José Luis Rodríguez Zapatero viajó ayer a Suiza, por segunda vez en tres semanas, en busca del prófugo Carles Puigdemont. El propósito del viaje internacional, donde se juega el futuro de la legislatura española, no era otro que a la vuelta poder transmitirle … buenas noticias a Pedro Sánchez. Con la seguridad, según manifestó el propio Zapatero al entorno del presidente antes de partir de Madrid, de que «Junts volverá al redil».
Pero las cosas no siempre salen como uno tenía previsto. Y la última reunión entre los equipos negociadores del PSOE y Junts, celebrada este jueves, con presencia del mediador Francisco Galindo Vélez, no le sirvió a Zapatero para cambiar de opinión a Puigdemont. Más bien lo contrario, de cara al corto plazo, aunque en Ferraz se consuelan con saber Junts les permitirá agotar el mandato. Los postconvergentes les confirmaron que no iban a participar de ninguna operación para sacarles del poder.
En el partido catalán, que hace varias semanas que debaten sobre la necesidad de subir más el tono de voz e incluso se plantean la ruptura del acuerdo de Bruselas, no tienen intención alguna de ceder a las presiones del Partido Socialista. Conscientes de que «tenemos la sartén por el mango» y «tenemos más a ganar que a perder con esta postura».
De ahí que los de Puigdemont no le dieran a Zapatero luz verde ni para el Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, la primera revisión en cuatro décadas del texto legislativo que regula el acceso a la judicatura, ni mucho menos para los Presupuestos Generales del Estado. No apoyarán ni la senda de déficit. Fueron las dos peticiones principales del emisario de Pedro Sánchez, evidenciando así la gran importancia que dan en Moncloa a ambas normas.
La primera le permite al Ejecutivo un mayor control de los tribunales, en un momento complicado a nivel judicial para el PSOE y para el propio entorno de Sánchez. Los Presupuestos son clave para que la coalición pueda seguir gobernando, no únicamente resistiendo en el poder.
Frente a la discreción de este tipo de citas internacionales a lo largo de los últimos dos años, sin apenas informar de las mismas e incluso negando su celebración, ayer varios ministros confirmaron la cita y la encuadraron en las conversaciones para lograr los apoyos a las cuentas públicas. Tratando así de añadir presión a sus socios, que siguen sin moverse ni un ápice.
Los negociadores independentistas, liderados por Puigdemont, fueron con Jordi Turull y Miriam Nogueras. Y los tres, en el transcurso de la reunión, le hicieron saber a Zapatero y su acompañante, uno de los hombres de la máxima confianza de Santos Cerdán, Juanfran Serrano, que con las condiciones actuales Junts no contempla sentarse a ninguna mesa para negociar las cuentas públicas del año que viene.
Los catalanes insisten en que el Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, debe desembolsar el dinero correspondiente a las partidas no ejecutadas de los presupuestos de años anteriores, para que ellos pudieran plantearse tan siquiera iniciar esa negociación, algo que no está en sus planes. De hecho, hubo críticas hacia la actitud de la también vicepresidenta segunda del Gobierno, vicesecretaria general del PSOE y candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, a la que consideran «un obstáculo».
De la misma forma que las cuentas públicas, JxCat se inclina por dar carpetazo a al reforma de la ley que promueve el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, de cara a asegurarse el control de los tribunales. Una norma con una fuerte contestación por parte de las asociaciones judiciales que no convence a Junts, que proponen avanzar hacia el «modelo alemán» para la elección de los jueces y fiscales. Dicho modelo premia la experiencia y la meritocacia.
La propuesta de Bolaños, que defendió su ley como «la más ambiciosa y necesaria». En el grupo parlamentario de JxCat creen que lo que conocen hasta el momento no se adecua a las necesidades que tiene el país. En este caso, como ocurrió también con la reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz, al no beneficiar directamente a Cataluña, el grupo de Miriam Nogueras pide a cambio un Consejo General del Poder Judicial catalán o la supresión de la Audiencia Nacional, dos exigencias que el Gobierno no puede complacer.
La aplicación total de la amnistía para que Puigdemont pueda regresar a España sin riesgo a ser detenido, en manos del Tribunal Constitucional, el traspaso de las competencias en materia de inmigración, cuya toma en consideración se votará la semana que viene en el pleno del Congreso y la oficialidad del catalán en la Unión Europea, así como las diferencias que varios miembros del PSOE han trasladado en las últimas horas respecto al acuerdo con Junts para obligar a las empresas de cualquier punto de España a atender en catalán, fueron algunos de los temas que Junts pusieron sobre la mesa, sin que se produjeran avances significativos, «más allá de buenas palabras», según ha podido saber este periódico.
Malestar con Illa
Otra de las preocupaciones que los negociadores de Junts transmitieron a los emisarios de Sánchez, según ha podido saber ABC, es el papel que está desempeñando el ‘president’ de la Generalitat, Salvador Illa, con el que Puigdemont se reunió por primera vez el pasado 2 de septiembre en Bruselas.
En el partido independentista recelan mucho de las intenciones del primer secretario del PSC, que entre los días 7 y 9 de octubre se tendrá que enfrentar al debate de política general en el Parlament. Una cita que los de Puigdemont tienen marcada en rojo en el calendario y que utilizarán para confrontar directamente con Illa, obligándole a asumir parte de sus postulados y de los acuerdos suscritos en el extranjero entre el PSOE y Junts y que en algunos casos no son del agrado de los socialistas catalanes.
La situación de Illa, que desde que tomó posesión del cargo de ‘president’, en agosto del año pasado, ha intentado gobernar junto a ERC y los Comuns, no es fácil. Aunque la suma de las tres formaciones suma los 68 diputados que marcan la mayoría absoluta en el Parlament, el jefe del gobierno autonómico no ha logrado pactar los presupuestos de la Generalitat, que siguen prorrogados desde la presidencia de Pere Aragonès. Y en Junts quieren aprovecharse de eso, que consideran «un signo de debilidad», para atacar al PSC y a ERC, a los que acusan de «venderse a cambio de nada».
