Un juzgado ha abierto la primera investigación contra la Guardia Civil por el espionaje con los sistemas Pegasus y Candiru. Ha sido el Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona el que ha admitido a trámite la querella presentada el pasado mes de abril por cinco empresarios y desarrolladores tecnológicos contra exaltos cargos del CNI, el instituto armado y las empresas fabricantes del software espía Pegasus (NSO Group) y Candiru (Saito Tech Ltd.). Se les acusa los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y acceso ilegal a sistemas informáticos. Esta acción legal, coordinada por la asociación de víctimas Sentinel Alliance.
En la querella, que antes se había presentado en la Audiencia Nacional, también se requería por primera vez a la justicia que investigue el uso de Candiru, un software espía de alto impacto del cual el gobierno español no ha admitido la adquisición o el uso hasta ahora. De hecho, fue el descubrimiento de una infección activa en uno de los querellantes, el empresario y amigo del expresidente Carles Pugidemont, Joan Matamala, el que permitió a Microsoft lanzar una actualización de seguridad crítica que protegió más de 1.300 millones de dispositivos en todo el mundo.
La querella documenta también que uno de los querellantes, Jordi Baylina, fue objeto de espionaje mientras se encontraba en territorio suizo. Este hecho añade una dimensión internacional al caso, puesto que la acción constituiría una vulneración de la soberanía y la legislación de la Confederación Helvética, según apunta la asociación Sentinel Alliance, cuya sede está en Suiza. Candiru es un programa de la segunda compañía de ciberespionaje más poderosa de Israel con el que se ha infectado los teléfonos móviles de líderes políticos y activistas independentistas. Su presidente y principal accionista, Isaac Zack, es también uno de los fundadores de NSO Group, fabricante del célebre ‘spyware’ Pegasus.
Por ahora, la media docena de procesos judiciales abiertos en los juzgados de Barcelona por Pegasus implican solo al CNI, no a la Guardia Civil, que, según la asociación Sentinel, también utiliza este tipo de programas para controlar los teléfonos móvil y acceder a la información, tanto personal como profesional o del ámbito político. Los presuntos delitos cometidos serían de revelación de secreto, con las agravantes de acceso no consentido al aparato y comisión por grupo criminal, entre otras, según ha detallado los abogados Xavier Muñoz y Alejandro Gámez.
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