El expresidente de la Generalitat y entonces jefe de la oposición, Artur Mas, asegura que el PSOE no consideraba al presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, como un interlocutor válido para negociar el Estatut que salió del Parlament. En declaraciones a la ACN, defiende que, aunque no le correspondía, asumió el “coste político” de llegar a un acuerdo con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. “No me arrepiento”, ha dicho. Veinte años después de que el Parlament aprobara el texto con el apoyo del 90%, la ACN ha hablado con algunos de los negociadores. Joan Ridao (ERC) cree que aquel Estatut fue un “espejismo”, Jaume Bosch (ICV) propone recuperar aspectos recortados, mientras que Lídia Santos (PSC) apuesta por desarrollar el Estatut vigente.
“Apoyaré la reforma del Estatut que apruebe el Parlament de Catalunya”. Esta promesa, pronunciada por el entonces presidente Zapatero durante la campaña de las elecciones catalanas de 2003, dio el pistoletazo de salida al nuevo Estatut, que empezó a redactarse en Miravet (Ribera d’Ebre). Mas defiende que, ante este compromiso, los partidos catalanistas debían “presionar” al máximo. “Si el presidente del Gobierno nos decía que todo aquello en lo que nos pusiéramos de acuerdo en Catalunya sería respetado en Madrid, debíamos explicar qué queríamos desde Catalunya y no a la baja, sino con un horizonte lo más amplio y ambicioso posible“, añade. El problema, según Mas, es que “no se respetó la palabra de Zapatero” y señala que el PSC presentó enmiendas en el Congreso para modificar el Estatut aprobado en el Parlament.
Ante esta situación, Mas dice que se tuvo que optar en el marco de una “gran disyuntiva”: “O dábamos la cara sabiendo que tendremos que recortar una parte o nos quedamos sin nada, porque los socialistas no lo habrían aguantado”. Cuatro meses después de que el Parlament aprobara el Estatut, el entonces jefe de la oposición acudió a la Moncloa el 23 de enero de 2006 para cerrar un acuerdo. Una situación que el propio Mas considera “anómala”. “A mí no me correspondía liderar ese pacto porque yo no era el presidente de la Generalitat. Podía haberlo sido, porque habíamos ganado las elecciones, pero se hizo el tripartito. Y, por tanto, el presidente de la Generalitat era Pasqual Maragall“, ha apuntado.
El expresidente de la Generelitat, Artur Mas, en una imagen actual. / Mariona Puig / ACN
Mas ha revelado que, desde el primer momento, el PSOE le transmitió el mensaje de que no consideraban a Maragall como un interlocutor válido. Y que querían entenderse especialmente con CiU, que entonces era el partido con más diputados en el Parlament. “El presidente Maragall sabía perfectamente que esto era así. Yo creo que no le gustaba, pero lo aceptó porque pretendía que el Estatut, que era también en gran parte obra suya, saliera adelante”, ha añadido.
Mas defiende que asumió el “coste político” y las “críticas” teniendo en cuenta las “reglas del juego” que había fijado el PSOE. “Hubo gente que se enfadó, hubo gente que quería más, y yo también, pero hacíamos parte del camino. Nos quedábamos a medio camino, pero hacíamos medio camino”, ha reivindicado. Según Mas, la negociación del Estatut en Madrid salió “razonablemente bien”, aunque “no del todo bien”.
Un pacto a la baja
En cambio, para el negociador de ERC durante el trámite en el Parlament, Joan Ridao, el Estatut que salió del Parlament era un “cierto espejismo” porque fue producto de la “disputa partidista” y del “exceso de cálculo egoísta de algunos grupos políticos”. Según Ridao, algunos partidos “fueron subiendo el listón” durante el debate en la ponencia sabiendo que, después, seguramente “no podrían mantener el tono”. “La prueba es que pocas semanas después Mas y Zapatero acuerdan la rebaja e incluso votan en contra de algunos aspectos que había acordado el Parlament. Y el PSC, instigado por el PSOE, plantea diferentes observaciones contra el texto aprobado en el Parlament ante el Consell de Garanties Estatutàries”, señala Ridao.
El ponente del Estatut, Joan Ridao, en una imagen reciente en el Parlament. / FERRAN NADEU
Lídia Santos fue la negociadora del PSC durante el trámite estatutario en el Parlament. Veinte años después, defiende que el Estatut vigente es “un instrumento que sigue siendo bueno” y apuesta por desarrollarlo. Y, en esta línea, cita la financiación y los servicios sociales como las “dos piezas esenciales”. “Hemos tenido más de 10 años perdidos porque pusimos el nuevo Estatut en la nevera y se dio por perdido. Pongámoslo en activo porque tiene un potencial enorme y yo creo que, en estos momentos, estamos en disposición y con ganas de desarrollarlo con todas sus potencialidades”, ha defendido.
En cambio, quien fue el negociador de ICV, Jaume Bosch, cree que hay grandes diferencias entre el Estatut vigente y el que se aprobó en el Parlament hace 20 años. En este sentido, Bosch apuesta por recuperar, vía leyes orgánicas, aspectos del texto estatutario que se perdieron durante la negociación en Madrid. Y ha hecho referencia a la definición de Catalunya como nación, que quedó relegada al preámbulo sin efectos jurídicos; el blindaje del catalán; aspectos de la financiación o las competencias en el ámbito de la justicia.
La sentencia contra el Estatut
El 30 de marzo de 2006 el Congreso aprobó el Estatut tras pasarle el “cepillo”, en palabras del propio socialista Alfonso Guerra, presidente de la comisión donde se negoció este asunto. Y el 18 de junio el texto estatutario fue validado en referéndum con el 73,9% de apoyo y un 49% de participación. ERC, uno de los negociadores del Estatut inicial, se descolgó e hizo campaña a favor del ‘no’. Una decisión que provocó que Maragall expulsara a los republicanos del gobierno tripartito.
Tras meses de campaña recogiendo firmas, el PP llevó el Estatut refrendado por los catalanes al Tribunal Constitucional, que tardó cuatro años en hacer pública una sentencia. El resultado llegó el 28 de junio de 2010: anuló una quincena de artículos y reinterpretó una treintena más. Entre los que desaparecieron del Estatut destacan los que hacían referencia al uso preferente del catalán en las administraciones públicas, los relacionados con el poder judicial en Catalunya o el que hacía referencia a la solidaridad en el sistema de financiación. En cuanto a los artículos reinterpretados a la baja, está la disposición adicional tercera que establecía la inversión del Estado en Catalunya en infraestructuras.
La diputada Lídia Santos en los tiempos en los que se negociaba el Estatut en el Congreso. / JON BARANDICA
La respuesta inmediata en la calle se hizo notar el 10 de julio de 2010 con una gran manifestación en Barcelona bajo la pancarta ‘Som una nació. Nosaltres decidim’ (‘Somos una nación. Nosotros decidimos’). Los protagonistas que negociaron el Estatut coinciden en que la sentencia contra el Estatut supuso un punto de inflexión en la política en Catalunya.
La sentencia del TC fue un antes y un después y supuso la ruptura del pacto constitucional
“Un antes y un después”
Según Mas, la decisión del Tribunal Constitucional marcó “un antes y un después” e inició la “tormenta” que ha llevado a lo que se ha vivido en Catalunya en los últimos 10 o 15 años. Bosch también considera que supone “un antes y un después” y añade que implica “la ruptura del pacto constitucional” que se había hecho en 1978. Asimismo, subraya que el Estatut catalán, avalado en referéndum, es el único que queda “descafeinado o anulado”, ya que no pasa lo mismo con el del resto de comunidades autónomas.
Ridao sitúa el “desenlace infeliz” del Estatut como el “punto de ignición” del ‘procés’. Y añade que, sin este capítulo de la historia, “lo que ocurrió en 2017 no se habría producido o simplemente se habría retrasado”. Para Lídia Santos, la sentencia del Constitucional supuso un “golpe muy fuerte” para la sociedad que, según ha apuntado, estaba “muy tensa”. En este sentido, ha destacado que CiU “vivía muy mal que no continuara en el Govern”. Preguntada sobre si se habría desencadenado el ‘procés’ sin sentencia del TC, Santos cree que “probablemente no”.
