El presupuesto debe estar votado y aprobado en primer debate a más tardar este miércoles antes de las 12 de la noche. Así se establece en la ley orgánica del presupuesto. Sin embargo, al cierre de esta edición, todo se está perfilando para que se repita su expedición por decreto, como ocurrió hace un año.
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Distintos congresistas de las Comisiones Económicas consultados por EL TIEMPO apuntaron a que ven muy poco probable llegar a acuerdos y las posiciones entre cercanos al Gobierno y contrarios cada vez están más alejadas, sobre todo luego de la sesión en la que no se pudo aprobar el monto por la ruptura del quorum de los oficialistas de la Comisión Tercera de Cámara.
En ese momento, el gobierno de Gustavo Petro –a través del ministro de Hacienda, Germán Ávila– había dicho que podían reducir el monto del dinero disponible para el 2026 en 10 billones de pesos, lo que significaba que desde el Ejecutivo también aceptaban rebajar las pretensiones de la reforma tributaria para buscar únicamente 16 billones de pesos, pues este proyecto está siendo tramitado para cubrir el déficit de 26 billones de pesos con el que viene el proyecto de presupuesto para el próximo año.
Germán Ávila, ministro de Hacienda. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO
Sin embargo, las acciones de los cercanos al Gobierno no se compaginaron con lo que había anunciado Ávila durante el debate del monto de las comisiones económicas. Desde ese día, los congresistas de dichas células legislativas quedaron advertidos de que podía recurrirse a los mismos métodos de ruptura del quorum para evitar que se toque la propuesta que presentó el Gobierno y se saque tal cual se planteó.
Sin embargo, los contrarios al Gobierno han insistido recientemente en que este escenario no es posible. Señalan que si bien es cierto que se usó esta figura en 2024 para enviarle un mensaje al primer mandatario con su presupuesto y su respectiva ley de financiamiento, en esta ocasión la iniciativa de Gobierno viene con unas facultades extraordinarias que consideran que son “un peligro” para varios proyectos de infraestructura.
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“Con el fin de atender gastos prioritarios del sector transporte y mantener la consistencia fiscal del Presupuesto General de la Nación, las entidades que conforman el sector podrán recomponer el presupuesto a través de la liberación de recursos de la vigencia en curso resultado de la terminación anticipada o la reprogramación de los compromisos realizados con cargo a vigencias futuras autorizadas en los diferentes proyectos de inversión, así como ajustes en el aporte correspondiente a la vigencia en curso”, dice uno de los artículos de mayor preocupación para los congresistas de la oposición.
La postura de ellos ha sido que, a pesar de que ya perdieron la pelea con el monto, el siguiente round es con el articulado proyectado. Para ello, proponen modificar la propuesta de Gobierno a través de proposiciones, quitándole aquellos puntos en los que han presentado reparos y modificando los distintos rubros para quitar los 26 billones de déficit de la propuesta gubernamental.
La ley define que solo se tiene hasta el 25 de septiembre para dar el trámite en primer debate. Foto: Senado
No obstante, a este momento, es una opción que tiene pocas posibilidades. El Gobierno ya demostró que, si bien es cierto que no tiene las mayorías para tramitar su proyecto de forma íntegra, sí tiene a los congresistas suficientes para romper el quorum en al menos una de las cuatro comisiones económicas de Cámara y Senado y de esta forma bloquear la discusión. Sobre todo cuando se les habría otorgado participación en el gabinete a algunos representantes del partido de ‘la U’ con asiento en las económicas.
La ley orgánica de presupuesto define que solo se tiene hasta el 25 de septiembre para dar el trámite en primer debate de comisiones conjuntas. De no sacarse adelante, el presupuesto no puede debatirse en las plenarias y se faculta al Ejecutivo, en este caso liderado por Gustavo Petro, para emitirlo por decreto.
Los congresistas que han hablado con este diario consideran que lo más probable es que sea este camino el que escojan el primer mandatario y sus cercanos. De hecho, hoy se citó para anunciar la discusión del proyecto, y se espera que mañana desde temprano se comience el debate de la propuesta.
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Pero, si se llega a descompletar el quorum en alguna de las células económicas, se tiene que levantar y como la ley orgánica establece como plazo máximo el 25 de septiembre, se quedan sin margen de maniobra para discutir la propuesta.
Los lejanos al Gobierno consideran que el Ejecutivo busca sacar el proyecto por decreto para poder evitar que se toquen los artículos sobre facultades extraordinarias. No obstante, al mismo tiempo señalan que el mandatario no estaría facultado para emitir estos puntos, pues solo el Congreso puede otorgar funciones que no están consagradas en la ley o Constitución.
La senadora Angélica Lozano. Foto: Archivo EL TIEMPO
De acuerdo con la senadora Angélica Lozano, en pasados diálogos con este diario, el Gobierno se extralimitaría si incluye esos puntos en el decreto de presupuesto que emitiría ante la falta de trámite legislativo. “Las facultades solo las puede dar la ley, que aprueba el Congreso. Facúltese al Gobierno para hacer tal cosa. Esas facultades son algo especial, que no tiene en sus funciones ordinarias. Eso solo puede ir por ley, no por decreto”, señaló.
La parlamentaria de ‘los verdes’ añadió que, si bien es cierto que dichas facultades extraordinarias podrían ser tumbadas por la Corte Constitucional o por el Consejo de Estado, el Ejecutivo tendría el tiempo suficiente para usarlas y hacer los cambios que pretende en las vigencias futuras.
JUAN LOMBO
Redacción Política
