Aunque la descertificación sitúa al Gobierno colombiano en su momento más adverso frente a la administración republicana de Donald Trump, no es la primera crisis en la relación bilateral. Por eso, distintas voces coinciden en que aún es posible reducir el antagonismo sin que eso necesariamente implique renunciar a las diferencias de enfoque en las políticas.
“La lucha antidrogas debe ser por interés nacional de Colombia”, comentó la excanciller y exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Y es que, si bien Estados Unidos desaprobó el cumplimiento de objetivos en el combate antinarcóticos, ese espacio que brinda la exención de 12 meses, dicen analistas, puede aprovecharse para mostrar voluntad política, traducida en indicadores claros en la reducción de cultivos.
Gobierno le apostará a la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos. Foto:EL TIEMPO-Presidencia
Desde la Cámara Colombo Americana (AmCham) se instó al Ejecutivo a presentar y ejecutar con urgencia una hoja de ruta con metas alcanzables y verificables, como señal para contribuir a evitar medidas que afecten el comercio, el turismo y la inversión entre ambos países. “Cabeza fría y anteponer los intereses de la nación es hoy, más que nunca, una sentida necesidad”, manifestó la asociación.
“Sin duda alguna, esto enrarece el ambiente, pero también señala un horizonte, y es que todas las personas que aspiren, desde el punto de vista político, a gobernar la nación deben tener en cuenta que el tema de la seguridad constituye uno de los objetivos fundamentales para garantizar la sostenibilidad de nuestra democracia y de nuestro país. Hay que tener claro que aquí hay un enemigo común, que son las mafias y la delincuencia organizada que viene avanzando a pasos agigantados, tanto en Colombia como en el mundo”, opinó el exministro de Justicia Andrés González Díaz.
Nuevamente, la diplomacia activa pasa a ocupar un papel central. No es un terreno desconocido para este gobierno, que ya recurrió a ella para desescalar momentos de tensión que llevaron la relación a un estado crítico: desde la desautorización de dos aviones con deportados hasta la llamada a consultas de embajadores como protesta por las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el secretario de Estado, Marco Rubio. En cada caso, la Casa de Nariño y el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, desplegaron toda su artillería diplomática para transmitir calma y estabilidad.
El embajador García-Peña y la cúpula militar dialogaron con altos funcionarios. Foto:Embajada de Colombia en EE.UU.
En lo anterior coinciden varios exfuncionarios del Ejecutivo. “El Gobierno debe mantener el foco en cumplir las metas trazadas. Lo que no debe ocurrir es una nueva confrontación con Washington, que solo agravaría la situación”, expuso el excanciller Luis Gilberto Murillo.
Quien lo reemplazó, Laura Sarabia, también compartió que la guía ante este desafío debe ser la diplomacia y agregó: “El narcotráfico no nace ni muere en Colombia. La solución exige corresponsabilidad y un apoyo irrestricto a las FF. MM. No basta con castigar a los productores; necesitamos cooperación real para atacar la demanda, las mafias financieras y el crimen internacional”, dijo.
Contradicciones
El presidente Gustavo Petro en el consejo de ministro. Foto:Ovidio Gonzalez S/ Presidencia.
Cuando se han presentado tensiones con EE. UU., la Cancillería ha recurrido a un patrón bastante definido. Sus estrategias se han concentrado en dos frentes: por un lado, establecer acercamientos directos con el Departamento de Estado, la contraparte natural en Washington; y, por otro, abrir canales de diálogo con diversos actores políticos, empresariales y sociales estadounidenses que puedan influir en la agenda bilateral.
“Esta es una relación que anda institucionalmente en muchos niveles, una agenda que no implica echarle la culpa uno al otro, sino compartir y trabajar juntos. Los Estados Unidos es el mercado predilecto del consumo de cocaína en el mundo. Tenemos que seguir trabajando con Estados Unidos por convicción e interés nacional, porque es nuestro deber hacerlo”, reconoció el embajador Daniel García-Peña, quien hasta último momento intentó esquivar la descertificación que se confirmó el lunes.
El corregimiento El Plateado. Foto:Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO
Sin embargo, esta posición contrasta con los fuertes pronunciamientos de altos funcionarios del Gobierno, empezando por el presidente Petro, quien se ha inclinado por confrontar con mayor vehemencia a su homólogo estadounidense.
“Negar la certificación plena no castiga a los criminales; les abre espacio. No fortalece la cooperación; la debilita. Y no refuerza la confianza; la erosiona”, sostuvo la canciller Rosa Villavicencio.
Tras la descertificación estadounidense, distintos sectores políticos colombianos han comenzado a marcar distancia de las posturas del presidente Petro. Especialmente el Congreso, donde consideran errática la negación de la existencia del cartel de los Soles, la red narcotraficante que la Casa Blanca vincula directamente con Nicolás Maduro Moros. El martes, el Senado aprobó una proposición para declarar terrorista al cartel de los Soles, en abierta contravía del jefe de Estado, pese a que no es vinculante y no tiene ningún efecto para el Ejecutivo.
Donald Trump en la Oficina Oval. Foto:AFP
“Pudieron habernos descertificado sin exención de interés nacional; significa que hay desconfianza en las políticas del Gobierno en esa lucha, pero apoyo al pueblo colombiano y Fuerzas Militares. Es sensible para las relaciones internacionales este tipo de declaraciones; el Gobierno está cazando peleas con quien no debe y de diplomacia poco o nada”, manifestó la representante de la Comisión II de Cámara, Juana Carolina Londoño (Partido Conservador).
Para el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, es claro que la descertificación sin afectar la cooperación es un mensaje político contra el gobierno Petro y su enfoque en la lucha contra los narcóticos. No obstante, pide “serenidad y tranquilidad frente a esta decisión porque las relaciones bilaterales deben ir mucho más allá de la política antidrogas”.
El expresidente Ernesto Samper, protagonista de los únicos dos antecedentes de descertificación contra el país en 1996 y 1997 como consecuencia del llamado proceso 8.000, emitió un comunicado sobre sus reflexiones acerca de la decisión del presidente Donald Trump.
Ernesto Samper. Foto:Sergio Acero Yate. EL TIEMPO
“Puedo asegurar que no es el fin del mundo. Al contrario, nos ofrece la oportunidad de volver a mostrar internacionalmente los altos costos económicos, sociales e institucionales que hemos pagado por un problema que no es solo nuestro”, afirmó Samper en el comunicado.
En una reunión privada con empresarios el miércoles convocada para resolver las inquietudes e impacto de la descertificación con interés nacional en los negocios, el jefe de la misión de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, reconoció la corresponsabilidad en la lucha contra el tráfico de estupefacientes.
“A pesar de las diferencias en temas significativos, mi voz y voto están destinados a fortalecer de manera conjunta nuestros esfuerzos para superar los desafíos comunes y aprovechar las oportunidades que se nos presentan”, sostuvo McNamara.
La Casa de Nariño, sin embargo, no da señales de querer retroceder en busca de puntos medios con Washington y, por el contrario, parece decidida a radicalizar su discurso y redoblar su antagonismo con su histórico aliado.
JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ
Redacción Política
