y se ejecutaron en gobiernos anteriores y que los ciudadanos esperan– quedarán paralizadas. ¿Para dónde van esos recursos? ¿Para su campaña política?”.
El expresidente del Senado Efraín Cepeda. Foto:Senado / Efraín Cepeda
Además, Cepeda ha sido uno de los que ha llamado la atención por la baja ejecución del Gobierno, por lo que se pregunta para qué quiere más dinero cuando ya se demostró que la actual administración no tiene la capacidad de hacer uso adecuado del dinero de los colombianos. “El Gobierno pretende cargar de más impuestos a los colombianos mientras deja billones sin ejecutar. En 2024 fueron 80 billones de pesos sin ejecutar y en el 2025 ya van 69 billones represados”, señaló el expresidente del Senado durante una reciente sesión plenaria.
Presidente del Congreso hace llamado para dar debate
De otro lado, el presidente del Congreso, el liberal Lidio García, cuestiona la presentación, una vez más, de un presupuesto desfinanciado que los lleva a una tributaria en vísperas de elecciones. “Eso es lo más impopular que puede existir en este momento y no sé quién se va a someter a votar una reforma tributaria en un contexto tan álgido de la política”, apuntó. García ha hecho varios llamados para buscar consensos y que haya ley y no decreto. “Que el Congreso le apruebe el presupuesto al Presidente sería un buen mensaje para dar tranquilidad. Pero un presupuesto que permita cumplir fielmente con las necesidades del pueblo colombiano”, señaló.
Lidio García, presidente del Senado. Foto:Milton Díaz. EL TIEMPO
El oficialismo parece no ceder. Aseguran que la intención de reducir el monto afecta a las clases más desfavorecidas. “Nosotros no cederemos ante la agenda de quienes prefieren castigar a la población con austeridad mientras los más grandes conglomerados pagan menos impuestos que los microempresarios. Los megaricos deben pagar su justa parte”, dijo la representante del Pacto Histórico María del Mar Pizarro.
Pero no hay ambiente para eso y llegar a consensos no parece una tarea sencilla. Para tomar una decisión en ese debate, las cuatro comisiones económicas deben votar en el mismo sentido y hoy los independientes y opositores gobiernan en Senado, mientras que el oficialismo reina en Cámara.
Si las económicas toman una decisión, ahora el pulso será en plenarias de Senado y Cámara y la fecha límite para que el presupuesto esté aprobado y conciliado es el 20 de octubre. Si ese día no hay un pronunciamiento definitivo del Congreso, la iniciativa debe ser expedida vía decreto tal y como se presentó por parte del Gobierno, es decir, con los 556,9 billones de pesos y necesitando de una tributaria para cumplir con todos sus objetivos.
Sin embargo, si no se aprueba el presupuesto es poco probable que se apruebe la reforma que trae atada, por lo que la Casa de Nariño deberá, nuevamente, emitir otro decreto de aplazamiento presupuestal, como sucedió con el presupuesto del 2025.
MATEO GARCÍA
Subeditor de Política
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