Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y principal dirigente socialista crítico con Pedro Sánchez, suele estar siempre en contra de las iniciativas del Gobierno central pactadas con el independentismo catalán para garantizarse su apoyo en el Congreso de los Diputados. Hace ahora un año, por ejemplo, presentó un recurso de inconstitucionalidad frente a la ley de amnistía. Pero la quita de la deuda autonómica, aprobada el martes por el Consejo de Ministros, supone una excepción. La iniciativa, cuyo origen se encuentra en el acuerdo de investidura entre el PSOE y ERC, no representa “ningún regalo” al separatismo, ha señalado Page este miércoles, sino que es de “justicia elemental”.
“Mucho antes de que los independentistas plantearan la necesidad de una quita de deuda, la planteé yo. La planteé incluso gobernando Mariano Rajoy”, ha señalado el presidente castellano-manchego en Santander, donde ha participado en un acto junto a otros mandatarios autonómicos, todos del PP salvo él: el andaluz Juan Moreno, el gallego Alfonso Rueda y la cántabra María José Sáenz de Buruaga. Todos ellos, al igual que Alberto Núñez Feijóo y el resto de líderes territoriales conservadores, rechazan hasta ahora de plano una iniciativa que implica la condonación de 83.252 euros de deuda pública a las comunidades de régimen común. Es decir, todas salvo Euskadi y Navarra. Andalucía sería la autonomía más beneficiada, con 18.791 millones de euros, seguida de Catalunya (17.104 millones), la Comunitat Valenciana (11.210 millones), Madrid (8.644 millones) y Castilla-La Mancha (4.927 millones).
Una financiación caducada
“Es muy sencillo -ha insistido Page-. El Estado lleva 11 años sin actualizar la financiación de las autonomías y el retraso ha hecho que muchas se tengan que endeudar para seguir manteniendo los servicios públicos”. Así que, ha continuado, es de “justicia elemental que el Estado, a modo de financiación indirecta, compense la falta de financiación ordinaria, al menos haciéndose cargo de parte de la deuda a la que nos ha obligado”.
El hecho de que detrás de la iniciativa del Gobierno central se encuentre ERC, que exigió la quita a cambio de permitir la reelección de Sánchez al frente de la Moncloa, le “da lo mismo” al presidente de Castilla-La Mancha. Y también debería resultar indiferente al resto de líderes territoriales, sean o no del PP. “Estas decisiones deben tomarse de manera autónoma por parte de los presidentes autonómicos -ha concluido Page-. No son decisiones de los partidos nacionales”.
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