En diciembre pasado se aprobó en su octavo, y último debate, la reforma constitucional del sistema general de participaciones (SGP), que son las transferencias que les hace el nivel nacional a los departamentos y municipios para que atiendan asuntos de educación, salud y saneamiento básico. Se determinó que desde 2027 y por un periodo de 12 años se irá haciendo un incremento paulatino para que el dinero de este rubro pase de ser el 28,5 por ciento de los dineros corrientes de la nación al 39,5.
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Asimismo, se dejó claro que para que pueda entrar en vigor dicha reforma deberá tramitarse una ley de competencias en la que se repartan las funciones entre el nivel nacional, departamental y municipal en los tres ejes fundamentales del SGP. Esto como una forma de evitar una mayor destinación de recursos al nivel territorial y que las labores queden concentradas en las instancias nacionales. Es un ejercicio de descentralización, entregar competencias y recursos para hacerlas.
Entre el cronograma inicial se esperaba que dicha propuesta se hiciera en el primer trimestre de 2025, se socializara de abril a junio y que el 20 de julio fuera radicada para su trámite en la última legislatura. A la redacción del texto lo afectó el remezón ministerial de comienzos de año y apenas comenzó la socialización de la propuesta.
Solo hasta la semana pasada, el texto fue presentado a comunidades indígenas y se adelantó un proceso de consulta previa. Ya se sorteó esta etapa y se espera que durante los próximos días se haga un proceso similar con Fedemunicipios, Fededepartamentos, Asocapitales, Asointermedias, Fecode y otras instancias. Se tomarán sus observaciones y se harán las modificaciones para presentar el texto final al Congreso.
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EL TIEMPO conoció en primicia el texto que en las próximas semanas será socializado. El proyecto de ley tiene en total 176 páginas, sin incluir la exposición de motivos, y 201 artículos. Más allá de lo extenso del texto, la propuesta promete ser una de las mayores reformas del aparato estatal colombiano desde la Constitución de 1991.
La propuesta entra a definir cómo será el proceso de entrega de competencias y cómo se repartirán los recursos que provengan del SGP, siempre bajo la consigna básica del cierre de brechas. En el borrador queda claro que las competencias se ejercerán “por el nivel de gobierno más próximo a la ciudadanía”.
Es decir, en el nivel municipal quedará propiamente la prestación del servicio; en el nivel departamental, la articulación regional y la cooperación técnica; y en el nivel nacional, la formulación de la política y la vigilancia, con los sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación. Como se entra a disponer de mayores recursos en los niveles locales, se recalca en el proyecto en el seguimiento y vigilancia de la ejecución, fortaleciendo sobre todo los controles ciudadanos y territoriales.
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El texto entra a definir de forma muy detallada las labores que asumirá cada instancia en los temas de salud, educación y saneamiento básico. En cuanto al nivel municipal se consignó que deberá prestar la educación desde el preescolar hasta el tránsito a la superior, la prestación de los servicios de agua apta para consumo humano y el saneamiento básico y la atención básica de salud. Sobre este último sector, el texto está formulado en la misma clave de la actual reforma de la salud que está estancada en el Congreso –con poco ambiente–, refiriéndose a los centros de atención primaria (Caps), equipos de salud territorial, entre otros aspectos.
La propuesta deja claro desde el comienzo que la asignación de tareas a los niveles regionales “deberá realizarse de forma gradual, progresiva y simultánea”. Es decir, solo se irán entregando las funciones a los municipios y departamentos en la medida que vayan estando preparados para ello. Asimismo, se les asigna al Estado nacional y al nivel departamental la tarea de ir preparando a los municipios para que tengan las capacidades técnicas para las nuevas asignaciones.
En materia de educación y salud se pone como condicional la certificación de los municipios para que puedan entregarse las competencias correspondientes o sus funciones serán asumidas por el nivel departamental. Por otro lado, en Amazonas, Guainía y Vaupés se deja claro que el departamento asumirá las funciones del nivel local en aquellas zonas no municipalizadas.
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El proyecto contempla la posibilidad de que el nivel central vuelva a asumir funciones en caso de que haya riesgo de su incumplimiento por parte de alguna de las instancias inferiores. Pero debe haber un plan para que en máximo 5 periodos fiscales se devuelvan a su instancia correspondiente. Asimismo, se abre la puerta a que los municipios y departamentos puedan “asociarse libremente” para poder ejercer de forma conjunta las competencias y buscar fortalecer su propia institucional. Por otro lado, el nivel territorial podrá pedir el ejercicio de competencias propias del nivel nacional, para lo que deberá demostrar las capacidades para poder hacerlo.
La entrega de recursos
En el borrador se entra a reformar la forma en que se clasifican los departamentos y municipios para la distribución de recursos. La actual clasificación por criterio de cantidad de habitantes –criticado por tener la mayoría de municipios de Colombia en categoría 5 y 6– se cambiaría por una que tenga en cuenta capacidades fiscales –pobreza estructural– e institucionales, densidad poblacional y conectividad territorial.
Bajo esos nuevos criterios, en el nivel municipal se pasaría a tener las categorías de distrito capital, ciudades grandes y grupos del uno al cinco y en los departamentos se categorizarían entre grupos del uno al tres. Bajo esa nueva jerarquización, a los municipios y departamentos ubicados en los niveles más bajos se les priorizaría “la asignación de recursos del Sistema General de Participaciones y autorizar su libre destinación en materia de funcionamiento e inversión”.
También se contempla una categorización especial por atributos como “prevalencia étnica, ambiental, vocaciones productivas específicas y ruralidad”. Servirá para la entrega de competencias diferenciadas o excepciones para su ejecución, así como definir fuentes diferentes de financiación y acompañamientos para la gestión territorial.
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En el texto conocido por este diario también se deja constancia de cómo será la distribución del SGP. El 96 por ciento será por los rubros primarios, que se distribuirán de la siguiente manera: 58,5 por ciento para educación, 24,5 por ciento para salud, 5,4 para saneamiento básico y 11,6 para propósito general, que es una especie de libre destinación para servicios públicos, vivienda, desarrollo rural y agropecuario, transporte, ambiental, centros de reclusión, deporte y recreación, cultura, prevención y atención de desastres, promoción del desarrollo, atención a grupos vulnerables, desarrollo comunitarios, fortalecimiento institucional, equipamiento municipal, justicia y empleo.
El 4 por ciento restante se distribuirá un 0,52 por ciento para los resguardos indígenas, 0,08 por ciento para los municipios que limiten con el río Magdalena, 0,5 por ciento para el PAE y 2,9 por ciento para el Fonpet.
El choque entre Reyes y Petro. Foto:
JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO
Redacción política
