Septiembre se presenta como el mes clave para calibrar la viabilidad de la legislatura tras un final de curso abrupto y la confianza de los socios con el Gobierno bajo mínimos. No solo por el ánimo de distanciamiento ante la incertidumbre de nuevos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la presunta trama de corrupción que implica al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y su antecesor en el cargo y ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, sino por incumplimientos que penden de acuerdos fijados para la investidura.
En el Ejecutivo están dispuestos a echar el resto para acelerar estas carpetas, como demuestra el compromiso de Pedro Sánchez a reunirse con Carles Puigdemont tras hacerlo esta semana Salvador Illa en Bruselas o la aprobación en el Consejo de Ministros de la quita de la deuda pactada con ERC, pero la agenda judicial no está en sus manos y a la incertidumbre clásica de Junts se ha sumado un rocoso Podemos en posiciones rupturistas. En este contexto, el hito de la senda de déficit, que Hacienda pretende llevar al Congreso en este mes de septiembre, determinará en buena medida la capacidad del Gobierno para sostener la gobernabilidad. Se trata del primer paso para articular el proyecto de Presupuestos, y un varapalo del Congreso reduciría al mínimo las opciones del Gobierno para blindar la legislatura hasta 2027.
Sánchez ha tratado de ponerse la venda antes de la herida para asegurar, en contra de lo que defendió desde la oposición, que seguirá adelante aunque las Cortes Generales tumben los Presupuestos. Si bien no está en el ánimo de ninguno de sus socios cargar con la responsabilidad de provocar un adelanto electoral, tampoco lo está dejar de marcar perfil propio y cada vez rechazan más quedar etiquetados en el bloque de la mayoría de investidura. Incluso desde EH Bildu, formación que se ha mostrado como una de las más fiables en las votaciones parlamentarias para el Ejecutivo, ha desechado que se mantenga como principal pegamento la amenaza de una alternativa de PP con Vox. El argumento de que “los otros son peores” ya “tampoco es sostenible”, avisaba su líder, Arnaldo Otegi, en una crítica constructiva tras asegurar que los abertzales abordaría la negociación de Presupuestos “con toda la voluntad del mundo”.
El Gobierno muestra determinación en presentar los Presupuestos, aun sin garantías previas de apoyo, pero maneja los plazos con cautela. De hecho, en Hacienda no descartan que la votación clave sobre la senda de estabilidad pueda retratarse a octubre. Junts la tumbó el pasado año y por el momento no hay un acercamiento con los posconvergentes respecto al déficit de las administraciones autonómicas. Tampoco sobre las condiciones previas “inasumibles” para costear unos 50.000 millones de euros en concepto de “deuda pendiente” en materia de infraestructuras.
Antes de esta trascendental votación, la primera baliza que deberá alcanzar el Gobierno para demostrar que cuenta todavía con oxígeno suficiente tiene que ver con la reducción de la jornada laboral. Una ley estrella del Gobierno que ya se decidió posponer el pasado mes de julio ante la falta de apoyos. Promovida por Sumar y asumida como vital por parte de Pedro Sánchez, su admisión a trámite irá al pleno del Congreso el próximo miércoles. El mismo día en el que el juez Juan Carlos Peinado ha citado a declarar a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.
Hacienda no descarta que la votación clave sobre la senda de estabilidad pueda retratarse a octubre
Reducción de jornada y ‘ley Bolaños’
Junts presentó una enmienda a la totalidad y por el momento no se han dado muestras de que pueda retirarla. Fuentes de Moncloa dejan recaer el principal peso de las negociaciones en la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pero se refieren a una “votación muy importante” y reconocen que están “hablando con todos, no solo Junts”, para mencionar a otras formaciones como Coalición Canaria y hasta UPN, formación incardinada en el bloque de la oposición. “Es importante tramitarla y luego poner condiciones”, añaden mostrando su disposición a aceptar condiciones para “acompañar al tejido productivo”.
El Ejecutivo pretende tramitar también en septiembre otra de sus leyes estrella, la denominada ‘ley Bolaños’, cuyo resultado determinará en buena medida si el Gobierno tiene margen para desarrollar su agenda. La reforma del acceso a la carrera judicial es una prioridad legislativa del ministerio de Presidencia y Justicia. Tras retirarse antes del parón estival por las dudas de los socios, principalmente Junts, afrontará un momento decisivo.
Las “listas preparadas” del PNV
Otra iniciativa fundamental para el PSOE es la ley abolicionista de la prostitución. Por tratarse de un principio ideológico fijado en sus últimos congresos y ahora para alejar el daño a su identidad feminista por las conversaciones que han trascendido entre el exministro Ábalos y su asesor, Koldo García, en los informes de la UCO hablando de mujeres prostituidas como de un intercambio de cromos. Sin embargo, desde Igualdad ya han avanzado que este proyecto se retrasará, alegando retrasos técnicos en la redacción. Se trata de una norma que no cuenta con un respaldo mayoritario y que genera fuerte oposición en sectores incluso dentro del espacio de Sumar. El rechazo del socio minoritario sería letal en estos momentos al visibilizar la falta de acuerdo incluso dentro del propio Consejo de Ministros.
El PNV es para el Gobierno un “socio prioritario”, y pese a las diferencias en materia de fiscalidad, es de los que menos resistencias presentan para la hoja de ruta de Pedro Sánchez. Con todo, los jeltzales suelen destacar por sus diagnósticos sin medias tintas y el termómetro de Sabin Etxea apunta hacia un abrasamiento del presidente del Gobierno. El ex portavoz parlamentario y actual presidente del Euskadi Buru Batzar, Aitor Esteban, calificaba esta semana como “casi imposible” que el Gobierno pueda aprobar unos Presupuestos e, incluso, en su arranque del curso político, aseguró tener “las listas preparadas” para un eventual adelanto electoral.
Suscríbete para seguir leyendo
