El presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de Juan Carlos Florián Silva como ministro de la Igualdad y Equidad. Angie Lizeth Fajardo, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) quedaría a cargo de la cartera.
La decisión quedó en firme a partir del Decreto 0992 expedido por el presidente de la República. En este, el primer mandatario aceptó la dimisión de Florián, quién habría solicitado por medio de una comunicación su renuncia de la cartera. En este mismo documento, el presidente encargó a la directora del Dapre para que lidere la entidad.
Juan Carlos Florián sólo estuvo u mes como ministro de Igualdad. Foto:Archivo Particular
Florián renunció poco después de ser suspendido provisionalmente
La solicitud de renuncia se da pocos días después de que el Tribunal de Cundinamarca suspendiera de forma provisional el nombramiento. Esto se dio bajo el acogimiento de una medida cautelar dentro de una demanda que buscaba tumbar su nombramiento por presunto incumplimiento de la cuota de género en el gabinete.
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Hay que recordar que el nombre de Juan Carlos Florián había estado en el centro del debate sobre la representatividad de su identidad como persona de “género fluido no hegemónico” y cómo esto podía incumplir la ley de cuotas en el Gobierno Nacional.
En el momento en que se presentó la demanda, 10 de los 19 ministerios estaban ocupados por hombres (incluyendo al ministro Florián), lo que reducía la participación femenina al 47,4 por ciento.
Esa situación dio un vuelco después de que se conociera que Gloria Patricia Perdomo llegaría a reemplazar al exministro de las TIC, Julián Molina. El ministro de Interior, Armando Benedetti sostuvo con esa movida que la demanda contra Florián perdería sustento. Esto también aplicaría ahora que Carina Murcia fuera designada hace pocas horas como ministra de las TIC.
De todas formas, la decisión del Tribunal fue criticada por el Gobierno Nacional. El presidente Gustavo Petro aseguró que era una “medida innecesaria” y “homofóbica” que desconocía, en su criterio, los derechos fundamentales del funcionario.
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