Más de seis meses después de que el PSOE y Junts pactaran la delegación de competencias de migración a Catalunya, el partido de Carles Puigdemont se ha visto forzado a activar la polémica iniciativa pese a no contar con los apoyos necesarios. Los posconvergentes cuentan con cupo en el Pleno de la Cámara baja de la semana que viene y solo tenían registrada esta proposición de ley. De no haber dado el paso este martes, el esbozo de norma habría decaído sin ni siquiera ser debatida y sometida a votación, informan fuentes parlamentarias.
Pero todo parece dirigirse al fracaso de la norma, que de salir adelante cedería a los Mossos d’Esquadra el control de puertos y aeropuertos, en cooperación con la Policía Nacional y la Guardia Civil, y también permitiría que la Generalitat efectuase las devoluciones de inmigrantes. Salvo cambios que ahora mismo no se esperan, el Congreso se posicionará la semana que viene en contra de su admisión a trámite, ya que aquí el bloque de investidura se encuentra profundamente dividido.
Sumar, socio minoritario de la coalición de Gobierno, tiene muchas dudas sobre la propuesta, que el PSOE aceptó a cambio de la abstención de los siete diputados de Junts en varios decretos ley en enero de 2023, nada más comenzar la legislatura. Pero la principal oposición dentro de los grupos de izquierda viene de Podemos, que considera que se trata de una iniciativa “racista” que el partido de Puigdemont quiere aprobar con el objetivo de competir con la formación xenófoba Aliança Catalana.
Sin avances
Según fuentes socialistas, “no ha habido avances” en la negociación de este espinoso asunto con el partido que lidera Ione Belarra. De hecho, los mismos interlocutores señalan que los morados ya les han transmitido este martes que votarán en contra. Aun así, tanto Junts como los socialistas podrían volver a presentar la iniciativa una vez haya decaído, algo que aún no está decidido.
La proposición también cuenta con opositores dentro del PSOE. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tachó en su día la norma de “racista” y dijo sentir “bochorno como socialista”. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, señaló que se trataba de una “humillación sin precedentes” por parte del independentismo al Estado.
Mientras tanto, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz ha señalado este martes desde el palacio de La Moncloa que la ley es “plenamente constitucional” y ha confiado en que sea admitida a trámite la semana que viene.
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