Para este fin de semana estaba previsto el inicio del sexto ciclo de conversaciones entre el Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). Sin embargo, tras la asonada contra un grupo de soldados que realizaba un operativo para destruir un laboratorio de procesamiento de cocaína en la vereda Siloé, en Villagarzón (Putumayo), el pasado 3 de septiembre, la delegación liderada por Armando Novoa decidió suspender el encuentro.
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Tras el ataque, Novoa no solo condicionó la reunión preparatoria para la puesta en marcha de la zona de ubicación temporal, sino que advirtió que levantaría la mesa si se comprobaba que los responsables eran miembros de los Comandos de la Frontera, una de las estructuras que negocia bajo la sombrilla del CNEB y cuyo principal cabecilla es el extraditable Geovany Andrés Rojas, alias Araña.
“La información tiene que ser muy concreta, porque si los Comandos de la Frontera participaron de esa acción, pues creo que la respuesta del Gobierno difícilmente podría ser diferente a levantar la mesa; no suspender, como en otros procesos”, le dijo a este diario el negociador de paz un día después del ataque.
José Vicente Lesmes, alias ‘Walter Mendoza’, jefe de la delegación del grupo armado. Foto: Oficina del Consejero Comisionado de Paz
Más tarde, el grupo armado se pronunció y, aunque pidió que los hechos fueran “aclarados exhaustivamente”, no negó su autoría. Además, solicitó al mecanismo de verificación, acordado en el marco del proceso de desescalamiento de la violencia, revisar el caso para “determinar plenamente los hechos”.
Por el ataque contra los dos soldados, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ofreció una recompensa de 200 millones de pesos por información que permita identificar, individualizar y capturar a los responsables para llevarlos ante la justicia.
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“Quienes hicieron esto no son ni campesinos ni comunidades reclamando sus derechos. Son criminales y narcos que intentaron asesinar a nuestros militares. Este grave delito no quedará en la impunidad. Toda Colombia debe alzar su voz de rechazo y condenar este crimen. Colombia está con sus héroes y heroínas que visten uniforme”, señaló el ministro.
El ataque contra los militares ocurre, además, en un momento clave, cuando están por definirse las condiciones para la destrucción de 13,5 toneladas de material de guerra en poder de la estructura armada. Por ahora, ese acuerdo sigue vigente, según confirmó este diario.
La negociación con este grupo arrancó cuando hacían parte de la Segunda Marquetalia. Foto: Oficina del consejero Comisionado de Paz
De hecho, se espera que la próxima semana comiencen las inspecciones en los sitios donde se llevará a cabo la destrucción, material del cual ya existe un inventario en manos del Gobierno.
CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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