El Gobierno de Canarias y el Estado han mantenido hoy una nueva reunión del comité interadministrativo para el seguimiento de los acuerdos de los traslados de los menores migrantes no acompañados con protección internacional. Tras el encuentro, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, advirtió de que la situación de los centros sigue siendo de “saturación máxima” y denunció que, pese a los compromisos reiterados, “solo un menor ha sido autorizado a salir en los últimos días”, después de que la Delegación del Gobierno en Canarias firmara el expediente correspondiente.
El dato refleja la lentitud de un procedimiento que, tras la sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2025, corresponde ejecutar al Estado. Cada salida requiere un expediente individual en el que intervienen Fiscalía, comunidad autónoma de origen, comunidad de destino y Delegación del Gobierno. La consecuencia es un atasco estructural: de las 1.200 plazas anunciadas por el Ejecutivo central para septiembre, apenas 128 menores han sido derivados a la península.
Delgado recordó que el Estado ha comunicado la previsión de trasladar 69 menores en la primera quincena de octubre, la misma cifra que ya había prometido para septiembre sin que llegara a cumplirse. “Estamos en un nivel de exigencia máxima. Los centros siguen colapsados y el Canarias 50 no reúne las condiciones mínimas. Muchos chicos que habían aceptado salir a la península se plantean volver a los centros de acogida porque el proceso se eterniza”, señaló.
La consejera propuso agilizar el sistema permitiendo que las entrevistas a los menores se realicen en los centros de acogida de Canarias y que viajen directamente a la península desde allí, sin pasar por el Canarias 50. Recordó que ese mecanismo ya funciona con las chicas y “ha demostrado ser ágil y eficaz”.
El retraso en las derivaciones tiene además un impacto jurídico: varios adolescentes han alcanzado la mayoría de edad sin haber sido trasladados, lo que complica su acceso al sistema de protección internacional. “No podemos sostener este ritmo de 20 salidas semanales. Lo hemos trasladado al Supremo porque la obligación de descongestionar los centros no se está cumpliendo”, advirtió Delgado.
La falta de avances no afecta solo a Canarias. En Ceuta, la Delegación del Gobierno ha comunicado la salida de un único menor en los últimos días, igualmente tramitado a través del procedimiento de reparto fijado en el Real Decreto-ley de contingencia migratoria. Tanto en Canarias como en la ciudad autónoma, los únicos traslados ejecutados en las últimas semanas corresponden a esta vía, lo que confirma que el mecanismo apenas se ha activado y que el Estado sigue sin dar cumplimiento efectivo ni al reparto obligatorio ni a la sentencia del Supremo sobre los menores solicitantes de asilo.
“Nos aseguraron que las 1.200 plazas estarían disponibles en septiembre y no lo están. El balance real es de un menor autorizado esta semana, lo que evidencia la falta de eficacia del procedimiento”, zanjó Delgado.
Reparto autonómico insuficiente
El real decreto de contingencia migratoria, distinto del procedimiento derivado del Supremo, fija las cuotas que cada comunidad debe asumir cuando Canarias, Ceuta o Melilla alcanzan niveles de saturación. Andalucía es la región que más traslados deberá recibir, con 677 menores; le siguen Madrid, con 647, y la Comunidad Valenciana, con 571. Cantabria ha sido asignada con 156. Cataluña y el País Vasco no están obligados, aunque Cataluña ha ofrecido 31 plazas de manera voluntaria.
La medida busca aliviar la presión en los territorios frontera, pero los resultados siguen siendo exiguos. Canarias, con una capacidad oficial de 737 plazas, tutela a más de 5.000 menores; Ceuta, con 27 plazas reconocidas, alberga más de 500; y Melilla supera igualmente su límite de acogida, cifrado en 28. El decreto obliga a ejecutar las derivaciones en un máximo de 15 días desde la inscripción de los recién llegados, aunque los menores que ya estaban en los centros antes de la declaración de contingencia disponen de un plazo administrativo de hasta cuatro meses.
Dos regímenes distintos de traslado
Existen, por tanto, dos circuitos diferenciados. Por un lado, los menores solicitantes de protección internacional, cuya reubicación depende de la sentencia del Supremo y es competencia de la Secretaría de Estado de Migraciones. Por otro, los traslados por contingencia migratoria, regulados por real decreto-ley y coordinados por los ministerios de Juventud y de Política Territorial, que se aplican a los menores sin protección internacional cuando los territorios de primera entrada declaran la saturación de sus recursos.
En este contexto, el centro Canarias 50 fue designado por el Ministerio de Migraciones como el recurso de referencia para los trámites de los menores con protección internacional. Allí se concentran expedientes y entrevistas antes de su salida hacia la península, en un procedimiento en el que el Estado asume directamente la custodia y la responsabilidad legal de los chicos y las chicas durante el traslado.
Europa, rutas seguras y demografía
Delgado situó también el debate en el plano europeo. Recordó que, más allá de la Ley de Extranjería, existen obligaciones derivadas del Pacto Migratorio de la Unión Europea que los Estados deben cumplir. Subrayó que en ese pacto “no aparece nada específico” sobre traslados internos de menores, lo que, a su juicio, demuestra la necesidad de una norma estatal que clarifique competencias y procedimientos.
La consejera advirtió de que la política migratoria no puede recaer exclusivamente en las comunidades de primera entrada, porque la mayoría de quienes llegan no tienen como destino final España, sino otros países de la Unión. “Lo que necesitamos son rutas seguras de acceso, determinadas a nivel europeo y con un sistema común de acogida”, afirmó. “Europa, junto con los Estados miembros, tiene que definir la política migratoria, porque no podemos seguir gestionando esta presión de manera fragmentada”.
Finalmente, vinculó la migración con la realidad demográfica del continente. Recordó que Europa envejece a un ritmo acelerado, con tasas de natalidad en continuo descenso, lo que obligará a contar con población migrante en el futuro inmediato. “Lo lógico sería que no existiera migración irregular, sino una migración regular y ordenada, con un sistema de acogida que permita que esas personas lleguen de forma legal a los países que las necesitan”, concluyó.
