El choque entre el Gobierno y la oposición por los menores inmigrantes llegados a Canarias y pendientes aún de ser repartidos en otras comunidades autónomas está lejos de remitir. La intención del Ejecutivo de coalición de hacer cumplir el decreto de reparto pese a la oposición de las regiones gobernadas por el Partido Popular (PP), la inmensa mayoría de ellas, llevó este jueves a elevar el tono desde ambos lados. Primero el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE), avisó de que si las autonomías en manos de los conservadores no aceptaban la llegada de esos menores, la Fiscalía tomaría cartas en el asunto e, incluso, podrían intervenir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Esto último supone para los de Alberto Núñez Feijóo, a todas luces, un “chantaje” y una “amenaza”, tal y como expresó, en una comparecencia ante los medios a las puertas de la sede de Génova, la vicesecretaria de Sanidad y de Política Local de los populares, Carmen Fúnez. La dirigente conservadora le pidió a Torres que si quiere emplear a la Policía y a la Guardia Civil lo haga para “controlar las fronteras y para luchar contra las mafias ilegales, y no para amenazar a los gobiernos autonómicos del Partido Popular, que nunca, nunca, han dejado de cumplir con su responsabilidad”, sentenció.
El asunto enquistado desde hace más de un año, y que provocó en 2024 la salida de Vox de los gobiernos autonómicos que compartía con el PP, sigue marcando en buena medida el ritmo de la confrontación política, con varios dardos cruzados. Los de Santiago Abascal no dejan de hacer bandera de esta cuestión, culpando a todo aquel que no comparta su posicionamiento de cómplice con la delincuencia, que insisten en vincular a quienes vienen de fuera de España. El líder de Vox lleva veinticuatro horas, desde el miércoles por la noche, martilleando una dura diatriba contra la ONG Open Arms, cuyo barco pide sin ambages hundir, tras calificar de “negreros” a la organización de Óscar Camps. “Sí, hay que hundirlo”, se reafirmó el derechista ante la ola de críticas, antes de añadir en referencia a una conocida cadena de televisión: “No os atrevéis a preguntar a los españoles porque la inmensa mayoría piensa lo mismo”.
La postura de Vox, aun no siendo compartida, aprieta en el zapatero del PP, que compite electoralmente y en determinados lugares, véase la Badalona del alcalde Xavier García Albiol, con discursos asemejables. Algo que explica en parte las palabras de Fúnez, en las que señaló con respecto al litigio por la ubicación de los menores que “a lo mejor Sánchez y sus ministros están acostumbrados a ese lenguaje de amenazas y chantajes, pero desde el PP no vamos a permitir, en absoluto, que se dirijan a nuestros presidentes autonómicos y a nuestro partido con chantajes y amenazas”. Un lenguaje que, según argumentó, es el que emplean con el PSOE los socios de Pedro Sánchez, entre ellos los nacionalistas catalanes y vascos.
A toda esta situación se añade que el PP es socio de coalición en Canarias del Ejecutivo insular que preside Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, quien confronta de manera habitual y abierta con los postulados de Vox en materia migratoria. La última a cuenta de la andanada de Abascal contra Open Armas, que Clavijo considera propias de “un auténtico fascista”.
Los populares, como manifestó la propia Fúnez, centran sus objeciones al reparto de menores migrantes en que no se está acometiendo, consideran, ni con presupuesto ni con “memoria económica”, y eso según argumenta la vicesecretaria de la cúpula popular, lo invalida políticamente. “La dignidad de los menores no se garantiza con buena voluntad, y tampoco se garantiza teniendo contentos a los socios independentistas de Sánchez”, expresó. Lo que sería preciso, explicó, es un calendario, y “que se ponga orden y se cumpla con la ley”. Todo ello para justificar el recurso ante el Tribunal Constitucional del decreto de reparto, el plan B activado por el Gobierno después de que la oposición del Grupo Popular en el Congreso, y también de los siete diputados de Junts per Catalunya, frustrase la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería para protocolizar un reparto como el que ahora se está abordando en medio de una polémica que no cesa.
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