Los contadores de gas que tenemos en casa están a punto de jubilarse. Aparatos que hasta ahora necesitaban la visita de un técnico para anotar consumos —y que en la mayoría de los casos ya han superado su vida útil— serán sustituidos por otros inteligentes. El Gobierno ha puesto fecha: entre 2028 y 2032, ocho millones de hogares deberán adaptarse a esta transformación. La medida promete más transparencia y control, pero también un inevitable incremento en la factura.
Vayamos por partes. Porque hablar de más aumentos en la factura supone todo un quebradero de cabeza. El borrador de la orden del Ministerio para la Transición Ecológica marca un calendario exigente: en 2028 habrá que haber renovado un 20% de los aparatos, en 2030 la mitad y en 2032, ocho de cada diez. Solo un 2% podrá librarse, y con justificación. Y no es cosa de unos pocos: la medida afectará a casi todos los hogares, cualquiera que consuma menos de 50.000 kWh al año.
¿Cómo va a afectar en el bolsillo? El cambio no saldrá gratis. Hoy un hogar paga unos 58 céntimos al mes por el alquiler de su contador de gas; con los nuevos inteligentes la cifra se irá a 1,10 euros, según la CNMC. En la práctica son entre 46 y 52 céntimos más cada mes, unos seis euros al año, de acuerdo con el borrador del Ministerio.
No es la primera vez que pasa. En 2017 el alquiler ya bajó de 1,25 a 0,58 euros, y ahora vuelve a subir. El Gobierno defiende que el coste adicional es menor que seguir instalando contadores analógicos y que, a medio plazo, se compensará con ahorros: hasta 800 millones en 25 años, 586 millones por menor consumo de gas y 229 millones por menos emisiones de CO₂.
Una nueva forma de consumir energía en casa. Más allá de la factura, los nuevos dispositivos transformarán la relación de los hogares con la energía. Los nuevos contadores inteligentes permitirán una lectura remota y en tiempo real, lo que evitará visita de técnicos y no habrá más facturas basados en consumos estimados. Todo estará digitalizado, por lo que cada consumidor podrá consultar su consumo a través de una web o aplicación, como ya ocurre con la electricidad. Además, dispondrá de información inmediata facilitará reducir consumos y planificar mejor el uso de la energía. Por último, y más importante, los equipos incluirán funciones de detección de manipulaciones y avisos automáticos.
En palabras de Joan Batalla, presidente de Sedigas, citadas por Forbes, se trata de “un paso decisivo hacia la digitalización del sistema gasista, con beneficios directos para los consumidores en términos de control de su consumo, seguridad, eficiencia energética y calidad del servicio”.
El pulso entre Sedigas y el Gobierno. La patronal del sector, Sedigas, ha presentado alegaciones al borrador ministerial. Aunque apoya la medida, ha puesto sobre la mesa varios retos. En primer lugar, el coste ya que estiman que la sustitución supondrá 200 millones de euros que actualmente no están reconocidos en el marco regulatorio. En segundo, piden que la tarifa mensual no solo se aplique a los hogares, sino a todo el parque de contadores digitales, también en grandes consumos.
También han contemplado que es necesario un calendario más flexible, con revisiones cada tres años para ajustarse a la disponibilidad de equipos y a la realidad del despliegue. Por último, han solicitado medidas más contundentes contra la manipulación de equipos, con mecanismos disuasorios y sistemas avanzados de detección.
El Ministerio, sin embargo, defiende su calendario y ha dejado entrever la posibilidad de sanciones, ya que el borrador menciona “potenciales penalizaciones” para los usuarios que no permitan la sustitución de su contador.
La nueva estrella de la casa. El contador que durante décadas ha pasado desapercibido en un rincón de la cocina o el portal está a punto de convertirse en una pieza clave de la transición energética. Para los hogares, significará pagar unos euros más al año, pero también disponer de un control mucho más preciso sobre su consumo. Para las distribuidoras, un desafío logístico y económico de 200 millones. Y para el país, la oportunidad de modernizar el sistema gasista y avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible.
Como ha resumido Forbes, “Con un marco regulatorio equilibrado, España puede situarse a la vanguardia europea en digitalización del consumo energético”. El reto será, ahora, repartir de manera justa quién paga esa factura.
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